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Al paso que vamos…
Por la dirección editorial de La Hora - Guatemala, 12 de diciembre de 2005

Si el Estado mantiene su incapacidad para enfrentar el problema de la violencia y criminalidad, dentro de poco tendremos que ir pensando ya no sólo en jueces sin rostro y policías encapuchados, sino que también en Ministros Anónimos, Magistrados con máscara y Presidentes Secretos porque tal y como están las cosas, desde la primera autoridad del país hasta la última, todos se encuentran en riesgo de caer en las garras de alguna de esas bandas de sicarios que operan tan impunemente a lo largo y ancho del país.

Cuando un Estado necesita despojar de rostro a sus operadores de justicia por temor a represalias del crimen organizado, de hecho está claudicando en la lucha por la seguridad en democracia porque de una u otra manera ello implica el fin de las garantías del debido proceso. Para empezar, hay que pensar que habrá que preparar salas con magistrados sin rostro y una Corte Suprema de Justicia anónima, puesto que eventualmente todo proceso podrá llegar a esas instancias.

Ya vimos que la ausencia de rostro debilita el debido proceso con la experiencia de los Tribunales de Fuero Especial cuyo único rostro fue el de Ríos Montt. Pero lo subyacente en todo este problema es la crisis en la seguridad ciudadana que nos obligaría a los ciudadanos honrados a vivir a escondidas, evitando dar la cara porque hay un tácito reconocimiento de que el poder lo ejerce el crimen organizado y que para contrarrestarlo hay que actuar clandestinamente.

Con el añadido de que el crimen organizado no carece de rostro y que local e internacionalmente se ha identificado a sus principales cabecillas y son ampliamente reconocidos. En otras palabras, los criminales son conocidos y actúan a las claras, mientras que se pretende que las autoridades pasen a una situación de clandestinidad para enfrentar la situación. Puede ser que no exista otra salida y que la propuesta del ministro Carlos Vielmann sea sensata de cara a la realidad que vivimos, pero ello no significa que no tengamos que reconocer que es una forma de claudicar ante el crimen y la inseguridad.

Y pasa lo de siempre. Un Estado débil e incompetente tiene que recurrir a aberraciones para funcionar, cayendo en el papel de la ilegalidad. Crea secretos escuadrones de la muerte, tribunales secretos, policías encapuchados para realizar capturas y autoridades incapaces de dar la cara. En ese marco, no nos sorprenda el florecimiento de la corrupción y la impunidad porque nadie es responsable de nada y cedemos ante la obligación de cumplir con los deberes constitucionales. ¿Es viable un Estado así? Por supuesto que no y por ello la sociedad tiene que iniciar un debate de fondo sobre el futuro de Guatemala.

Fuente: www.lahora.com.gt - Nota editorial


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