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Si van a legislar...
Por la dirección editorial de La Hora - Guatemala, 30 de enero de 2007

Los diputados al Congreso de la República, acosados por la presión de opinión pública sobre el caso de la crisis de confianza en el sistema financiero nacional, sienten la tentación de legislar para incrementar los niveles de protección del ahorro y para garantizar a los cuentahabientes que todo depósito en cualquier institución que sea parte de grupos financieros que operan legalmente en Guatemala esté plenamente respaldado, lo cual impediría, según ellos, casos como el de Vipasa y de la Operadora de Comercio.

Sin embargo, creemos que más que legislar sobre la garantía de los depósitos, lo que hay que tipificar es el delito que están cometiendo esos ladrones de cuello blanco y establecer una pena muy severa para quienes atenten de esa forma contra la confianza en el sistema bancario. En otras palabras, se tiene que actuar con toda energía y fuerza para prevenir que se siga abusando de la debilidad del sistema de supervisión y se tiene que establecer, dentro de esa nueva normativa, la facultad plena y absoluta de la Superintendencia de Bancos para controlar e investigar la forma en que operan todas las instituciones, tomando en cuenta los antecedentes disponibles.

Lo otro, legislar para garantizar a los clientes la devolución de su dinero, es de alguna manera fomentar el negocio ilícito y la irresponsabilidad porque, al fin y al cabo, se termina en que el colectivo social se tiene que hacer cargo de pagar los platos rotos de lo que hacen quienes luego se esfuman con el dinero ajeno. Y no puede ser que nuestro sistema siga apañando ese tipo de procedimientos y es lo que vemos en cualquier iniciativa que simplemente se oriente a garantizar la devolución del dinero. Lo primero, y lo hemos dicho reiteradas veces, para recobrar confianza es dar certeza de que quien haga un fraude aprovechando la confianza que como banquero goza, será enjuiciado e irá a la cárcel, pero además que será despojado él y sus parientes del dinero mal habido.

Cierto que es difícil seguir la pista a los dineros cuando van dirigidos a sociedades anónimas que constituyen las empresas vinculadas, pero cabalmente eso lo tiene que contemplar la legislación para dotar de instrumentos a la Superintendencia y al Ministerio Público para darle seguimiento a las operaciones dudosas y permitir canales de investigación que aseguren el control del destino de los fondos adquiridos en esos créditos fiduciarios.

De suerte que la recomendación a los diputados es que si van a legislar como consecuencia de la presión que sienten de la opinión pública, que lo hagan para endurecer el marco legal para aplicar sanciones a quienes atenten contra la confianza en el sistema financiero y que se asegure que el dinero ajeno no terminará en alguna cuenta cifrada en algún paraíso fiscal o bancario.

Fuente: www.lahora.com.gt - Nota editorial


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