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La violencia electoral
Por la dirección editorial de La Hora - Guatemala, 12 de abril de 2007

El hecho de que en algunos distritos electorales no se puedan postular candidatos porque la simple manifestación de interés se convierte en una condena a muerte, como ha ocurrido ya con varios aspirantes en el oriente del país, es algo que mina seriamente las posibilidades de consolidación de la democracia en Guatemala porque corrobora la tesis de que la penetración de distintas formas del crimen organizado en la gestión pública se está cimentando de forma tal que puede descalabrar por completo el legítimo ejercicio de la política.

El Estado tendría que tener la capacidad de garantizar la vida a cualquier ciudadano que manifieste interés por participar activamente en la política nacional, pero todos sabemos que esa capacidad no existe y que de hecho ni siquiera a los ciudadanos ajenos al quehacer político se les puede garantizar nada, mucho menos a los que deciden correr un riesgo por actuar de acuerdo con sus valores y creencias.

El caso es que no se puede ocultar ya más la existencia de redes que están definitivamente comprometidas a mantener impunidad sobre la cobertura de la inmunidad que ofrecen algunos puestos públicos y ello obliga a que el Ministerio Público sea más eficiente para armar los casos que permitan someter a proceso aun a personas que gozan del derecho de antejuicio. Por ello es que creemos que también en el caso de la violencia electoral vale la pena plantear la urgente necesidad de disponer de mecanismos de investigación como puede ser la CICIG, puesto que si nuestros fiscales no tienen la capacidad ni los recursos para realizar ese trabajo, hay que facilitar las cosas para que gente de afuera pueda ayudarnos a ponerle fin al reino de la impunidad que tanto daño le hace a la sociedad guatemalteca.

Puede parecer poco relevante para algunos que exista la violencia electoral porque hay ciudadanos que piensan que quien se mete a política sabe a los riesgos que se expone. Sin embargo, los riesgos son también para quienes no se meten a nada, para quienes tienen una participación muy limitada, porque pueden tener la seguridad que estarán bajo el control de las expresiones del crimen organizado a las que el país importa un pepino porque al fin y al cabo lo único que persiguen es lograr una efectiva multiplicación de sus capitales a través de medios ilícitos.

Es una pena que los poderes del Estado no se puedan manifestar en garantía de los derechos inherentes a cualquier ciudadano que quiera realmente actuar de acuerdo con la ley y en el marco del ejercicio de sus derechos políticos. Pero más que una pena hay que ver que se trata de una frustración enorme porque ello significa que no tendremos ocasión de avanzar mucho y, por el contrario, el reino de la impunidad será el que se consolide mediante la acumulación de poder en manos de quienes violan la ley.

Fuente: www.lahora.com.gt - Nota editorial


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