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Por un desarrollo rural desde los intereses indígenas y campesinos
Por Luis Fernando Galicia*. - Guatemala, 2 de julio de 2007

Luego de varios años de participar en fallidos espacios de discusión con gobiernos y sector empresarial para consensuar políticas de desarrollo rural y de carácter agrario, Plataforma Agraria decidió elaborar junto a otras organizaciones sociales y campesinas una propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral e impulsarla a través de actividades de cabildeo e incidencia con diversos partidos políticos y en el Congreso de la República, a fin de que se convierta en una ley.

Dado que la propuesta incluye los consensos de las mesas intersectoriales de diálogo por el desarrollo rural, tiene varios aspectos en los que se asemeja a otras seis propuestas de ley sobre el tema. Pero se diferencia diametralmente de todas ellas por el papel que le asigna a las pequeñas y medianas economías rurales, campesinas e indígenas, como el motor de un nuevo modelo de desarrollo rural y porque define una serie de políticas encaminadas a fortalecerlas.

Para lograrlo, la propuesta de ley designa al Estado un papel rector y promotor para el desarrollo sostenible, que deberá diseñar y ejecutar programas y acciones de política desde una perspectiva territorial y descentralizada, privilegiando la participación social, a fin de fomentar y fortalecer el ejercicio de una ciudadanía plena de la población rural.

El gran objetivo de la iniciativa es enfocar la acción estatal en garantizar la erradicación de la exclusión y marginación social, étnica, etárea y de género, que como todos sabemos, golpean mayoritariamente a la población rural del país. Para lograrlo, las políticas en el eje económico se enfocan a priorizar el fomento a la pequeña y mediana economía rural, campesina e indígena, como nuevo sujeto económico. Contemplando para ello políticas de fomento productivo, acceso a crédito en condiciones adecuadas, el fortalecimiento organizativo, tecnológico, así como apoyos para la comercialización, tanto interna como externa.

La consecución de tales objetivos se apoya en los contenidos del eje agrario que contempla la transformación de la estructura agraria del país, con acciones y mecanismos para ampliar el acceso a la tierra y otros activos productivos, para acelerar y concluir los procesos de regularización de tierras, resolver la conflictividad agraria, recuperar las tierras que han sido adquiridas en forma irregular o fraudulenta, así como la promoción de incentivos para democratizar el acceso a la tierra y otros activos productivos, y evitar su concentración.

El papel que le designa al Estado en su ejecución, así como el papel prioritario de la pequeña y mediana economía rural y los contenidos del eje agrario son los elementos que diferencian a la propuesta de ley de las organizaciones campesinas de las otras seis existentes.

Del apoyo que todos le podamos dar dependerá que se pueda abrir camino en las turbulentas aguas políticas que caracterizan esta coyuntura electoral.

* Investigador de AVANCSO

Fuente: El Informador Rural - Boletín Semanal de la Plataforma Agraria - Año 6. No.22. Semana del 19 al 25 de junio de 2007.


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