Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 1 - 2004

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Jurisdicción universal:
De Argentina a Guatemala, pasando por México
Por Luis Peraza Parga -México, 15 de diciembre de2004

A finales de enero del 2005 se cumplen veinticinco años de aquellos recuerdos confusos de mi adolescencia: la toma de la Embajada española en Guatemala, las negociaciones, el asalto sorpresa y posterior incendio de aquel territorio español por las fuerzas de seguridad guatemaltecas y la muerte de treinta y seis personas.

Según se afirmaba en el diario El País de aquellas fechas, "los ocupantes, que tenían tres o cuatro pistolas, estaban dispuestos a salir y marchar hasta la Universidad de San Carlos -explicó el embajador Cajal- acompañados por mí, el presidente de la Cruz Roja y algunos periodistas. Durante las horas de la ocupación hasta que intervinieron las autoridades guatemaltecas e irrumpieron en el propio despacho del embajador español, los campesinos habían adoptado una actitud pacífica, mostrando desde el recinto diplomático grandes pancartas en las que expresaban sus reivindicaciones".

El único sobreviviente de los asaltantes tuvo una muerte aún más deleznable, ya que al día siguiente fue secuestrado del hospital, torturado, ejecutado extrajudicialmente y su cuerpo hallado, sin duda como amenaza, en las inmediaciones de la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos, la más combativa contra el horror militar en aquella época.

Un cuarto de siglo después, el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, emitió una orden internacional de búsqueda y captura a las autoridades mexicanas contra el que fuera ministro de la Gobernación en Guatemala, Donaldo Álvarez Ruiz, durante la presidencia del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), por su presunta implicación en el genocidio indígena.

La lógica tradicional más recalcitrante argumentaría el imperio del principio de la territorialidad en la competencia judicial. El juez actuante debería, en principio, pertenecer al estado de personalidad activa o autor, al lugar donde se cometió el crimen (lo deseable sería que lo juzgara el estado territorial), al de la nacionalidad de la víctima (el estado de la personalidad pasiva o víctima) o incluso al que albergue, físicamente, al sospechoso (lo que sería el estado custodio).

En este recorrido de competencias alternas, en primera instancia le correspondería a los tribunales guatemaltecos conocer del caso de la embajada de España por ser el estado al que pertenecían los victimarios y la mayoría de las víctimas, y el lugar donde se cometió el crimen. Sobre las dos últimas afirmaciones, los tribunales españoles podrían reivindicar su competencia por la nacionalidad española de tres de las víctimas y la extensión de la territorialidad española a las embajadas y consulados fuera de España. Por último, los tribunales mexicanos podrían juzgar a los responsables del incendio y muerte de guatemaltecos y españoles si los culpables, como parece ser el caso, estuvieran físicamente en territorio mexicano.

Los tribunales españoles cuentan con otra herramienta de peso para reclamar una vanguardista competencia propia: el desarrollo que hace la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 del principio de jurisdicción universal. Desde la década de los ochenta del siglo pasado se está abriendo paso este novedoso concepto del principio de jurisdicción universal. Consistiría en aquella regla que permite a los estados investigar y enjuiciar personas sospechosas de crímenes calificados como graves desde el punto de vista del derecho internacional, sin tener en cuenta la nacionalidad del autor o de las víctimas, ni el lugar de comisión del delito.

La primera referencia histórica del principio de jurisdicción universal la propone en el año 1645 el jurista holandés Hugo Grotius, quien defendió que "debe reconocerse que los reyes y cualquier otro con derechos similares a éstos, pueden exigir que un castigo sea impuesto no sólo por los males perpetrados contra ellos o contra sus asuntos, sino también en contra de todos los males que no se dirijan específicamente contra ellos, pero que violan de forma extrema a cualquier persona, al derecho natural o al derecho de las naciones".

La legislación española es, en este sentido, una de las más vanguardistas a priori, aunque son los tribunales domésticos los que finalmente la interpretan. La jurisdicción universal de los tribunales españoles se basa en el fundamental artículo 23.4 (a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que transcribimos a continuación:

"Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. f) Tráfico de ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. El delincuente no ha debido ser absuelto, indultado o penado en el extranjero." Destaca una sola limitación: que las personas acusadas no hayan sido ya juzgadas en otro lugar por esos mismos hechos.

En España, por lo menos hasta la vuelta de los socialistas al gobierno, existía una tensión manifiesta entre ciertos magistrados de la Audiencia Nacional, tribunal especial encargado de ciertos delitos, y la fiscalía de la misma y la fiscalía general del Estado, que no interpretan de la misma manera el concepto de genocidio y jurisdicción universal.

En noviembre de 1998, coincidiendo con la detención de Augusto Pinochet en Londres, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aplicando el principio de justicia universal, dictó unánimemente, los días cuatro y cinco, dos autos en los que confirmaba la competencia de la jurisdicción española para enjuiciar los delitos de genocidio y terrorismo cometidos en Argentina y Chile. Estas resoluciones judiciales desataron un apasionante debate internacional sobre la aplicación de este principio por parte de las diferentes cortes domésticas. En la misma línea, en abril del 2000, la Audiencia Nacional abrió la instrucción por el genocidio cometido en Guatemala apoyándose en diversos tratados internacionales que habían pasado a ser derecho positivo doméstico español al ser ratificados por España.

Las diferentes visiones han llegado el tres de marzo del 2003 a la polémica y nada pacífica sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acordó, por la mínima exigua mayoría de ocho votos contra siete rechazar la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar el posible genocidio contra población indígena en Guatemala durante las dictaduras militares entre 1962 y 1996, aunque autoriza a la Audiencia Nacional a investigar el asesinato de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cierva, Juan Alonso Fernández y Carlos Pérez Alonso en Guatemala y los tres diplomáticos españoles muertos en el segundo asalto a la embajada. La querella de Rigoberta Menchú fue interpuesta por delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal contra el general Efraín Ríos Montt, jefe de Gobierno de Guatemala en 1982 y 1983, el general Oscar Humberto Mejías Víctores, jefe de Gobierno entre 1983 y 1986, el general Fernando Romeo Lucas García, presidente de la República en el periodo 1978- 1982 y otros cinco militares que ocuparon diferentes cargos en la dictadura militar guatemalteca.

Sin embargo, después de unas vanas palabras por su nula efectividad posterior de "repudio moral por las auténticas atrocidades" cometidas por las Fuerzas de Seguridad guatemaltecas contra los indígenas, decide que los tribunales españoles no son competentes para investigar el genocidio en Guatemala ya que, en una interpretación dudosa, el principio de jurisdicción universal sólo puede ser invocado para justificar una intervención en hechos ocurridos en territorio de otro Estado, cuando existan intereses españoles que permitan apartarse de los artículos 6 y 8 de la Convención contra el Genocidio, que establece el enjuiciamiento en el propio territorio donde los hechos se han cometido o la posibilidad de recurrir a las Naciones Unidas para que adopten las medidas convenientes para la represión del delito. En pocas palabras, no encuentra la conexión directa necesaria entre el delito de genocidio que se pretende investigar y los intereses nacionales de España. Interpreta el Tribunal Supremo un tratado internacional, la Convención contra el Genocidio, que ha pasado a ser legislación doméstica española pero no interpreta el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley en mayúsculas porque desarrolla los artículos más sensibles e importantes de la Constitución española. Actualmente se sustancia recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional formalizado por las acusaciones particulares, al entender cómo la jurisdicción española debe extenderse, en aplicación del principio de persecución universal, a los delitos de genocidio y terrorismo. Pero en cualquier caso, supone una victoria pírrica para Rigoberta Menchú, al ser estimado en parte su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional que rechazó la competencia para investigar tanto el genocidio como el asesinato de españoles, basándose en que Guatemala podía enjuiciar por sí misma los hechos ocurridos en su territorio.

Los siete magistrados que se pronunciaron en contra de la decisión mayoritaria, emitieron, afortunadamente, un voto particular en el que apoyan la competencia española para enjuiciar el genocidio en Guatemala, ya que el principio de justicia universal permite la persecución penal extra territorial de dicho delito. Si se admitiera su postura se le daría a los querellantes "una oportunidad de remediar la impunidad de unos comportamientos aparentemente muy graves" ya que consideran acreditado que la justicia guatemalteca no los ha perseguido de modo eficaz pese al tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos y precisamente si tomamos en cuenta lo actuado por la misma en este enorme lapso de tiempo.

Calificamos de afortunado el voto particular por que el hecho de que casi se haya dado un empate entre los jueces del Supremo que aceptan la justicia universal del crimen de genocidio y los que la niegan, significa que en un futuro pudiera ser materia de un recurso en otros ámbitos ya que aquí el fallo deviene definitivo e inapelable, salvo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para ver si la interpretación retenida cumple con las exigencias de la Carta Magna española.

De hecho, el voto particular señala que la decisión mayoritaria ha aplicado de forma excesivamente restrictiva el principio de justicia universal, y no ha respetado el artículo 23.4 de la LOPJ, que permite la persecución penal extra territorial del delito de genocidio. Califica -creo que de manera correcta- a los autores de genocidio como enemigos comunes de toda la humanidad, pues, al negar el propio derecho a la existencia de un grupo humano, cometen la más grave violación de los derechos fundamentales. Esos rigurosos límites irían contra el derecho internacional y la legislación interna española que establece el principio de persecución universal de estos crímenes. Además considera suficientemente acreditado que la jurisdicción de Guatemala no se ha ejercitado de un modo efectivo.

El voto particular indica que el Supremo ha limitado el ejercicio de la jurisdicción española en materia de genocidio exclusivamente a los supuestos en que las víctimas sean de nacionalidad española o los culpables se encuentren en territorio español, exigencias que no se establecen en la norma. Deroga, en la práctica, el principio de jurisdicción universal establecido en 1985 en la LOPJ, convirtiendo en excepción a la regla. Utiliza palabras contundentes pero clarificadoras al estimar que debió permitirse al juez instructor de la Audiencia Nacional que admitiese la querella en aplicación de la jurisdicción universal que, a pesar de que "no devuelve la vida a las víctimas, ni puede conseguir que todos los responsables sean enjuiciados, puede ayudar a prevenir algunos crímenes y a enjuiciar a algunos responsables, contribuyendo a la consecución de un mundo más justo y seguro y a consolidar el Derecho Internacional, en lugar de la violencia, como forma de solucionar los conflictos".

El voto particular considera que debió estimarse íntegramente el recurso de Menchú, dando validez al auto de admisión de querella dictado el 27 de marzo de 2000 por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, que fue revocado posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia. El caso fue remitido a aquél y se centró en las víctimas de nacionalidad española contra quienes se cometieron delitos de lesa humanidad para darle continuidad al proceso pero no de la manera amplia que muchos hubiéramos deseado. Como los cargos se han probado fehacientemente en contra de uno de los acusados, parece cerrarse el círculo de ese cuarto de siglo.

. Sin embargo, la petición original de la premio Nóbel dividida en dos querellas contra los dictadores y gobernantes de Guatemala fue limitada por el Tribunal Supremo español, en una discutida y discutible interpretación del principio que nos ocupa, a los casos en los que se produjeron víctimas de nacionalidad española, es decir, los tres españoles que murieron en el asalto a la embajada y la responsabilidad de Álvarez en el asesinato de cuatro sacerdotes españoles en los años 1980 y 1981 realizados "con la finalidad de castigo por su colaboración con el conjunto de campesinos y pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros que pretendieran lo mismo." Estaríamos ante un caso por torturas, siete asesinatos (los tres diplomáticos y los cuatro sacerdotes) y uno más en grado de tentativa (embajador Cajal). Además, el mismo juez recuerda que en el asalto se produjo la muerte de treinta y tres guatemaltecos que no puede investigar por la limitación arriba comentada que impuso el Tribunal Supremo.

Se produce de nuevo, como en el caso de Miguel Ángel Caballo, una posible y esperemos que cierta cooperación trilateral. En aquella ocasión Argentina ocupaba el lugar de Guatemala y el resto de los actores eran los mismos. España solicitando la extradición y México como estado receptor de la petición por hallarse el sospechoso en su suelo. El diez de junio del 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana acepta la extradición a España del supuesto torturador argentino Cavallo, detenido en México tres años atrás a solicitud del juez Garzón. El Alto Tribunal mexicano avaló, al rechazar dos de los tres amparos solicitados, la excelente, por sus referencias continuas a los Tratados internacionales, opinión jurídica del juez, entonces de lo penal, Luna Altamirano, vertida el 11 de enero del 2001, al aceptar la extradición por genocidio y terrorismo pero no por tortura. La justicia universal entraña precisamente eso: superar el antiguo concepto de persecución territorial de crímenes por parte del estado. El procedimiento es el mismo que se realizó entonces: el juez dictó una orden de captura internacional en su contra y remitió una solicitud de extradición al gobierno mexicano. Enseguida la embajada de España en México envió el original de la solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, que, a su vez, canalizó a la Procuraduría General de la República, especie de Ministerio Fiscal con amplias atribuciones investigadoras. Ésta solicitará un juez mexicano una orden de aprehensión contra Álvarez.

La petición se ha tramitado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español y de la Procuraduría General de la Embajada de México en España. Estoy convencido de que, en algunos años más, asistiremos a las peticiones directas entre jueces, evitando el complejo camino del sistema actual. Grande-Marlaska, sin duda discípulo aventajado del juez Garzón, afirma en el auto de prisión dictado contra Álvarez que entre enero de 1980 y septiembre de 1981 Fernando Romeo Lucas García, presidente de Guatemala, creó una estructura gubernamental desde la que "se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines (...) no sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino también al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".

Con el ascenso del Partido Socialista al poder en España, en abril del 2004, la limitación impuesta por el Tribunal Supremo español podría desaparecer ya que el fiscal ante el Tribunal Constitucional expresó su apoyo a que España ejerza una jurisdicción universal sin restricciones sobre delitos de genocidio y ha solicitado una nueva sentencia que declare que las resoluciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en contra de la investigación por tribunales españoles de la matanza de los indios maya en Guatemala, limitando las competencias judiciales exclusivamente a víctimas españolas, vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Existe un precedente preocupante. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizó temporalmente en septiembre del 2004 la causa contra Cavallo por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina, revocando el auto de conclusiones del magistrado Garzón, hasta que se acredite, vía el envío de una comisión rogatoria a Argentina, la reapertura del procedimiento allá y si los hechos están siendo investigados, tras la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la apertura de los procedimientos y el encarcelamiento de los responsables. Además, en agosto del 2003, el entonces conservador ejecutivo español, finalmente nos encontramos ante una cuestión política, denegó la extradición, solicitada por el juez Garzón, de cuarenta antiguos militares argentinos vinculados a violaciones de derechos humanos, alegando precisamente su confianza en que las leyes de punto final y obediencia debida fueran formalmente derogadas por la Suprema Corte de Justicia de Argentina, sentencia que todavía no se ha producido, siguiendo los pronunciamientos del legislativo.

Sin embargo, en esta jurisprudencia zigzagueante, la Sala de lo Penal esta vez del Tribunal Supremo dictó, en diciembre del 2004, una sentencia autorizando a la Audiencia Nacional a juzgar al antiguo militar argentino, Scilingo por delitos de genocidio, terrorismo y torturas que "afectan a bienes cuya protección resulta de interés para la comunidad internacional" cometidos en el periodo de la dictadura militar, argumentando que hubo víctimas españolas de esos crímenes por lo que existen intereses nacionales directos, el procesado está en España y la no constancia de que esté encausado por los mismos hechos en su país.

El Tribunal Supremo considera que es aplicable al caso el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la jurisdicción española será competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse según la ley penal española, como delitos de terrorismo, genocidio o cualquier otro que de acuerdo a los tratados internacionales deba perseguirse en España. Se ha limitado a aplicar la doctrina que él mismo marcó en la sentencia analizada más arriba sobre el ''caso Guatemala'', cuando estableció que para justificar la competencia española debía existir una conexión con un interés nacional, como son las víctimas de nacionalidad española en la dictadura argentina y que en Guatemala fue el asesinato de sacerdotes españoles y el asalto a la Embajada española en dicho país. Si se estableciera como suficiente esta última conexión, se podría enjuiciar a los autores de la muerte de los guatemaltecos. El juez que emite la orden de detención asegura que "no ha lugar, al momento procesal presente, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de la comisión rogatoria librada a la República de Guatemala sin que al día de hoy se haya dado respuesta, a librar órdenes internacionales de detención en las personas de los otros imputados".

Admite que "la procuradora Cañedo Vega, en nombre y representación de las distintas acusaciones particulares, con fecha 2 de diciembre de 2004, ha presentado escrito interesando se librara orden internacional de detención en la persona de Donaldo Álvarez Ruiz, de quien facilita una residencia en los Estados Unidos de México". Nos sorprende que no se le haya tenido vigilado desde fechas atrás para evitar su huida.

Por fín, gracias a una interpretación amplia y pro homine del principio de jurisdicción internacional, parece que se están salvando argumentos tales como que se "conculca el principio según el cual un Estado no puede ejercer su poder en territorio de otro Estado", la inmunidad que protege a los antiguos jefes de Estado, apoyándose en opiniones muy discutibles de que en Chile y Argentina se han abierto procesos judiciales contra los responsables de los crímenes cometidos durante sus respectivas dictaduras e incluso la irretroactividad, que impediría aplicar el principio de jurisdicción o persecución universal a delitos anteriores a su tipificación, allá por 1985.

Comparto la crítica del gran juez internacional Antonio Cassese de que afirmar que "las personas acusadas de genocidio deben ser juzgadas por un tribunal competente del estado en cuyo territorio fue cometido el acto es una garantía puramente platónica, al igual que probar que deben ser perpetrados con la intención de aniquilar un grupo".

En nuestros días, fundamentándose en el derecho internacional, los estados más vanguardistas pueden aprobar leyes nacionales que permitan a sus tribunales domésticos investigar, procesar y sentenciar a cualquier persona que entre en su territorio o en un territorio desde donde se le pueda extraditar, como fue el caso argentino y es el caso guatemalteco, sospechosa de haber cometido ciertos delitos, sin tener en cuenta ni el lugar de comisión ni la nacionalidad del acusado o la víctima. Se cumple así la máxima de que las únicas dos opciones que le quedan a un estado cumplidor del derecho internacional son juzgar o extraditar.

Fuente: www.lainsignia.org


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.