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Toma fuerza presunción de existencia de escuadrones de la muerte
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 12 de marzo de 2007

• Ex informante policial afirma existencia de escuadrones de la muerte en PNC

• Prensa y diplomacia han sido la presión más fuerte

• Dimisión de altos jefes de la PNC únicos «resultados» hasta ahora

El asesinato de tres parlamentarios y su piloto, así como el de sus presuntos asesinos, empieza a evidenciar con mayor fuerza que las estructuras de seguridad pública del actual gobierno se entrecruzan con el sector privado y grupos clandestinos en una amalgama de terror. La impunidad y el pisoteo de la ley son características innegables que han salido a luz en días recientes. El asunto ha convertido a Guatemala en el centro del interés internacional, debido a que los diputados eran extranjeros y el gobierno salvadoreño ha buscado el apoyo de Estados Unidos, a manera de presión. Aunque en el proceso de investigación, al parecer trabajan en conjunto autoridades de Guatemala y El Salvador, con el apoyo del FBI, algunas contradicciones entre ellas han atraído la atención. Paralelamente, si bien no se ha evidenciado expresamente que el gobierno haya impulsado una política de «limpieza social», hay muchos indicios de que esta práctica se ha llevado a cabo con la venia de algunas autoridades. El testimonio de un ex-informante policial ha alarmado a la opinión pública, pues relata la existencia de dos grupos de exterminio que funcionan desde las estructuras del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), bajo órdenes directas de altos mandos de ambas instituciones.

ENCAJANDO EL GOLPE. El ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y su asesor Víctor Rivera, han estado en el ojo del huracán tras las declaraciones del candidato del Partido Patriota ( PP ), Otto Pérez Molina , quien afirmó que existen dos escuadrones de la muerte al interior de la cartera de seguridad: uno, al servicio de Vielmann y dirigido por Rivera ; el otro, dentro de la PNC al servicio del director general, Erwin Sperisen .

Ambos grupos estarían integrados por 15 elementos entre agentes de la PNC en servicio y ex kaibiles, y sus órdenes serían dadas por cuatro jefes jerárquicamente establecidos. Su estructura de funcionamiento incluye « casas de seguridad y de tortura », una de ellas ubicada en Villa Canales, a pocos kilómetros de donde fueron encontrados los cadáveres de los diputados. Pérez Molina asevera que uno de estos escuadrones (el de la PNC ), ejecutó a los cuatro agentes de la PNC en la prisión de alta seguridad, El Boquerón .

I. Creciente presión de EEUU

A la desconfianza hacia la PNC , expresada por diferentes sectores de la sociedad civil guatemalteca, se suma un informe publicado por el Departamento de Estado de EEUU el 6 de marzo, que establece que en 2006 el gobierno guatemalteco «generalmente respetó los derechos humanos,» pero siguió fallando en investigar y castigar los asesinatos atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad pública.

También continuó la violencia social, incluidos numerosos asesinatos y se detectó «corrupción y una sustancial ineptitud en la policía y en los sectores judiciales.» De acuerdo con el informe, algunos policías se vieron involucrados en secuestros y hubo impunidad para la actividad criminal.

El informe fue publicado cinco días después de que el Departamento de Estado de EEUU publicara su informe anual sobre la campaña internacional contra las drogas, en el cual Guatemala destaca por la falta de decomisos y capturas. En 2006, Panamá interceptó 36 toneladas de cocaína; Costa Rica, 14 toneladas, y Nicaragua, nueve toneladas, mientras que en Guatemala apenas se decomisaron 281 kilos. El informe también señala la infiltración del narcotráfico en las instancias de seguiridad del país, en especial, la PNC .

A modo de contraacusación, el ex gobernador departamental de Petén, Manuel Barquín , dio a conocer que Pérez Molina es « dueño de un escuadrón de policía privada » y que es propietario de dos empresas privadas de seguridad, Vigilancias y Servicios Sociedad Anónima (Visersa). Ambas empresas, según Barquín , son propiedad de Otto Leal Flores , cuñado de Pérez Molina , quien es un alto dirigente del PP.

Las acusaciones de Barquín son significativas, ya que Pérez Molina se vio implicado en casos de violaciones de derechos humanos cuando fue director de inteligencia militar y jefe del Estado Mayor Presidencial ( EMP ) durante los gobiernos de Jorge Serrano Elías y Ramiro de León Carpio, respectivamente, por lo que las declaraciones de Barquín resultan delicadas (Inforpress 1694).

A raíz de las informaciones iniciales después del asesinato, de que en el vehículo en el que viajaban los diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) había una fuerte cantidad de dinero, se ha corrido el rumor de que era destinado al financiamiento de la campaña electoral de un partido político (Haroldo Shetemul, Prensa Libre, 28/2/07). Los rumores se han extendido advirtiendo que ese partido es el PP.

Según esta hipótesis, allegados de Vielmann que le respaldan económicamente, han cambiado de bando y han optado por apoyar al PP , lo cual también podría explicar la denuncia de Pérez Molina. Sin embargo, este extremo no ha podido ser comprobado.

Se espera que la interpelación de Vielmann ante el Congreso, que dio inicio el 7 de marzo, en la cual el ministro deberá responder 26 preguntas planteadas por el PP , esclarezca las interrogantes en torno a los asesinatos, la falta de seguridad proporcionada a los policías sindicados de cometer el crimen y la existencia de escuadrones de la muerte al interior de la institución.

Durante la primera sesión en el Hemiciclo, el PP exigió que se listaran todos los funcionarios del Ministerio bajo el renglón 029 (contratistas externos), ya que se acusa a Vielmann y Rivera de trasladar a entes privados funciones irrenunciables del Estado en materia de inteligencia y seguridad ( Inforpress 1694 )*.

Hay indicios de la existencia de escuadrones de la muerte bien articulados con nombres tan sugestivos como Los caballeros negros. Y hay motivos para pensar que la Policía Nacional Civil ha subcontratado servicios de personas y empresas dispuestas a aplicar la pena de muerte con base en su propia convicción. Apenas resulta lógico que toda esta vorágine de ajusticiamientos no brinde una sensación de seguridad a los ciudadanos sino lo contrario .» ( elPeriódico , 19/2/07).

El mismo día, tanto el titular de Gobernación como el de la PNC presentaron su renuncia. De esta manera, Vielmann y Sperisen quedarían fuera del ojo público pero se abriría la interrogante de quiénes los sustituirían y si esto sólo supondría un cambio cosmético que dejaría intactas las estructuras existentes.

*Casi de manera premonitoria, y horas antes de darse a conocer el asesinato de los diputados, el columnista Juan Luis Font , publicó un artículo en el que señaló que « Los funcionarios de Gobierno han de creer que los embajadores acreditados aquí son poco menos que fronterizos cuando niegan lo evidente. Expertos traídos por la embajada de un país europeo han concluido que el 90 por ciento de las muertes violentas es atribuible a esa limpieza social.

CAMBIOS COSMÉTICOS. La publicación del testimonio del ex-informante de la PNC , Félix Mendoza Monterroso , quien afirmó la existencia de un escuadrón de la muerte al interior de la institución dirigido por los jefes policiales Víctor Soto y Luis Herrera López , (este último, uno de los agentes ejecutados en la prisión de El Boquerón ) evidenció lo que antes había sido sospecha: la existencia de aparatos clandestinos al interior de la estructura policial.

Mendoza pidió protección a la Procuraduría de los Derechos Humanos ( PDH ) el 12 de enero de 2006, temiendo por su vida después de haber participado en operaciones de «limpieza social» bajo el mando de tres agentes de la Sección del Crimen Organizado (entre ellos Herrera ) y otros tres agentes de la Sección de Robos a Domicilios de la PNC .

En su testimonio, el informante relata que, en septiembre de 2005, acompañó a un grupo de las secciones de Robos a Domicilios y Crimen Organizado en un operativo contra Francisco Samuel Álvaro , sindicado del robo de vehículos: «Lo fueron a sacar de su casa por la noche, llevándose con ellos a la conviviente del robacarros quienes posteriormente aparecieron torturados y asesinados.»

De acuerdo con Mendoza , los policías que estaban allí le indicaron que el operativo estaba coordinado por Soto y Vielmann ( elPeriódico, 2/3/07).

La destitución de Soto y del subdirector de Investigación Criminal, Javier Figueroa (ver cuadro II) mitigó la creciente presión del presidente salvadoreño Antonio Saca , quien había exigido desde Washington D.C que su par guatemalteco «llegara hasta las últimas consecuencias » en la persecución de los responsables del asesinato de los diputados.

Tras una reunión con su homólogo Óscar Berger , el mandatario Saca moderó ligeramente sus pronunciamientos, aunque advirtió que su administración continuará «con el pie en el acelerador.» Sin embargo, esas destituciones no llegaron al meollo del problema, ya que ambas remociones no implican la desarticulación de las estructuras paralelas enquistadas al interior del aparato policial.

Un artículo publicado por The New York Times analiza como tanto el Ministerio de Gobernación como la PNC de Guatemala, optaron por la creación de escuadrones de la muerte en los últimos tres años en un esfuerzo de combatir la violencia pandillera.

De acuerdo con un alto oficial de las Naciones Unidas, cuyo nombre no cita el diario estadounidense, los agentes que integran estos escuadrones suelen pertenecer a iglesias evangélicas que consideran las ejecuciones extrajudiciales de los pandilleros como un «trabajo santo.» Pero todo indica que están fuera de control ( The New York Times, 5/3/07).

II. Los altos mandos de la PNC y sus antecedentes

Falta de expriencia: Llama la atención el hecho de que Erwin Sperisen, director general de la PNC y Javier Figueroa, ex sub-director de investigaciones de la DINC, carecían de experiencia en la institución policial y fueron nombrados a sus cargos por sus vínculos y no sus méritos.

Figueroa, ginecólogo y cirujano, llegó a la PNC en 2005, como jefe de la Subdirección de Salud de la Policía. Previamente se había desempeñado como director del Centro Médico Militar.

Tres meses después, Sperisen , amigo de la infancia, lo puso a cargo de los departamentos de inteligencia y análisis policial. Su contratación se amparó en un acuerdo gubernativo que permitió que personas sin experiencia en la carrera policial o que no hayan pasado por la Academia de Seguridad Pública, ocupen altos cargos en la PNC , en violación a los Acuerdos de Paz. El Ministerio Público, tiene a su cargo una investigación por acusaciones de desaparición ilegal que señalan a Figueroa como autor intelectual ( Siglo Veintiuno, 8/3/07).

Ejecuciones extrajudiciales: A los tres agentes se les acusa de participar en ejecuciones extrajudiciales. En 2002, Víctor Soto, ex jefe de la DINC , estuvo involucrado en una balacera entre militares y policías, tras un mal coordinado pago monetario producto de un secuestro, según la versión oficial.

Un testigo declaró haberlo visto entregar un maletín con el dinero del rescate. En 2004, Soto fue investigado por el MP tras frustrar la captura del agente de una policía particular y acusado de la muerte de un agente policiaco. Soto participó en la toma de la Granja Penal de Pavón, en septiembre de 2006 - un informe de la PDH denunció que siete presos fueron víctimas de ejecución extrajudicial.

En el caso de Figueroa, el coronel José Israel Palacios lo acusa de estar vinculado en el secuestro y asesinato de su hija, en junio de 2005. También fue denunciado por dos empleados del Aeroclub de Guatemala por abuso de autoridad, amenazas y maltrato verbal y físico a finales de mayo de 2006.

¿UN ESTADO FALLIDO? Los sucesos recientes han llevado a varios analistas a señalar a Guatemala como «un Estado fallido.» Un editorial del diario mexicano La Jornada , argumenta que el escándalo derivado del asesinato de los diputados, evidencia «la gravísima descomposición de las oligarquías guatemalteca y salvadoreña,» . Señala, asimismo, que la presencia de los antiguos integrantes de los escuadrones de la muerte, vinculados ahora al narcotráfico y otras actividades ilícitas, en el aparato estatal se ha conjugado en un contexto social caracterizado por la pobreza, la desigualdad y la marginación, males estructurales que fueron «soslayados en los procesos de paz de ambos paíse s» y que dieron lugar a «institucionalidades democráticas simuladas e insustanciales, carentes de cualquier posibilidad real de incidencia en fenómenos globales como el negocio de las drogas ilícitas» (La Jornada, 1/3/07).

Óscar Clemente Marroquín, director del vespertino La Hora , plantea que ni si quiera se puede hablar de una infiltración del Estado por el crimen organizado porque este escándalo ha evidenciado que el Estado mismo »constituye la base principal de las organizaciones criminales existentes en el país.»

Las amenazas contra algunos periodistas guatemaltecos también han comenzado a proliferar. El objetivo claro según las amenazas es que los medios de comunicación « bajen el tono » en su abordaje del tema. Podría arguementarse que éste es un hecho más que evidencia la crisis de intermediación del Estado, el cual se ve en la creciente necesidad de hacer uso de la violencia como recurso de poder.

Las elecciones generales de septiembre, argumenta Marroquín, no cambiarán nada, ya que «llegue quien llegue, encontrará herramientas inútiles producto de ese Estado fallido» ( La Hora , 1/03/07). Es decir, el colapso del aparato estatal trasciende la coyuntura electoral.

Ante el profundo descrédito de la GANA, producto de la crisis bancaria, la falta de avances en el combate de la corrupción y la inseguridad más la presente crisis, el panorama electoral ofrece pocas alternativas.

La Unidad Nacional de la Esperanza ( UNE ), la cual encabeza las encuestas de intención de voto, ha optado por el silencio mientras persisten los señalamientos contra las autoridades policiales y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann .

Se argumenta que la UNE difícilmente puede criticar a Vielmann dado que el ministro es hermano de Rafael Espada, candidato a la vicepresidencia por la UNE ( La Hora. Suplemento Político, 1-8/3/07).

El candidato del Partido Patriota ( PP ), Otto Pérez Molina, quien ha intentado aprovechar la coyuntura con fines políticos, se ve desacreditado por su vinculación con aparatos represivos durante el conflicto armado y porque supuestamente fue el arquitecto de la política de seguridad del actual gobierno.

Incluso, la candidatura de Rigoberta Menchú podría verse empañada, ya que criticar al presente gobierno o admitir la existencia de escuadrones de la muerte al intrerior del aparato estatal «significaría que ha sido embajadora de buena voluntad de un gobierno que ha avalado, cuando menos, la práctica de ejecutar extrajudicialmente a reales o supuestos delincuentes» ( La Hora. Suplemento Político, 1-8/3/07).

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