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Relator señala responsabilidad del Estado en ejecuciones extrajudiciales
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 19 de abril de 2007

• Normativa internacional amplía concepto sobre responsabilidad del Estado frente a crímenes irresueltos

• Informe indica corrupción y falta de recursos en el sistema judicial


• Gobierno muestra poca voluntad política para implementar cambios estructurales

El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, presentó en Ginebra un informe que señala el repunte de varios tipos de ejecuciones extrajudiciales, entre los que destacan las operaciones de limpieza social, puestas en marcha por particulares o por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). El informe señala que de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos, el Estado también es responsable por el 90% de los asesinatos que quedan impunes cada año en Guatemala, debido a la inoperancia del sistema judicial. Estos señalamientos llegan en un momento crítico para el gobierno de Óscar Berger, sumergido en la crisis provocada por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer y la posterior ejecución de cuatro policías sindicados de ser los autores materiales del crimen . Ante los señalamientos del Relator Especial, el presidente Berger declaró que el funcionario de la ONU debería presentar los casos concretos que lo llevaron a realizar esas afirmaciones, y se ha pedido a otros dos funcionarios de esta entidad que pospongan sus visitas al país hasta el 2008, lo cual despierta serias dudas sobre la voluntad política del gobierno de implementar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL. El informe de Alston afirma que el Estado no sólo es responsable por los crímenes cometidos por agentes policiales o soldados, sino también por los crímenes cometidos por particulares que no tienen salida procesal debido a la disfuncionalidad del sistema judicial.

Mientras que el delito de «ejecución extrajudicial» en el Código Penal guatemalteco únicamente incluye los homicidios cometidos por agentes del Estado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual Guatemala se adhirió en 1992, «incluye esos homicidios que quedan impunes y aborda la responsabilidad no de los autores particulares sino del Estado.»

El informe concluye que debido a la incapacidad del sistema de justicia penal de alcanzar la tasa del 10% de condenas por asesinato, « el Estado es responsable, según las normas de derechos humanos, de las numerosas personas que han muerto a manos de particulares.» Philip Alston señala seis tipos de ejecuciones extrajudiciales que se producen con la complicidad directa de agentes policiales o como resultado de la inoperancia del sistema judicial (cuadro I).

Destacan, en particular, las operaciones de «limpieza social», es decir, la ejecución de pandilleros y otros «indeseables sociales» como medio de hacer frente a la violencia puestas en marcha por particulares o por agentes del Estado. En estos casos, la policía recluta a un informador al que promete no investigar sus actividades delictivas pasadas y a cambio debe proporcionar información sobre las actividades y localización de presuntos delincuentes. Luego, «la policía se desplaza al lugar indicado, habitualmente sin uniforme y en un vehículo sin identificación, detiene a la persona señalada por el informador y la mata en otro lugar, a veces después de haberla torturado.» Este patrón coincide con el testimonio del ex informador policial Félix Mendoza Monterroso (cuadro II)

FALTA DE RECURSOS Y CORRUPCIÓN ENDÉMICA. Philip Alston atribuye el bajo índice de condenas por asesinato a la falta de recursos con los que cuenta la Policía Nacional Civil ( PNC ) y a «la corrupción endémica» del sistema. Actualmente, la PNC cuenta con 19,000 agentes, de los cuales 5,000 participan en unidades que se dedican a proteger edificios públicos y no a prevenir la delicuencia en general. Alston estima que para alcanzar los niveles de seguridad logrados en otros países del istmo, se requeriría el doble de agentes.

El informe también señala que un acuerdo interinstitucional entre la PNC y el Ministerio Público ( MP ) firmado en 2004 para mejorar la cooperación entre las dos entidades, ha dado pocos resultados «con lo cual muchas investigaciones son ineficientes y a menudo infructuosas desde el punto de vista de un enjuiciamiento eficaz.»

El Relator Especial recomienda adoptar un modelo de «fiscales investigadores» para evitar que se divida el trabajo de investigación entre dos instituciones con intereses en competencia.

Como consecuencia de la falta de recursos y de una capacitación adecuada (por ejemplo, los agentes de la División de Investigación Criminal – DINC - reciben tres meses de entrenamiento, Inforpress 1681 ), los investigadores se basan en las declaraciones de testigos antes que en pruebas materiales.

Esto, según el informe, además de tener menor valor ante los tribunales, «crea incentivos para que la policía obtenga confesiones por la fuerza y los delincuentes intimiden a los testigos.»

También hace hincapié en la necesidad de implementar una protección eficaz de los testigos. Actualmente, existen dos sistemas: uno a cargo del MP y otro a cargo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos ( COPREDEH ).
Sin embargo, ambos sistemas resultan problemáticos cuando los testigos están involucrados en casos que implican a grupos clandestinos o a la policía.

I. Seis tipos de ejecuciones extrajudiciales

Limpieza social : Las estadísticas de la PNC , atribuyen el 40% de las muertes violentas en Guatemala a «peleas entre bandas.» Sin embargo, Alston cita un estudio de la Procuraduría de Derechos Humanos ( PDH ) * , que revela que en 2005, se hallaron 63 cadáveres con tiro de gracia y 305 víctimas con señales de tortura. Entre enero y junio de 2006, las cifras se elevaron a 151 y 435 respectivamente. En 2005, los cadáveres del 12% de las víctimas de asesinato, 648 de 5,338, fueron hallados en un lugar distinto de aquél donde murieron. La PDH señala que lo habitual es que los pandilleros maten rápidamente y huyan para evitar ser capturados, y por lo cual aduce que estas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Feminicidios: En 2001 hubo 303 asesinatos de mujeres; en 2002, 317; en 2003, 383; en 2004, 531; en 2005, 665; y 359 durante los primeros seis meses de 2006. Los feminicidios se han incrementado en 117% a lo largo de un período de cinco años y en comparación, la población femenina aumentó 8%.

Linchamientos: Entre 1996 y 2001, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala ( MINUGUA ) documentó entre 35 y 105 linchamientos al año, resultando en unas 13 a 29 muertes anuales. Desde que MINUGUA finalizó su misión en Guatemala en 2004, no se cuenta con estadísticas confiables pero según información publicada por los medios de comunicación, se registraron 13 muertes por linchamiento en 2006.

Ataques contra homosexuales: Entre 1996 y 2006, se han registrado al menos 35 asesinatos de homosexuales, lesbianas, transgeneristas o transexuales. Debido a la reticencia de los familiares de las víctimas de denunciar los hechos, las organizaciones sociales que trabajan el tema creen que las cifras reales son mucho mayores.

Ataques contra defensores de derechos humanos: Desde el 2000 hasta agosto de 2006 fueron asesinados 64 defensores de los derechos humanos. Según la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos ( MNDH ), los ataques contra estos activistas se incrementaron en 19.4% en 2006 con respecto al año anterior ( Inforpress 1691 ).

Violencia carcelaria: Según estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario ( DGSP ), en 2001 se registraron tres muertes violentas de detenidos, 18 en 2002; 9 en 2003; 4 en 2004; 42 en 2005 y 18 en los primeros seis meses de 2006. Los casos estudiados por el Relator revelan que « el problema no se reduce a la corrupción o a la intimidación de unos cuantos guardianes» y señala que en los centros penitenciarios se ha producido «una delegación ilegal, pero de hecho, de la autoridad de los funcionarios públicos en los dirigentes de las bandas.»

* Las Características de las Muertes Violentas en el País (febrero de 2006)


II. Casos paradigmáticos

Tzulma Vásquez: Vásquez fue secuestrada junto a su novio, José David Mejía el 16 de mayo de 2006, y sus cadáveres aparecieron el 1 de diciembre en cañaverales de la finca Orinoco, kilómetro 90 de la ruta al Puerto Quetzal, Escuintla. Según investigaciones de la Fiscalía , cerca del lugar donde la joven se comunicó por última vez al celular de su padre para dejarle un mensaje, se montó un retén policíaco. Al principio, las autoridades policíacas negaron que se hubiese ordenado un operativo en el lugar. Después, el comisario Guillermo Vides , segundo al mando de la Dirección de Investigación Criminal ( DINC ) y segundo de Javier Figueroa , ex subdirector de la DINC , envió una lista de 11 policías que permanecieron en el lugar. El ex viceministro de Gobernación, Julio Godoy Anleu , señaló en un acta de esa entidad: «Todo orienta que fueron policías». Sólo en diciembre de 2006, se encontraron 20 cadáveres y cuatro osamentas más en la finca donde fueron localizados los cadáveres de Vásquez y Mejía .

Francisco Samuel Álvaro: Según el ex-informante de la PNC , Félix Mendoza Monterroso , existe un escuadrón de la muerte al interior de la institución dirigido por los ex jefes policiales Víctor Soto y Luis Herrera López , (uno de los agentes sindicados del asesinato de los diputados salvadoreños y ejecutado en la prisión de El Boquerón ). Mendoza pidió protección a la Procuraduría de los Derechos Humanos el 12 de enero de 2006, temiendo por su vida después de haber participado en operaciones de «limpieza social» bajo el mando de tres agentes de la Sección del Crimen Organizado (entre ellos Herrera ) y otros tres agentes de la Sección de Robos a Domicilios de la DINC . En su testimonio, el informante relata que, en septiembre de 2005, acompañó a un grupo de las secciones de Robos a Domicilios y Crimen Organizado en un operativo contra Francisco Samuel Álvaro , sindicado del robo de vehículos: «Lo fueron a sacar de su casa por la noche, llevándose con ellos a la conviviente del robacarros quienes posteriormente aparecieron torturados y asesinados.» De acuerdo con Mendoza , los policías que estaban allí le indicaron que el operativo estaba coordinado por Víctor Soto y el ahora ex-ministro de Gobernación, Carlos Vielmann ( elPeriódico , 2/3/07).

Juan José Arana Tobar y Rufino Lima Arana: Los primos jutiapanencos Juan José Arana Tobar y Rufino Lima Arana , eran sindicados del robo de vehículos, asaltos a bancos, residencias y al tráfico de drogas. Arana Tobar fue asesinado siete días después de que se publicara la denuncia que Félix Mendoza Monterroso realizó ante la PDH . Lima Arana permanece desaparecido desde el 21 de diciembre de 2006, luego de que el ex subdirector de Investigaciones de la DINC , Javier Figueroa , realizó un operativo en el club nocturno Agavero en la zona 10 capitalina y, según testigos, fue secuestrado del lugar junto a Sergio Arrivillaga , propietario del centro, quien fue capturado en 1997 por el Departamento de Operaciones Antinarcóticas ( DOAN ) cuando transportaba 994 kilos de cocaína, a bordo de un camión. Se presume que ambos desaparecidos tenían vínculos con una banda de narcotraficantes de Jalpatagua, Jutiapa, donde también estaban involucrados los policías sindicados del asesinato de los parlamentarios salvadoreños. Tres días después de la desaparición de Arrivillaga y Lima Arana fueron encontrados dos cadáveres en Chimaltenango, y según la Fiscalía de Delitos Administrativos podrían ser de los desaparecidos.

Cabe recordar que el Ministerio de Gobernación, responsable por el MP , ha sido acusado de operar dos escuadrones de la muerte ( Inforpress 1694 y 1695 ). Por lo tanto, Alston recomienda la creación de un programa de protección de testigos dependiente de la PDH .

GUATEMALA EN UNA DISYUNTIVA. Alston enfatiza que la falta de recursos con que cuenta el aparato de seguridad «no exime para nada al Estado» y señala que Guatemala no es «un Estado especialmente pobre» y cuenta con un Producto Interno Bruto ( PIB ) más elevado que Honduras y Nicaragua, países que registran índices de violencia mucho menores. Esto significa que la falta de recursos se debe a una falta de voluntad política para invertir en la seguridad ciudadana más que a la pobreza del país.

La conclusión del informe es tajante: «Guatemala se encuentra frente a una disyuntiva: o bien transformar en realidad la visión de los Acuerdos de Paz, o bien emplear las brutales tácticas de la mano dura y no terminar de salir nunca del enfrentamiento armado del pasado.»

Sin embargo, la respuesta de la administración de Berger a los señalamientos que hace el informe dejan pocas esperanzas de que exista la voluntad política para implementar los cambios estructurales necesarios.

Tras publicarse el informe, el presidente declaró en tono desafiante: «Si [el Relator] tiene información valiosa que nosotros desconocemos, la debería de presentar.» ( Prensa Libre , 24/03/07), a lo cual se suman las declaraciones de la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte , quien, en su discurso de toma de posesión dijo desconocer la existencia de grupos que actúen fuera de la ley en la PNC ( Inforpress 1698 ) .

Además, se ha pedido a Jila Hilani , representante del secretario general de la ONU para los derechos humanos, y Vernon Muñoz , relator del área de educación del mismo organismo que pospongan sus visitas al país hasta el 2008. Ante los señalamientos de Alston, que llegan en un momento crítico para el gobierno, sumido en la crisis provocada por el asesinato de tres diputados salvadoreños, la administración Berger parece decidida a evitar a toda costa la auscultación de parte de organismos internacionales.


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