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PDH señala intereses ocultos en asesinatos de diputados
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 8 de mayo de 2007

•          Autoridades han encubierto información sobre el caso

•          Agentes asesinados en El Boquerón no murieron en motín

•          Gobernación y partidos políticos evitan pronunciarse

Un informe preliminar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la posterior ejecución en prisión de los cuatro policías sindicados del crimen, hace graves señalamientos contra las instituciones de seguridad. El informe, presentado la semana recién pasada al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Edgar Rodríguez, concluye que el Ministerio de Gobernación no proporcionó la seguridad requerida por los parlamentarios y propició la muerte de los diputados con sus decisiones. Según el titular de la PDH, Sergio Morales, hubo una orden para que se destruyeran archivos de los agentes asesinados y las autoridades han encubierto información de vital importancia para esclarecer la autoría intelectual del crimen. La PDH también niega que el asesinato de los agentes recluidos en El Boquerón haya sido producto de un motín de reos como han sostenido las autoridades a lo largo del caso. Mientras que el jefe de la Unidad de Vida del Ministerio Público, ha desestimado las acusaciones, la ministra de Gobernación, ha evitado pronunciarse sobre el informe de la PDH en lo que pareciera ser un intento de disminuir la gravedad y las implicaciones de los señalamientos.

DIPUTADOS NO RECIBIERON PROTECCIÓN ADECUADA. Según el informe preliminar presentado por la PDH a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el 26 de abril, la Policía Nacional Civil ( PNC ) disponía de información detallada sobre la visita que realizarían los diputados salvadoreños Eduardo d'Aubuisson , William Rizziery Pichinte y José Ramón González , en febrero pasado.

            Según la PDH , los congresistas solicitaron protección a la PNC cinco días antes de venir a Guatemala, solicitud que no habían hecho en sus tres anteriores viajes al país. Sin embargo, argumenta el informe, «la PNC cumplio de manera parcial y deficiente con dicha obligación» y «sus procedimientos no respetaron las reglas mínimas que hubieran garantizado la seguridad de los diputados.» Como prueba de ello, la PDH señala que la PNC dejó descubierta parte de la caravana en largos trayectos.

            El informe cuestiona si estas deficiencias en las medidas de seguridad proporcionadas a los diputados fueron consecuencia de «incapacidad y falta de profesionalismo» o si «fueron intencionalmente propiciadas para facilitar los hechos acaecidos contra la vida de los diputados.»

PDH SEÑALA ENCUBRIMIENTO. Según con la PDH , agentes de la División de Investigación Criminal ( DINC ) recibieron instrucciones de destruir información contenida en los archivos de los agentes asesinados y no se hizo nada por detener esta acción. 

            El informe critica la falta de custodia a las oficinas de la DINC a la que pertenecían Luis Arturo Herrera (jefe de la Sección contra el Crimen Organizado), José Korki López Arreaga , José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez , sindicados del asesinato de los legisladores.

            La PDH sostiene que recibió información confidencial de que documentos relacionados con el caso de los diputados salvadoreños estaban siendo sustraidos de las oficinas de la DINC . «Nosotros fuimos y los encontramos bastante nerviosos,» dijo una fuente del PDH.

            Según esa fuente, la PDH pidió la intervención del fiscal encargado del caso, pero no tuvieron respuesta. «Le dieron las llaves al jefe de la DINC, Víctor Hugo Soto. Es decir, al ladrón le dieron las llaves» ,  ( El Mundo , 28/04/07).

            Desde el inició de la investigación de este caso, han surgido tensiones entre  Sergio Morales , y las autoridades.

            Cabe recordar que el 27 de febrero, el juez noveno de instancia penal otorgó a la PDH la potestad de obtener copias de los documentos del Ministerio Público ( MP ) y de la DINC relacionados con el caso. Pero tanto la DINC como el MP se rehusaron a proporcionar los documentos solicitados argumentando que la decisión del juez había sido impugnada ( Prensa Libre , 09/03/07).

            En la presentación del informe, Morales , atribuyó la negativa de las autoridades de entregar los documentos solicitados a la existencia de «intereses ocultos» en el caso ( El Mundo , 28/ 04/07).

TRASLADO DE POLICÍAS FUE ILEGAL. El informe de la PDH señala que las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario, «facilitaron los medios para consumar el asesinato de los agentes policiales»   y cita como ejemplo las ilegalidades en torno al traslado de los policías acusados de dar muerte a los diputados salvadoreños.

            A pesar de que el auto de procesamiento ordenaba que los cuatro agentes policiales debían permanecer en el Preventivo de la zona 18, las autoridades de Presidios decidieron enviarlos a la prisión de El Boquerón , en Santa Rosa.

            Nery Morales, vocero de Presidios dijo  que fue Víctor Rosales , ex director de la institución, quien decidió trasladar a los reos a El Boquerón , haciendo uso de la facultad que le otorga el Artículo 8 de la Ley del Sistema Penitenciario, que indica: «En situación de emergencia, la Dirección del Sistema Penitenciario podrá disponer de aquellos traslados, dando cuenta inmediata al juez correspondiente, quien resolverá en definitiva.»

            Rosales , justificó el traslado argumentando que la falta de seguridad en el centro de detención preventiva podría poner en peligro a los cuatro agentes, pero el aviso nunca fue enviado al juez noveno de instancia penal, Nery Medina , quien conocía el caso, lo cual, según expertos jurídicos, constituye un delito de desobediencia ( elPeriódico , 6/03/07).

            El informe de la PDH señala que los presuntos asesinos no debieron haber sido recluidos en una misma prisión y en una misma celda y cuestiona por qué la seguridad en el penal no fue redoblada. 
             
PDH: REOS NO SE AMOTINARON. A lo largo del caso, las autoridades han insistido que los agentes sindicados de dar muerte a los parlamentarios salvadoreños fueron asesinados por un grupo de pandilleros que no querían dentro del penal a agentes policiales involucrados en la represión a las pandillas.

            Reclusos de El Boquerón y familiares que se encontraban de visita el dia del crimen, aseguran que la guardia de Presidios los sacó antes de que la visita terminara y que poco después se escucharon disparos al interior del edificio. Los testigos también afirmaron que vieron entrar un vehículo a la cárcel, del cual descendieron tres hombres, lo cual conduce a la hipótesis de que se trató de un comando que actuó con total impunidad ( Inforpress 1694 ).

            Es importante señalar dos hechos: primero, no existen indicios de que las 15 puertas que había que atravesar para llegar hasta donde se encontraban los agentes, hayan sido violentadas, y segundo, el MP encontró más de 10 cascabillos afuera del penal, lo cual plantea la interrogante de cómo los pandilleros pudieron disparar de adentro hacia afuera cuando se produjo el supuesto motín.

            Así las cosas, la versión del MP que apuntaba a un grupo de pandilleros como presuntos autores del crimen resulta difícil de sostener, ya que parece evidente que el asesinato sólo pudo haberse cometido en connivencia con el sistema penitenciario.

            Sobre este punto, el informe de la PDH es tajante: «El asesinato de los agentes recluidos en El Boquerón no fue producto de un motín de reos, el cual en opinión del Procurador nunca se produjo. No hay indicios materiales y de comportamiento que sustenten esta idea.»

PRESIDIOS EN LA MIRA. Actualmente, el ex director, el ex alcaide y siete guardias de El Boquerón enfrentan un proceso por incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. Entre las pruebas contra los acusados figura la declaración de un subinspector de la PNC quien aseguró que el 25 de febrero último, horas antes del asesinato de los agentes recluidos en el penal, advirtió a las autoridades carcelarias de que sabía que ocurriría un motín pero que éstas no hicieron caso ( Prensa Libre , 1/05/07).

                    Esto podría interpretarse como un intento por parte de la PNC de forzar la hipótesis del supuesto motín a pesar de que las autoridades salvadoreñas, la PDH y otras instancias han planteado serias dudas al respecto.

            En el amplio rompecabezas de hechos y entre la información y desinformación que ha abundado desde que se abrió el caso, también figura una investigación publicada por el diario elPeriódico , la cual sugiere que existen vínculos entre ocho de los guardias que custodiaban la prisión de El Boquerón , el día del cuádruple homicidio y una banda delincuencial que opera en Jalpatagua, por el hecho de los guardias son originarios del citado municipio. Cinco miembros de esta banda se encuentran en prisión sindicados de ser los autores materiales y cómplices del homicidio de los diputados del Parlacen.

            El MP dijo que aunque no existe evidencia que lo pruebe « un 90% apunta a que estos guardias [de El Boquerón] podrían mantener vínculos con la banda de Jalpatagua» (elPeriódico, 30/04/07).

NO SE RESPETÓ EL DEBIDO PROCESO. Según el informe de la PDH las detenciones de presuntos responsables de la muerte de los diputados salvadoreños «se han realizado poniendo en riesgo los derechos constitucionales de toda persona detenida, comprometiendo así la validez de la investigación que realizan las autoridades competentes y, por ende, el efectivo esclarecimiento de los hechos.»

            Al respecto, cabe destacar las declaraciones del ex agente de la DINC , Marvin Contreras Natareno , quinto policía implicado en el caso de los parlamentarios quien asegura que se entregó a las autoridades policiales y que fue interrogado por Carlos Vielmann , ex ministro de Gobernación, Erwin Sperisen , ex director de la PNC y el asesor Victor Rivera y al día siguiente por los fiscales Álvaro Matus y Cándido Bremer.

            Tanto Sperisen como el director de la PNC salvadoreña, Rodrigo Ávila entran en contradicciones sobre esto ( Inforpress 1697 ). El hecho de que Contreras Natareno declarara que se había entregado voluntariamente a las autoridades y no cuatro días después como hicieron creer las autoridades, un procedimiento anómalo e ilegal, impone dudas sobre la validez de su testimonio, en base al cual se llevó a cabo la publicitada captura el 20 de marzo de cuatro supuestos implicados en el asesinato de los diputados salvadoreños.
           
NIEGAN SEÑALAMIENTOS. Álvaro Matus, jefe de la unidad de vida del MP , negó que esta instancia haya actuado con negligencia y que esté destruyendo información. Matus recalcó el hecho de que el MP tiene identificadas a 12 personas por el asesinato de los agentes policiales en El Boquerón , quienes serán enjuiciados próximamente y añadió que otras ocho personas están siendo investigadas por este crimen.

            Según Matus, esto demuestra que «sí se ha investigado»; describió la investigación como «amplia y transparente» y descartó la posible complicidad del MINGOB en la falta de seguridad proporcionada a los diputados, lo cual calificó como «absurdo» (El Mundo, 28/04/07).

            Cabe señalar que las conclusiones del informe presentado por la PDH el 28 de diciembre de 2006, en el cual se responsabiliza de ejecuciones extrajudiciales en el centro penal de Pavón a altos funcionarios de Gobernación fue igualmente desmentidas por las autoridades.

            Sin embargo, tras el asesinato de los parlamentarios salvadoreños, ha salido a la luz amplia evidencia que refuerza los señalamientos de la PDH , incluyendo un reportaje de elPeriódico sobre los hermanos José Luis y Henry Benítez Barrios , asesores ad honorem de la PNC supuestamente involucrados en la ejecución extrajudicial de los siete reos que murieron en Pavón.

            Mientras que Matus niega los señalamientos de la PDH , la nueva ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte , ha evitado pronunciarse sobre el tema. El informe de la PDH resulta incómodo para las autoridades, las cuales han buscado limpiar la imagen del cuerpo de seguridad renovando la plana mayor de la cartera del Interior e iniciando una depuración de agentes policiales con un historial de actividad criminal.

            Las acusaciones de la PDH recuerdan que un gran número de interrogantes en torno al asesinato de los diputados salvadoreños y de la posterior ejecución de los agentes sindicados como autores materiales del crimen, aún permanecen sin respuesta y que la responsabilidad de actores clave en la trama como el ex ministro Vielmann y su asesor Víctor Rivera también se ha dejado en el tintero.

            Carmen Aída Ibarra , de la Fundación Myrna Mack, dijo que con su silencio, el Ministerio de Gobernación buscaba «disminuir las dimensiones de los señalamientos.» Agregó que el caso ha evidenciado «la intención de encubrir o ignorar algunos acontecimientos ” y la activista criticó la falta de “acciones contundentes ” contra los ex jefes policiales Víctor Soto y Javier Figueroa .


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