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Caso Gerardi: autores intelectuales en la mira
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 11 de mayo de 2007

• Retraso en fallo de la CC habría sido por razones políticas

• Nuevos testigos podrían esclarecer autoría intelectual del crimen

• Alcalde Arzú señalado como «eminencia gris» a lo largo del caso

A un día de conmemorarse el noveno aniversario de la muerte del obispo Juan José Gerardi Conedera, la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la condena de 20 años de prisión impuesta a dos militares y un sacerdote por la coautoría en la ejecución extrajudicial del clérigo. Cuando se notifique el fallo, el Ministerio Público (MP) deberá iniciar una investigación contra otros tres militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) durante el gobierno de Álvaro Arzú. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), ha criticado la excesiva demora en la emisión del fallo ya que extraoficialmente fue dado a conocer que el mismo se dictó en septiembre de 2006, pero fue retrasado a la espera de la firma del hasta hace poco presidente de la CC , Alejandro Maldonado Aguirre y otro magistrado. Según fuentes de la CC , Maldonado Aguirre archivó el expediente, ya que uno de los militares condenados es un antiguo miembro del EMP de su correligionario, el ex presidente y actual alcalde metropolitano Álvaro Arzú. La ODHA también ha anunciado que nuevos testigos presenciales del asesinato del obispo Gerardi podrían implicar a los autores intelectuales del asesinato, entre ellos, integrantes del antiguo EMP. Desde que inició el caso en 1998, la sombra del ex presidente Arzú ha estado cercana al proceso y se han señalado acciones que buscan desviar la investigación para ocultar las posibles motivaciones políticas del crimen.

SEÑALAN DEMORA DELIBERADA. La Corte de Constitucionalidad ( CC ) denegó el amparo presentado por la defensa de los militares Byron Lima Oliva y Byron Disrael Lima Estrada , lo cual ratifica la condena de prisión impuesta a los dos castrenses y al sacerdote Mario Orantes Nájera condenados por la coautoría en el asesinato del obispo Gerardi , ocurrido el 26 de abril de 1998.

Según una fuente de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado ( ODHA ), el fallo fue deliberadamente retrasado: «La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue sometida a tres amparos. El trámite se inició, y se dio la lista pública, que es la fase semifinal del proceso de amparo. Despues de la lista pública la ley señala que a los tres días se tiene que dictar sentencia. Pero la lista pública de estos amparos fue realizada el 16 de mayo de 2006 y no fuimos notificados.»

Luego, el 22 de septiembre de 2006, el diario Prensa Libre publicó que la CC había rechazado los amparos, con lo cual se afirmaba la sentencia. Sin embargo, la noticia fue desmentida por la Corte. «Nosotros por fuentes internas nos enteramos de que esa sentencia sí había sido redactada pero que al llegar a la presidencia [Alejandro] Maldonado Aguirre se había detenido y se estaba intentando que se sometiera a una nueva discusión.

Cuando íbamos a la CC a averiguar la respuesta era siempre que la sentencia estaba en la magistratura, es decir que estaba en discusión,» dijo la fuente de la ODHA .

Alejandro Maldonado Aguirre, fue elegido presidente de la CC en marzo de 2006 y cabe recordar que la decisión fue señalada como condicionada a factores políticos. A inicios de 2006, se hablaba de que Maldonado Aguirre, ex diputado de la bancada del Partido Unionista ( PU ), podría ser candidato presidencial en un binomio con Álvaro Arzú , fundador del PU .

Según fuentes de la CC , Maldonado Aguirre demoró el fallo, ya que Arzú no quería que se dejara en firme la sentencia contra Lima Oliva , hijo de Lima Estrada , quien era miembro del Estado Mayor Presidencial ( EMP ) durante su administración.

Llama la atención el hecho de que el 24 de abril de 2007, pocos días después de que Maldonado Aguirre fuera sustituido por el magistrado de la CC , Mario Pérez , como presidente de la CC, finalmente se emitió la resolución que deja en firme la sentencia.

El columnista de elPeriódico , Miguel Ángel Albizurez señala: «Para ese monumento a la impunidad, en Guatemala hay muchos indignos representantes, no sólo en las Cortes sino en el Congreso de la República y hasta en el Palacio de la Loba , de donde según dicen se escapa el alcalde para cabildear en las Cortes a favor de los acusados de participar en el crimen de monseñor Gerardi. No es raro, pues, que a Maldonado Aguirre y Arzú les unan viejos lazos, desde los tiempos en que fueron miembros del MLN, el partido de la “violencia organizada”, y que el crimen se cometió y encubrió cuando Arzú era Presidente» ( elPeriódico , 26/05/07).

El Movimiento de Liberación Nacional ( MLN ), mencionado por Albizurez , fue un partido político de ultraderecha fundado por Mario Sandoval Alarcón tras la contrarrevolución de 1954, y desapareció del espectro político en la década del 90.

Una interrogante que aún no ha sido planteada es hasta qué punto pudieron haberse conjugado factores religiosos y políticos en la trama detrás del asesinato del obispo Gerardi . Cabe recordar que Arzú y muchos de sus allegados pertenecen a la corriente religiosa conservadora Opus Dei, que influyó sobremanera en el MLN. Gerardi , en cambio, era la máxima figura ligada a la Doctrina Social de la Iglesia Católica y fue perseguido desde los años 70 por la extrema derecha.

SURGEN NUEVOS TESTIGOS. Cuando se notifique el fallo de la CC, el Ministerio Público ( MP ) deberá iniciar una investigación en contra del ex jefe del Estado Mayor Presidencial ( EMP ), coronel de aviación Rudy Pozuelos Alegría ; el ex subjefe del EMP , coronel Juan Francisco Escobar Blas y el ex jefe de Servicios del EMP , mayor Andrés Villagrán Alfaro , los tres miembros del EMP del gobierno de Arzú , y a quienes el Tribunal Tercero de Sentencia ordenó que se dejara abierto proceso penal.

Desde que se abrió el caso se han señalado acciones que buscan desviar la investigación para ocultar las posibles motivaciones políticas del crimen (ver cuadro). Sin embargo, a nueve años del asesinato del obispo Gerardi , el círculo parece cerrarse en torno a los altos mandos del EMP.

El mismo día en que se dio a conocer la ratificación de la condena de los dos castrenses y el sacerdote Orantes, la ODHA anunció que ha encontrado nuevos testigos presenciales del asesinato del obispo Gerardi que podrían implicar a los autores intelectuales del asesinato, entre ellos, integrantes del antiguo EMP.

La parte querellante ha solicitado que se deje el juicio abierto tomando la cadena de mando de los responsables del Estado, (en este caso del Ejército) lo cual podría enfocar la investigación no sólo en el EMP de Arzú , sino en el ex Ministro de Defensa, general Marco Tulio Espinosa Contreras y en el propio ex mandatario.

El general Espinosa Contreras ejercía como jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando ocurrió el asesinato del obispo Gerardi , así como el asesinato del empresario Edgar Ordóñez Porta. Hace unos años, el periodista José Rubén Zamora señaló, en referencia a Espinosa Contreras , que en ambos casos «existen indicios de su responsabilidad y participación» (elPeriódico , 3/5/04). Espinosa Contreras también fue jefe del EMP y Ministro de Defensa del gobierno de Arzú.

Al respecto, se recuerda que el ex jefe del EMP, Pozuelos Alegría es hermano de la esposa de Espinosa Contreras , Victoria Haydee Pozuelos Alegría . Cabe señalar que el matutino elPeriódico ha informado en repetidas ocasiones que Espinosa Contreras dirige una oficina de espionaje teléfonico que opera en los sótanos de la municipalidad capitalina, de la cual el jefe edilicio es Álvaro Arzú .

En el caso de Lima Oliva, cuya sentencia ha sido ahora ratificada, se recuerda que dirigía grupos mafiosos en el Centro de Detención Preventiva, donde también se encontraba recluido el militar Noél Beteta , sindicado del asesinato de la antropóloga Myrna Mack . Un sangriento amotinamiento en febrero de 2003 con un saldo de siete reos muertos, cuatro de ellos decapitados, dejó al descubierto el poder del ex militar. De hecho, la ODHA y la Fundación Myrna Mack sostuvieron que el motín fue fraguado por los militares presos por los casos Mack y Gerardi , con el propósito de crear una confusión que llevara a su traslado a una cárcel militar ( Inforpress 1500 ).

Durante el juicio por el asesinato del obispo Gerardi , Edgar Gutiérrez , entonces director de la Secretaría de Análisis Estratégico ( SAE ), señaló al secretario privado de Arzú , Gustavo Porras , de rehusarse a investigar a Lima Oliva , porque según Porras era hacerle el juego a « La Cofradía , que quería destruir al EMP y dejar vulnerable a Arzú» . A La Cofradía se le consideró una camarilla de oficiales de inteligencia militar y una especie de fraternidad interna del Ejército cuyos integrantes estuvieron asociados con la represión y la corrupción administrativa durante el gobierno del general Romeo Lucas García ( Inforpress, Informe Especial , 1535 , e Inforpress 1410).

También cabe recordar el papel de Lima Oliva en el caso Sas Rompich en 1996, el cual evidencia el grado de cercanía entre Arzú y los militares del EMP acusados del asesinato de Gerardi ( Inforpress 1162 ).

I. Las fuerzas oscuras que han manejado los hilos del caso

Inicialmente, el indigente Carlos Enrique Vielman , fue detenido en base al reconocimiento que de él hicieron dos mendigos del parque San Sebastián en fotos del gabinete de identificación de la Policía Nacional Civil ( PNC ). Poco tiempo después fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Mientras Vielman estuvo en prisión, su abogado defensor, Mario Menchú , insistió que el asesinato había sido un «crimen pasional», insinuando que el sacerdote Mario Orantes Nájera , adjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, estaba implicado en el asesinato y tenía una relación homosexual con el obispo Gerardi . Aunque el ex Ministro de Defensa, Marco Tulio Espinosa Contreras lo rechazó, muchas fuentes informativas afirmaron que ésta fue la versión que, pocas horas después del asesinato, la inteligencia militar habría presentado al gabinete político del Arzú , reunido de emergencia (Revista Envío , No 197, 1998).

A un año del asesinato del obispo Gerardi , el obispo Víctor Hugo Martínez , entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala ( CEG ), afirmó que en noviembre de 1998, un emisario del gobierno intentó negociar la liberación del sacerdote Mario Orantes Nájera , a cambio de que éste exculpara de participación en el crimen al gobierno y al Ejército. El diario Siglo Veintiuno reveló que dicho emisario fue un hermano de Arzú ( Inforpress 1311).

Durante el debate oral para esclarecer el asesinato de monseñor Gerardi iniciado en marzo de 2001, Helen Mack declaró que observó a un fotógrafo en la escena del crimen, quien se identificó como integrante del EMP y cuyo nombre era Rubén Darío Morales . Esto fue confirmado por Ángel Conte Cojulún, ex director de la PNC . Altos jefes del EMP habían negado que esta institución estuvo en la escena del crimen ( Inforpress 1410 ).

El Ejército adoptó una postura defensiva, organizando una conferencia de prensa para acusar a Mack de haber pedido la presencia del EMP en el lugar donde se cometió el asesinato. La conferencia de prensa se evidenció como «una burda maniobra militar» luego de que Raquel Zelaya , directora ejecutiva de la Secretaría de la Paz ( SEPAZ ) asumiera la total responsabilidad por la presencia del EMP ( Inforpress 1313 ).

En junio de 2001, tres de los acusados fueron condenados a 30 años de prisión: el coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada , antiguo director de la Inteligencia Militar ; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva , y el ex sargento José Obdulio Villanueva, miembro del servicio de escoltas del EMP .

Dos años después, el cuerpo de Villanueva, apareció decapitado tras un sangriento y confuso motín de presos comunes en el preventivo de la zona 18. El crimen, que tal vez buscó callar para siempre a quien podría revelar informaciones comprometedoras para ex altos oficiales del EMP , se produjo sólo un día después de que la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ) rechazara el auto de anulación de la Corte de Apelaciones.

El año anterior, Noé Gómez Limón , importante testigo y hermano de otro testigo cuyo testimonio se consideró esencial en la sentencia condenatoria dictada inicialmente contra Villanueva y sus dos superiores, fue asesinado elevando a 10 el número de testigos asesinados a lo largo del caso.

Luego, en 2003 cayó otra bomba mediática con la publicación del libro «¿Quién mató al obispo?» de los periodistas europeos Maite Rico y Betrand de la Grange. El libro afirmaba que versiones surgidas durante la primera fase del proceso que resultaban incómodas para la ODHA y la jerarquía católica habían sido frenadas.

Entre ellas, la presunta homosexualidad del sacerdote Orantes y la presencia en la escena del crimen de Ana Lucía Escobar , vinculada a la banda de secuestradores Valle del Sol (grupo al cual también se le adjudicaba el asesinato de Gerardi ) y ahijada del entonces Canciller de la Curia metropolitana, Efraín Hernández .

La investigación también presenta al ex presidente Alfonso Portillo como un mandatario que hizo de la investigación una oferta política. Los autores también señalan a Edgar Gutiérrez y Ronalth Ochaeta (dos de los principales colaboradores de Gerardi en el proyecto REHMI ) como manipuladores del obispo y sostienen que le traicionaron aliándose a uno de los militares más cuestionados en el REHMI .

La ODHA señala que Rico y De la Grange tomaron datos del expediente del caso y los reconstruyeron, sin importar el orden cronológico, con el fin de exculpar a Arzú y miembros del EMP y presentarlos como víctimas. Los críticos del libro también sostienen que su publicación fue financiada por el mismo Arzú ( Inforpress 1541 ).

Edgar Gutiérrez sostiene: «Para limpiar la historia, un par de años más tarde, contrataron mercenarios corresponsales de diarios extranjeros, uno de ellos su viejo colaborador desde inicios de los noventa en Ginebra. Eran dos los propósitos del libelo: arrojar más confusión sobre el caso y presentar a Arzú (el responsable político de Gobierno) como víctima; ahora él se sometía con gusto –cofinanciando- la última etapa del chantaje para lavar imagen» ( elPeriódico , 26/04/07).


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