Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 4 - 2007

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Nueva consulta relanza tema minero
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 16 de junio de 2007

• Pobladores de Ixchiguán rechazan exploración minera

• Autoridades desestiman consulta


• Ambientalistas presentan recurso de inconstitucionalidad parcial contra Ley de Minería

A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) se pronunciara a favor de la acción de inconstitucionalidad planteada por la compañía minera Montana Exploradora S.A. contra la convocatoria a la consulta popular realizada en Sipacapa, San Marcos, en 2005, el municipio de Ixchiguán, del mismo departamento, llevó a cabo una consulta popular en la que 7,561 pobladores rechazaron la minería metálica. En tanto, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, donde se realizó una consulta sin contar con el apoyo edil, los pobladores siguen exigiendo que la municipalidad avale los resultados de la consulta. El gobierno continúa rechazando las consultas populares e insiste que estos mecanismos de decisión no son vinculantes. Por otro lado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) presentó una acción de inconstitucionalidad general parcial contra la Ley de Minería basado en la supuesta violación de ocho de sus artículos. En ese contexto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aprobó los estudios de impacto ambiental de la minera canadiense Skye Resources, para que pueda operar el proyecto de níquel «Fénix» en El Estor, Izabal.

MUNICIPIOS RECHAZAN MINERÍA. El 13 de junio, 46 comunidades de Ixchiguán, San Marcos, llevaron a cabo una «consulta popular de buena fe» en la que 7,561 personas (entre ellas 496 menores) votaron en contra de la explotación minera. Ixchigúan es un municipio de 20,324 habitantes y la mayoría de su población es Mam (aproximadamente 98%).

El Ministerio de Energía y Minas ( MEM ) ha otorgado cuatro licencias de exploración a la compañía minera Montana Exploradora S.A.y hay tres licencias más pendientes de aprobación.

Autoridades ediles y líderes comunitarios preguntaron a la asamblea si estaba o no de acuerdo con la extracción minera en el municipio y a continuación se hizo una votación a mano alzada. Luego, los votantes firmaron un acta comunitaria dando constancia de su decisión.

La consulta fue organizada por la municipalidad con el apoyo del Movimiento de Trabajadores Campesinos ( MTC ), la Asociación para el Desarrollo Integral Maya Ajchmol ( ADIMA ), la Comisión Pastoral Paz y Ecología ( COPAE ), integrantes del Frente Nacional Contra la Minería Química de Metales y la Fundación Guillermo Toriello. La municipalidad aportó unos Q3,500 para la realización de la consulta y las Organizaciones No Gubernamentales ( ONG ) aportaron un total de Q4,230.

Rolando López Crisóstomo, coordinador general de ADIMA , explicó que Ixchiguán se divide en siete subsectores que aglutinan entre 4 y 6 comunidades cada uno. A cada ONG se le asignaron dos sectores para llevar a cabo una labor de sensibilización e información durante los meses previos a la consulta. Este proceso incluyó la proyección de videos y la difusión de documentos sobre la minería metálica.

«Esto es un evento político que va a generar mucho impacto a nivel local y nacional», dijo Crisóstomo después de la votación.

Gerónimo Navarro Chilel, alcalde municipal, declaró que la consulta se preparó con base en la inquietud de los pobladores, quienes se habían enterado de que se habían otorgado cuatro licencias de exploración en el municipio y sabían que se habían llevado a cabo procesos de consulta en otros municipios de la región.

Según el alcalde, a la población le preocupaba el impacto ambiental de la minería: «Ixchiguán es la cabecera de cuenca de los ríos Suchiate, Grijalva y Coatán. Si hubiera minería estaríamos contaminando la cuenca intermedia y baja de estos ríos.»

Navarro Chilel defendió el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre los proyectos mineros: «Las consultas se basan en el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT. Es una forma de hacer resistencia ante las políticas neoliberales que hay en Latinoamérica.»

De manera contraria se manifestó el viceministro de Energía y Minas, Jorge García Chiú, quien dijo: «No estaba enterado de esta consulta. Está bien que la gente manifieste su opinión pero estas consultas no son vinculantes.» El funcionario añadió que el tema de la minería se ha explotado con fines políticos y que «se está causando desinformación, diciendo que la minería va a causar problemas cuando no es así.» (ver cuadro I).

Mientras tanto, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, donde 12 comunidades realizaron un proceso de consulta en abril recién pasado, a través de asambleas comunitarias, pero sin contar con el apoyo edil ( Inforpress 1705 ), miles de campesinos provenientes de por lo menos 16 aldeas protestaron el 6 de junio frente a la municipalidad citadina para manifestar su rechazo a la operación minera y exigir que la municipalidad avalara la consulta. Autoridades ediles consultadas por Inforpress dijeron que «aún están analizando la situación para dar una respuesta a las comunidades.»

Después de la protesta, el Frente Nacional Contra la Minería Química de Metales publicó un comunicado declarando: «Diga lo que diga la Corte de Constitucionalidad, ayer fue puesta muy en claro la voluntad del pueblo sanjuanero respecto a la minería no metálica. La esencia misma de la democracia implica el reconocimiento y el respeto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Desconocer el valor incuestionable de lo que el pueblo expresa masiva y pacíficamente en las calles, en sus marchas, a través de sus legítimas organizaciones, implica devaluar el concepto y la práctica de la democracia.»

BUSCAN IMPUGNAR LEY DE MINERÍA. Coincidiendo con el Día Internacional de la Biodiversidad, el 22 de mayo, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social ( CALAS ), presentó una acción de inconstitucionalidad general parcial contra la Ley de Minería (decreto 48-97) en ocho de sus artículos.

La acción, presentada el 23 de mayo, se basa en la supuesta violación de los artículos de la Carta Magna, que obligan a evitar la contaminación del ambiente y mantener el equilibrio ecológico; por la forma de conceder derechos sobre las aguas a las empresas y por el impacto del uso del subsuelo para obtener minerales, y por el otorgamiento de excenciones tributarias a las mineras (ver cuadro II).

La Corte de Constitucionalidad ( CC ) tiene ocho días para expresar si procede la acción legal. Este plazo se venció el 4 de junio y la CC aún no se ha pronunciado al respecto.

Yuri Melini , director de CALAS explicó a Inforpress que al equipo de abogados de esa organización le llevó tres años analizar todos los aspectos legales. Añadió que tienen como antecedente la victoria de la ex fiscal especial del Medio Ambiente de Honduras, Clarissa Vega , quien en representación de varias organizaciones ambientales, logró que la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarara inconstitucionales nueve artículos de la Ley de Minería de ese país en octubre de 2006.

Melini se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de éxito de la acción legal presentada, a pesar del reciente dictámen de la CC a favor de Montana Exploradora S.A. contra la consulta popular en Sipacapa. El ambientalista dijo que confía en la imparcialidad del nuevo presidente de la CC , Mario Pérez Guerra , a diferencia de su predecesor, Alejandro Maldonado Aguirre , a quien se le ha señalado de responder a intereses empresariales (Inforpress 1705).

Melini añadió que si la CC manda la acción de inconstitucionalidad al limbo jurídico esto «creará incertidumbre» e ntre los inversionistas extranjeros. El ambientalista sostiene que la acción de inconstitucionalidad presentada por CALAS ha tenido el efecto deseado ya que la organización ha recibido llamadas del Banco Mundial y empresas extranjeras manifestando preocupación por la posibilidad de que la CC falle a favor de CALAS .

Si la CC falla en su contra, CALAS planea presentar otros recursos de inconstitucionalidad basado en la violación de los derechos indígenas y los derechos económicos de las poblaciones afectadas por la minería metálica.

Por su parte, García Chiú, dijo: «No la tomamos en cuenta [la acción de inconstitucionalidad].» El funcionario añadió que el artículo 86 de la Ley de Minería que garantiza ciertas exoneraciones tributarias a las empresas mineras fue derogado en 1998 y que, por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad carecía de fundamento.

I. MARN aprueba estudios de impacto ambiental de la CGN

La Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN ), subsidiaria de la empresa canadiense Skye Resources, anunció el 7 de junio que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ) ha aprobado los estudios de impacto ambiental ( EIA ) relacionados con la planta de procesamiento y la licencia minera para la explotación de níquel en el Proyecto Fénix , en Izabal, El Estor. Tras divulgarse esta noticia, el valor de las acciones de Skye se incrementó 10%.

La resolución del MARN , según el presidente de Skye Resources, Ian Austin, permitirá iniciar los trabajos de construcción para empezar la producción de níquel a partir del segundo semestre de 2009.

Varios desalojos ocurrieron el 8 y 9 de enero de 2007, en El Estor, Izabal, cuando unos 800 policías y 150 efectivos del Ejército desocuparon terrenos que habían sido tomados por cientos de familias desde hace varios meses. Los pobladores Q´eqchí´es afirmaban ser los verdaderos dueños de las tierras, que hoy CGN posee como parte de sus licencias de exploración y explotación ( Inforpress 1688 ).

El proyecto minero Fénix, se ha visto envuelto en investigaciones derivadas de las múltiples anomalías encontradas en las licencias para exploración y explotación así como en sus EIA ( Inforpress 1660).

Los retos por delante que tiene Skye Resources serán, entre otros, resolver el conflicto de tierras con los pobladores y comunidades aledañas al proyecto Fénix; y el suministro de electricidad. La compra de generadores o un acuerdo de compra de electricidad de la red nacional son opciones que le exigirán a la minera nuevos estudios ambientales.


II. Síntesis de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería

1. El artículo 19 de la Ley de Minería, establece que los titulares de licencias de reconocimiento o de exploración deben presentar a la Dirección un estudio de mitigación relacionado con las operaciones mineras antes de iniciar las labores correspondientes. El artículo 20, establece que los interesados en obtener una licencia de explotación minera deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental ( EIA ) a la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de ser necesario al Consejo Nacional de Áreas Protegidas ( CONAP ) como requisito para el otorgamiento de la licencia. Según ambos artículos, los estudios deberán resolverse en un plazo de 30 días, «pero transcurrido dicho plazo sin resolverse, se tendrán por aceptados los estudios.»

CALAS argumenta que ambos artículos establecen la posibilidad de que las operaciones mineras se inicien sin contar con los estudios necesarios, lo cual viola los artículos 64 y 97 de la Constitución, según los cuales el Estado debe «garantizar» la protección del medio ambiente.

2. Los artículos 21, 24 y 27 de la Ley de Minería, establecen respectivamente que las licencias de reconocimiento, exploración y explotación confieren al titular la facultad de identificar áreas de exploración, localizar y explotar yacimientos dentro de sus respectivos límites territoriales e «ilimitadamente en la profundidad del subsuelo.»

Según CALAS , esto viola el artículo 97 de la Constitución que impone al aprovechamiento de los recursos naturales, límites como la prevención de la contaminación ambiental, protección del equilibrio ecológico y el uso racional de los recursos, ya que se conceden a las mineras el derecho de explotar los recursos sin ninguna restricción.

3. El artículo 75, literal «d» de la Ley de Minería, establece que las empresas mineras podrán «descargar las aguas por los cauces existentes en el predio sirviente, siempre que las condiciones de los mismos lo permitan y se cumpla con las leyes de protección ambiental.»

Esto, argumenta CALAS , viola el artículo 128 de la Constitución, el cual estipula que las aguas deben servir el interés de la comunidad y no de particulares.

4. El artículo 81 de la Ley de Minería establece que las operaciones mineras deben realizarse evitando «en lo posible» el desperdicio y las prácticas ruinosas. CALAS considera que esto resta coercibilidad a la norma y lo convierte en un postulado moral. Además, viola la obligación constitucional del Estado de «garantizar» la protección de los recursos naturales.

5. El artículo 86 de la Ley de Minería estipula que el titular del derecho minero «podrá importar libre de tasas y derechos arancelarios los insumos, maquinaria, equipo, repuestos, accesorios, materiales y explosivos que sean utilizados en sus operaciones.»

El Artículo 243 de la Constitución establece que quien mayores posibilidades de pago goza debe tener una carga tributaria mayor. Por lo tanto, según CALAS , las mineras, con un gran capital a su disposición, no deberían de gozar de ninguna exención.


En cooperación con Inforpress Centroamericana - Inforpress C.A. es una revista semanal de análisis que cubre la región centroamericana, y depende de suscripciones para sus ingresos. www.inforpressca.com

www.albedrio.org


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.