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Persisten dudas sobre asesinato de diputados salvadoreños
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 14 de julio de 2007

• Agentes del FBI: «Autoridades guatemaltecas han entorpecido la investigación»

• Autoridades niegan señalamientos; Fiscal General: «el caso está aclarado»

• Mandatario salvadoreño exige esclarecimiento de la autoría intelectual del crimen

Durante los últimos meses, los medios de comunicación nacionales se han enfocado en la cobertura electoral, y se le ha dado poco seguimiento a la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y la posterior ejecución de cuatro agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) sindicados de la autoría material del crimen. Pero un artículo publicado recientemente por el diario estadounidense Los Angeles Times, cita a agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), quienes acusan a las autoridades guatemaltecas de obstruir la investigación y negarles acceso a información de vital importancia para el esclarecimiento del asesinato, despertando un nuevo interés en el caso. Esta semana, la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, y el Fiscal General, Juan Luis Florido, han negado vehementemente estos alegatos afirmando que el caso está «aclarado» a pesar de que la autoría intelectual del crimen aún no ha sido dilucidada. En respuesta, el presidente salvadoreño, Antonio Saca, siguió presionando a las autoridades guatemaltecas para que se despejen las múltiples interrogantes que persisten en torno al caso.

SEÑALAN ENTORPECIEMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. Según un artículo publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times, el 6 de julio, se han evidenciado serias deficiencias en la investigación sobre el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), lo cual convierte en remota la posibilidad de que llegue a esclarecerse la autoría intelectual del crimen.

Seis días después de que los tres parlamentarios y su chofer fueran secuestrados, acribillados y quemados vivos dentro de su vehículo, cuatro policías guatemaltecos sindicados como autores materiales del crimen: Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, fueron ejecutados en el penal de máxima seguridad El Boquerón, en Santa Rosa.

El crimen se registró horas antes de que expertos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) iniciara pesquisas sobre el asesinato de los diputados.

Las autoridades guatemaltecas sostienen que los policías fueron asesinados por un grupo de pandilleros quienes supuestamente no querían dentro del penal a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) comprometidos con la represión a las pandillas y el temor a que se produjera una limpieza social, les hizo montar un motín dentro del presidio.

Sin embargo, otros reclusos y familiares que se encontraban de visita, aseguran que la guardia de presidios los sacó del penal minutos antes de que la visita terminara, por la guardia de Presidios con el argumento de que harían una requisa. Poco después, se escucharon disparos en el interior del penal. Los testigos afirmaron que vieron entrar un auto a esa cárcel del cual descendieron tres hombres, lo cual condujo a la hipótesis de que se trató de un comando que actuó bajo un manto de impunidad total (Inforpress 1694).

Tras la ejecución de los agentes, el director de la PNC de El Salvador, Rodrigo Ávila, declaró que los asesinatos tenían como objetivo «evitar que se abra la caja de Pandora y se descubran hechos muy graves ocurridos en Guatemala relacionados con el crimen organizado” ( Inforpress 1694 ).

Según Los Angeles Times, los agentes de la FBI se han mostrado «horrorizados» por la conducta de las autoridades guatemaltecas a cargo de la investigación. Además, el diario estadounidense cita a un agente de inteligencia centroamericano quien afirma, que las autoridades guatemaltecas «se han negado a proporcionarle información al FBI» , ya que una investigación profunda del caso «revelaría hasta qué punto el Estado guatemalteco se encuentra capturado por el crimen organizado

El agente de la FBI, quien pidió reserva de su nombre, dijo al diario estadounidense: «La evidencia fue manejada con descuido. Se ignoraron pistas obvias en el caso», incluyendo la bitácora telefónica de los policías ejecutados en El Boquerón, la cual podría contener información sobre otros agentes vinculados con el caso.

Cabe recordar que un informe preliminar sobre el caso de los diputados salvadoreños, elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y presentada al Congreso, el 26 de abril, hizo señalamientos similares contra las autoridades.

El informe de la PDH criticó la falta de custodia a las oficinas de la DINC a la que pertenecían los policías sindicados del asesinato de los diputados, y señaló que documentos relacionados con el caso estaban siendo sustraídos de las oficinas de la DINC.

Según la PDH, a pesar de que el 27 de febrero, el juez noveno de instancia penal otorgó a esta instancia la potestad de obtener copias de los documentos relacionados con el caso, tanto la DINC como el MP se rehusaron a proporcionar los documentos solicitados argumentando que la decisión del juez había sido impugnada (Inforpress 1702).

Los Angeles Times también cita a un oficial de inteligencia centroamericano, según el cual, una fraternidad interna del Ejército conocida como La Cofradía, podría estar vinculada al caso.

«¿Quién más tendría las agallas y la capacidad estratégica para ingresar en una prisión con AK-47 y asesinar a los testigos antes de que el FBI pudiera interrogarlos?», dijo el oficial, citado por el diario estadounidense bajo condición de anonimato.

Oficiales de inteligencia entrevistados por el diario estadounidense, sostienen que cuatro presuntos implicados en el asesinato de los diputados salvadoreños, detenidos a finales de marzo y supuestamente vinculados con una banda de narcotraficantes de Jalpatagua, Jutiapa, están ligados a un cartel de drogas mexicano.

Cabe recordar que Los Angeles Times ya había lanzado esta hipótesis en un artículo publicado el 4 de marzo, en el cual se cita a una fuente de inteligencia anónima, según la cual los cuatro policías asesinados en El Boquerón «trabajaban para un cártel mexicano que embarcaba drogas a lo largo de la costa del Pacífico de América Central. Los agentes se dedicaban a derribar a los traficantes rivales

«CASO ACLARADO» CON AUTORÍA INTELECTUAL PENDIENTE. Las autoridades guatemaltecas han negado rotundamente los señalamientos que hacen las fuentes entrevistadas por Los Angeles Times .

«No tenemos nada que esconder. Queremos que se esclarezca este caso y nunca hemos actuado de mala fe» dijo la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte , al citado diario. La ministra añadió que la investigación estaba progresando y recalcó que «se ha llevado un proceso judicial».

Las palabras de la ministra pueden interpretarse como una alusión al procesamiento de los pandilleros Fredy Giovanni Mayrena Maltez alias «el cartoon», Randy Manolo Álvarez Veliz alias «el largo», Cornelio Morales Ramírez alias «el killer» y Juan Carlos Morales Miranda alias «el crafty» por delitos de asesinato y motín de reos, en la cárcel de El Boquerón .

Sin embargo, cabe señalar dos hechos: primero, no existen indicios de que las 15 puertas que había que atravesar para llegar hasta donde se encontraban los agentes, hayan sido violentadas; y segundo, el Ministerio Público (MP) encontró más de 10 cascabillos afuera del penal, lo cual plantea la interrogante de cómo los pandilleros pudieron disparar de adentro hacia afuera cuando se produjo el supuesto motín.

Por lo tanto, la versión del MP que apuntaba a un grupo de pandilleros como presuntos autores del crimen resulta difícil de sostener, ya que parece evidente que el asesinato sólo pudo haberse cometido en connivencia con el sistema penitenciario.

Es importante recordar la conclusión de la PDH sobre este punto: «El asesinato de los agentes recluidos en El Boquerón no fue producto de un motín de reos, el cual en opinión del Procurador nunca se produjo. No hay indicios materiales y de comportamiento que sustenten esta idea» ( Inforpress 1702 ).

El Fiscal General, Juan Luis Florido, también negó los señalamientos durante una rueda de prensa sostenida el 11 de julio, y dijo que el caso estaba «aclarado», a pesar de que aún se desconoce el móvil y la autoría intelectual del asesinato de los diputados.

Florido dijo que existe un interés por «retorcer» el caso e insistió en que «un agente falso» era responsable de las declaraciones citadas por Los Angeles Times y estaba dando información errónea sobre el caso para confundir a la opinión pública y distraer la atención «de lo que ya es un hecho».

Florido también negó que se hubiera entorpecido la investigación de los agentes del FBI y recalcó que «fuimos nosotros [el MP] los que invitamos al FBI a participar en las investigaciones» (La Hora, 11/07/07) .

Sin embargo, Florido omitió el hecho de que tras el asesinato de los diputados, el presidente Berger, se vio obligado a solicitar ayuda a las autoridades estadounidenses bajo fuertes presiones por parte de su homólogo salvadoreño, Antonio Saca, y no por iniciativa propia.

Tras las declaraciones de Florido, el presidente Saca dijo: «el fiscal Florido ha hecho una buena labor, se ha logrado llevar a la cárcel a varios de los autores materiales y esperamos que se llegue a los intelectuales, creo que la información debe continuar», pero al mismo tiempo pidió la captura de los autores intelectuales (EFE , 12/07/07), enfatizando así que las autoridades salvadoreñas no quitarán el dedo de la llaga y continuarán ejerciendo presión sobre las autoridades guatemaltecas hasta que se esclarezca el caso.

El gobierno salvadoreño no ha desistido en su exigencia de que se dilucide la autoría intelectual del asesinato, la cual fue reiterada durante una sesión rotativa del PARLACEN, que se llevó a cabo el 27 de junio en Honduras.

Durante los últimos meses, los medios de comunicación nacionales se han enfocado en la cobertura electoral y el caso se ha ido relegando a segunda plana. Sin embargo, la publicación del artículo de Los Angeles Times ha vuelto a despertar el interés sobre el tema y ha demostrado que no resultará tan fácil barrer el caso bajo la alfombra.

Como recalca el editorial del vespertino La Hora del 12 de julio: «Fácil, sencillo y sin complicaciones, se cierra uno de los casos paradigmáticos que ponía en entredicho a todo el sistema y al Estado. Y a los ciudadanos nos queda “clarísimamente aclarado” que aquí sigue en pie la impunidad, la protección a los peces gordos y que no existe voluntad para resolver los casos».

Persisten las irregularidades y las interrogantes sin respuesta


• ¿Por qué las autoridades de Presidios trasladaron a los policías sindicados del asesinato de los diputados a la prisión de El Boquerón , cuando el auto de procesamiento ordenaba que los agentes debían permanecer en el Preventivo de la zona 18?

• El ex agente de la DINC, Marvin Contreras Natareno, quinto policía implicado en el caso de los parlamentarios, asegura que se entregó a las autoridades policiales y que fue interrogado por Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación; Erwin Sperisen, ex director de la PNC, y el asesor Víctor Rivera, y al día siguiente por los fiscales Álvaro Matus y Cándido Bremer, un procedimiento anómalo e ilegal, que impone dudas sobre la validez de su testimonio, en base al cual se llevó a cabo la captura, el 20 de marzo, de cuatro supuestos implicados en el asesinato de los diputados salvadoreños ( Inforpress 1697).

• Tras la renuncia de Vielmann y Sperisen, el asesor del MINGOB, Víctor Rivera ha permanecido en su puesto aunque no se ha aclarado su supuesto involucramiento en operaciones de «limpieza social» dirigidas desde la cartera del Interior.

• ¿Por qué no se dictó una orden de arraigo contra el ex sub director de la DINC, Javier Figueroa (de quien hasta hoy se desconoce su paradero) y por qué las autoridades resolvieron que no era testigo en el caso?

 

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