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Sayaxché, tras linchamiento prevalece la anarquía
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 31 de julio de 2007

• Supuesto robo de menores desencadena actos de violencia colectiva

• Testigos: «linchamiento fue un montaje con fines políticos»

El reciente linchamiento de dos presuntos «robaniños» en Sayaxché, Petén, es el caso más reciente que relaciona el tráfico de menores con la violencia comunitaria. Tras el rapto y asesinato de una niña de nueve años, en Chiquimula, el mes pasado, se ha agravado el estado de psicosis y paranoia colectiva que viven muchas comunidades a causa de la violencia generalizada, provocando una reacción en cadena en otras regiones del país. Aún existen muchos interrogantes en torno a los sucesos de Sayaxché, pero en el trasfondo empieza a vislumbrarse un complejo entramado en el que se entremezcla el narcotráfico, la posible presencia de grupos armados clandestinos y diversos actores que han aprovechado la coyuntura con fines políticos.

LINCHAN A PRESUNTOS ROBANIÑOS. La noche del 16 de Julio, Manuel Leopoldo Saguén, de 40 años, fue linchado, en Sayaxché, Petén, y Luz Max Muz, de 35 años, su cuñada, fue vapuleada por una turba que los acusaba de robar y vender niños.

Según testigos presenciales, se difundió el rumor entre la población de que Saguén y Max Muz estaban vinculados con una red de traficantes de menores para adopciones irregulares y el tráfico de órganos. Se afirmaba incluso, que existía un túnel bajo la vivienda de los supuestos «robaniños» donde los menores estaban amarrados a costales.

Los testigos relatan que los enardecidos pobladores sacaron a Saguén de su vivienda, lo patearon, lo rociaron con gasolina y finalmente lo quemaron vivo en el parque central de Sayaxché. Max Muz, después de ser vapuleada, hizo una supuesta confesión, admitiendo su involucramiento en el negocio de las adopciones, y posteriormente, fue entregada a la Policía Nacional Civil ( PNC ).

Luego, la turba llegó a la casa del secretario municipal, a quien se acusaba de falsificar actas de nacimiento para los niños robados, con la intención de lincharlo. Al no encontrarlo, dejaron el cadáver calcinado de Saguén en frente de su casa. La casa del alcalde municipal, Luis Alberto Navarijo , quien permanece escondido por temor a perder su vida, también fue saqueada y quemada.

Tras allanar la vivienda de Saguén y Max Muz, las autoridades no encontraron niños en cautiverio ni restos de órganos infantiles pero sí hallaron una bolsa con actas de nacimiento, que no habían sido expedidas en Petén y fotografías de menores.

En Sayaxché no se ha denunciado ningún caso de sustracción de menores, pero algunas mujeres del municipio han admitido haber vendido a sus hijos a Saguén y Max Muz, por Q10 mil aunque sólo recibieron Q3 mil.

Varias fuentes dijeron a Inforpress que antes del linchamiento, imperaba un ambiente de tensión y desconfianza en el municipio debido a la inseguridad generalizada, situación que fue agravada por rumores sobre la sustracción de menores que se difundieron tras el rapto y asesinato de Alba Mishell España , de 9 años, el 15 de junio, en Camotán, Chiquimula, que un día después de su desaparición, fue hallada en un barranco con varios órganos extraídos. Los vecinos reaccionaron con la captura de tres mujeres sindicadas del crimen: una fue linchada, otra fue vapuleada, y se desconoce el paradero de la tercera.

Según la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos, desde que ocurrió la muerte de Alba Mishell España, han aumentado los linchamientos vinculados a la sustracción de menores, fenómeno que se ha recrudecido durante los últimos meses (ver cuadro). Desde ese día hasta la fecha, han ocurrido unos 12 casos más.

En el mes de julio, hubo cuatro intentos de linchamiento en Petén, todos motivados por sospechas sobre la sustracción de menores, lo cual parece indicar que el caso de Camotán creó una reacción en cadena o una especie de «efecto dominó» (ver cuadro).

EL TRASFONDO. Tras el linchamiento de los supuestos «robaniños», Sayaxché vivió tres días de disturbios, durante los cuales 11 policías fueron capturados como rehénes y liberados a cambio de cuatro pobladores sindicados de participar en actos de violencia. Para restablecer el orden, fue necesaria la intervención de las fuerzas antimotines de la policía, con bombas lacrimógenas.

Posteriormente, llegó al lugar el gobernador de Petén, Carlos Kuylen Morales, acompañado de miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos ( PDH ) y otros funcionarios para negociar. Los pobladores amenazaron con retener al gobernador si no se comprometía a destituir al alcalde, Luis Alberto Navarijo , y a todo el Concejo edil.

En el «Informe sobre la situación de los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos en el primer semestre de 2007», el Grupo de Apoyo Mutuo ( GAM ) señaló: «Los linchamientos – como manifestaciones sintomáticas de la crisis que vivimos -, se han hecho sentir nuevamente, producto del clima de inseguridad y la creciente criminalidad, que ha generado psicosis entre la población, por el aumento de robo de niños.»

Sayaxché es una municipalidad de población mayoritariamente maya q'eqch'í que se caracteriza por su aislamiento, por la falta de presencia policial (antes del linchamiento contaba con sólo 10 agentes policiales) y por la prevalencia de actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando de piezas arqueológicas, y el trasiego de maderas preciosas y de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Petén, un departamento que vivió fuertes enfrentamientos entre la guerrilla y la contrainsurgencia durante el conflicto armado, es ahora «tierra de nadie.»

A esto, se suma la violencia política ante las proximidad de los comicios de septiembre. Un investigador del Servicio de Análisis e Información Antinarcóticas (SAIA) señaló a Sayaxché como uno de los municipios bajo la mira de las autoridades por posibles infiltraciones del narcotráfico hacia partidos políticos (elPeriódico, 30/03/07).

Varios testigos coinciden en que un grupo de individuos incitaron el linchamiento y promovieron los posteriores disturbios con fines políticos. Estuardo Puga, auxiliar departamental del Procurador de los Derechos Humanos, dijo a Inforpress: «Hubo camiones transportando gente de otras comunidades. Había candidatos hablando por altoparlantes pidendo que no votaran otra vez por el alcalde.»

Navarijo, de la Unidad Nacional de la Esperanza ( UNE ), asevera que todo el incidente «fue un montaje» y señala como incitadores a Manuel Xi y Carlos Cuz , candidato a alcalde y a diputado por la Gran Alianza Nacional ( GANA ), respectivamente. Inforpress intentó comunicarse con Xi y Cuz pero no contestaron las llamadas a sus celulares.

Una fuente, que pidió reserva de su nombre relató que llegaron unos 30 pick-ups con personas, provenientes de otras municipalidades e incluso desde Cobán, muchos de ellos armados. Según esta fuente entre la gente que llegó se encontraban unos 200 individuos con indumentaria militar que cantaban «nosotros somos los guerrilleros.»

No es la primera vez que se especula sobre la presencia de grupos clandestinos armados en Petén. La revista mexicana Contralínea, señaló el reclutaminto de kaibiles por la delincuencia organizada mexicana, lo cual se evidenció tras la captura de siete guatemaltecos entre quienes se encontraban tres ex kaibiles, en Comitán, Chiapas, en agosto de 2006.

Por su preparación, los kaibiles son cotizados por grupos de delincuencia organizada y por empresas de seguridad privada a las que estos militares comenzaron a integrarse, tras una reducción de 50% de la plantilla militar bajo el presente gobierno. Algunos han referido que el capo guatemalteco Otto Herrera , recientemente capturado, ha reclutado a estos soldados como escolta personal, como también lo ha hecho el capo mexicano Osiel Cárdenas Guillén .

En el citado artículo, Jorge Ortega Gaytán , ahora ex vocero del Ejército, asegura que en menos de cinco años en Guatemala resurgirán grupos guerrilleros que actualmente se organizan en Sayaxché, por lo cual los kaibiles se entrenan ahora para combatir una guerrilla similar a las FARC en Colombia ( Contralínea , enero 2a quincena de 2007, No. 71).

I. Robo de niños: el elemento detonante

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos ( PDH ), en lo que va del año se han registrado 230 casos de robo de niños. Tan sólo este año la Procuraduría General de la Nación ( PGN ) ha identificado 30 expedientes de adopción cuyos análisis de ADN no coinciden entre el hijo y la madre. Estos casos fueron enviados a la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, del Ministerio Público ( MP ) pero ha habido pocos avances en la investigaciones.

La PGN sostiene que la sustracción de menores por mafias para darlos en adopción en forma anómala podría haberse incrementado en los últimos meses ante el anuncio de Estados Unidos, principal destino de los menores guatemaltecos, de la inminente ratificación del Convenio de La Haya sobre Protección de los Niños y Cooperación en materia de Adopción Internacional.

Estados Unidos firmó su adhesión al convenio en 1994 pero no será ratificado hasta finales de 2007. A partir de entonces se requerirá que una autoridad central en el país de origen establezca controles más exhaustivos de los procesos de adopción ( Inforpress 1694 ). Guatemala es el primer país proveedor per cápita de adopciones internacionales a nivel mundial. Mientras que el promedio de adopciones en el resto de Centroamérica fue de 400 por país en 2006, en Guatemala hubo 5,024.

Las adopciones en el país se han convertido en un lucrativo negocio. Un trámite de adopción puede costar entre US $15 mil y US $30 mil, incluyendo los honorarios del notario, el pago de la atención del parto y el cuidado en las casas cuna. Las mayores ganancias son para los abogados y notarios, quienes obtienen hasta US$750,000 al mes ( Inforpress 1655 ).

Los expertos en protección de la niñez piden una reforma del Código Penal que criminalice el tráfico de menores. Actualmente, el Código Penal establece para la sustracción de menores una pena máxima de tres años de prisión, los cuales son conmutables con el pago de una fianza. En los últimos cuatro meses, la Policía ha detenido a 15 mujeres acusadas de robo de niños pero todas han salido libres tras pagar una multa de Q5 mil.


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