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Participación política de indígenas sin cuotas de poder
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 20 de agosto de 2007

• Escasa participación indígena en cargos políticos de alto nivel

• Planes de gobierno: un vacío discurso multicultural

La participación política confiere a la persona la posibilidad de ejercer su capacidad de actuar más allá del ámbito privado y le permite, además, tomar parte activa en los procesos y decisiones que afectan su vida y la de los colectivos a los cuales pertenece. Esta reflexión ayuda a analizar cómo para los pueblos indígenas, quienes constituyen un 60% de la población, el derecho de participar como candidato y ser electo para un cargo público es un reconocimiento formal pero dista mucho de ser efectivo, lo cual evidencia una enorme brecha entre el discurso multicultural de la élite política y una realidad en que le veda espacios de participación a los pueblos mayas de Guatemala. Durante los últimos años se ha constatado una mayor participación indígena en los procesos electorales pero algunos líderes mayas señalan que el incremento es puramente cuantitativo y a través de espacios políticos conservadores que utilizan a los indígenas únicamente como símbolos.

PUEBLOS INDÍGENAS Y EL PROCESO ELECTORAL. El informe nacional de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2005, analiza la participación de los pueblos indígenas en el ámbito político y busca derribar varios mitos, entre ellos el supuesto abstencionismo indígena.

Las estadísticas muestran que el nivel de empadronamiento de los pueblos indígenas es más bajo en comparación con la población ladina (sólo uno de cada tres indígenas está inscrito como ciudadano). Sin embargo, los indígenas votan más que los ladinos empadronados, por ejemplo, en los comicios de 2003, el promedio nacional de participación fue de 58% y para los indígenas un punto mayor, con 59%.

En 2003, en los cinco departamentos con mayor población indígena (85.7% promedio), la participación electoral fue un 3% mayor que en los departamentos con menos indígenas (61% en los primeros y 58% en los segundos).

El departamento con mayor población indígena en el país, Sololá, tiene el más alto índice de participación nacional, un 70% (un 17% más alto que el promedio nacional) y el departamento con menor población maya, El Progreso, sólo un 37% de participación.

Además, de los 15 municipios con la tasa de participación electoral más baja (menor del promedio nacional que es del 56%) hay ocho municipios con alta presencia no indígena, y los municipios con la más alta participación en las urnas son aquellos con los más altos porcentajes de población indígena.

Según Álvaro Pop, politólogo y miembro de la Misión de Observación Indígena, desde que se llevó a cabo la primera misión de observación indígena en 1999, se ha identificado una mayor participación indígena en el proceso electoral pero aún falta evaluar si esto «trae consigo una conciencia cívica.»

Rigoberto Quemé, ex alcalde de Quetzaltenango (1999-2003), señala que «existe un incremento cuantitativo de la participación indígena pero ha sido a través de espacios políticos conservadores y de derecha. Los partidos conservadores usan a los indígenas como símbolos, no como participación real y efectiva con cuotas de poder».

 

I PLANES DE GOBIERNO: PREDOMINA UNA VISIÓN PATERNALISTA.

• La mayoría de los planes de gobierno fueron redactados por tres o cuatro miembros del comité ejecutivo de los partidos, entre los cuales hay pocos o ningún indígena. Resulta paradójico que propuestas para la población indígena sean redactadas por ladinos y demuestra la prevalencia de una visión paternalista.

• Todos los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, asumen el discurso de la multiculturalidad y todos los planes de gobierno incluyen el derecho de los pueblos indígenas a la educación bilingüe en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, en ningún plan se menciona el presupuesto que se le asignará. Esto es un punto crucial - tres años después de la aprobación de la Ley de Idiomas, el Ejecutivo no ha emitido el reglamento que la viabilice y la DIGEBI cuenta con un presupuesto irrisorio.

• Se advierten contenidos racistas o paternalistas en muchos planes de gobierno. Por ejemplo, el PU señala que «la cuestión indígena representa uno de los asuntos cruciales del siglo XXI porque plantea el problema del derecho a la diferencia» . Bajo el apartado «el unionista y los pueblos indígenas» , el PU se compromete a «asegurar que las instituciones gubernamentales encargadas de temas indígenas sean confiadas a profesionales indígenas» sin mencionar la participación indígena en otros cargos gubernamentales. ¿Significa esto que según los unionistas, un indígena puede dirigir el FODIGUA , pero no el Ministerio de Economía? La UNE habla de encontrar una forma «apropiada» para la aplicación del derecho consuetudinario. ¿Acaso existe una forma «no apropiada» para el ejercicio de este derecho?

• Varios planes de gobierno, entre ellos el de la UNE y el PP promueven el turismo como un camino hacia el desarrollo para los pueblos indígenas. Sin embargo, en estos planes no se contempla el impacto del turismo en el tejido social de los pueblos indígenas. Además, cae en el riesgo de promover una visión «folklorista» del indígena.

• Únicamente el Frente por la Democracia, ANN y URNG abordan el tema de la minería, y la implementación del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

• Muchos planes se basan en la creación de nuevas instancias gubernamentales para la atención de temas relacionados con la población indígena. Se observa una tendencia de solucionar problemas creando nuevas oficinas o fondos sociales, cuando actualmente ya existen varias dependencias del Estado que se encargan de estos temas (por ejemplo, CODISRA, FODIGUA, DEMI y DIGEBI) pero que se ven seriamente limitadas por la falta de presupuesto que se les asigna. Según el ex viceministro de Educación, Demetrio Cojtí «la carencia específica de estas dependencias indígenas es que aunque tengan un mandato claro, no tienen apoyo político de la autoridad y por ende no tienen capacidad operativa. Son incrustaciones institucionales, aisladas y abandonadas a su suerte, sin incidencia dentro y fuera del ministerio o secretaría en el cual se localizan» , y que por lo tanto «terminan por depender de la cooperación externa» (Inforpress 1661 ).

DERECHO A OPTAR A CARGOS POLÍTICOS AÚN LEJANO. En cuanto al derecho de participar como candidato y ser electo para un cargo público, el informe del PNUD concluye que «su ejercicio efectivo requiere condiciones que actualmente no existen plenamente en los grupos indígenas».

La participación indígena es mayor a nivel municipal – actualmente, de 331 municipios, 122 tienen alcaldes indígenas. El total de 585 alcaldes electos desde 1985 ha pertenecido a partidos políticos diversos y competitivos. La Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y los Comités Cívicos Electorales (CCE) representan el 69% de las alcaldías indígenas.

Los CCE, organizaciones de carácter temporal, cuya función es representar corrientes de opinión pública, en procesos electorales correspondientes a gobiernos municipales y que quedan disueltos al finalizar las elecciones, han surgido, crecientemente, en municipios con mayoría de población indígena, en apoyo a candidatos indígenas. Sin embargo, a excepción de algunos comités como Xel-Jú, el cual ha durado más que muchos partidos políticos, la mayoría de los CCE han tenido una baja capacidad de ganar elecciones y una vida política limitada.

Según líderes indígenas de diferentes organizaciones, los comités deberían de convertirse en un espacio permanente de interlocución entre las autoridades y la población, y argumentan que los comités se encuentran en desventaja frente a los partidos políticos, debido a las reformas electorales de 2004, las cuales establecieron nuevos requisitos: en lugar de disponer de tres meses para cumplir el trámite de inscripción, ahora sólo tienen dos, a partir de la convocatoria a elecciones, el 2 de mayo de 2007.

Las reformas también definieron una escala de afiliados para los CCE con arreglo al número de empadronados del respectivo municipio. Antes de las reformas, el requisito para todos los municipios que no fuesen las cabeceras departamentales ni el municipio de Guatemala era de sólo 100 afiliados. Con las reformas, el requisito se elevó de 100 a 1,500 afiliados, según el número de empadronados en el municipio.

En las elecciones de 2003, cuando participaron 186 comités, éstos ganaron 27 alcaldías. Sin embargo, este año, tras la entrada en vigor de las reformas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que la inscripción sea de unos 120 comités.

En cuanto a la elección de indígenas a cargos legislativos, durante las cinco elecciones desde 1985, sólo el 4% de los diputados electos a la lista nacional y el 8% de diputados distritales han sido indígenas, muy por debajo del número de diputados mayas que debieran elegirse según la población maya por departamento.

 

II: Política indígena y campesina en los planes de gobierno

ANN: Impulsar una alianza entre los pueblos indígenas y movimientos sociales; Implementación del Convenio 169 de la OIT ; garantizar salud y educación gratuita para los pueblos indígenas, Programas de vivienda popular para los pueblos indígenas; Financiamiento para el desarrollo integral de los municipios con población indígena; Consolidar espacios de participación ciudadana en las poblaciones indígenas.

Reforma agraria; políticas de desarrollo rural que estimulen a pequeños y medianos productores indígenas; Reivindicar el derecho de los pueblos indígenas de participar en las decisiones sobre las políticas públicas que promocionan las concesiones mineras.

EG: Multiculturalidad: Creación de un Estado plural que permita a los pueblos indígenas ser parte plena del poder; Educación bilingüe y no racista; Fortalecer la participación del TSE en las consultas populares llevadas a cabo por los pueblos indígenas; Garantizar la certeza jurídica de la tierra.

EL FRENTE: Reforma de FODIGUA transformándola en una entidad de asesoría a nivel presidencial; Organización de la fiscalía indígena en el Ministerio Público y multiplicación de defensorías indígenas para diversas ramas del Derecho a nivel nacional; Implementación de leyes y convenios internacionales relacionados con los derechos indígenas; Educación bicultural; Reconocimiento del derecho consuetudinario; Ley de regionalización sobre bases etno-culturales; Discriminación positiva meritoria a favor de indígenas para cargos públicos; Gestión descentralizada de los temas ambientales a nivel municipal y departamental. Declarar que la minería de metales a cielo abierto además de conllevar altos riesgos al ambiente y la salud, no es una opción viable para el desarrollo del país en las condiciones en que se realiza actualmente. Ley para organizar el sistema de consultas a los pueblos indígenas.

FRG: Garantizar el respeto del derecho consuetudinario por el Ejecutivo y el Organismo Judicial. Subsidios agrícolas en forma de fertilizantes; acceso a crédito, dotar a las comunidades de infraestructura para el desarrollo (electricidad, carreteras etcétera)

GANA: Se compromete al «avance de los derechos de los cuatro pueblos (maya, garífuna, xinca y ladino) y creación de un país que «consolide la unidad dentro de la diversidad» , promoción de sus valores culturales y respeto a sus formas tradicionales de representación pero no se detallan acciones concretas o programas.

PP: Regionalizar la administración educativa con criterio etnolingüístico; Sección titulada «Interculturalidad» lista ocho ejes para la construcción de una «política de interculturalidad» que incluye el diálogo intercultural, el respeto a la medicina tradicional etcétera, pero no se detallan acciones o programas concretos; Diseñar una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral; Desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa rural; impulsar la diversificación productiva de las zonas rurales de potencial agrícola con énfasis en productos de alto valor agregado y capacidad exportadora; Reconversión productiva de regiones rurales con énfasis en el turismo.

PU: Respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas; respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas (no se detalla qué significa este concepto. Por ejemplo, no se aborda el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ); Impulsar un acuerdo político entre el Congreso y el Ejecutivo para construir «la política indígena del Estado» ; Programa Nacional de Desarrollo de los pueblos indígenas mediante proyectos productivos y económicos de desarrollo sostenible; Programas de apoyo para los indígenas migrantes en territorio nacional y el extranjero en empleo, capacitación, salud y educación; aumentar el presupuesto de los programas para ayudar a indígenas de la tercera edad; Asegurar que las instituciones gubernamentales encargadas de temas indígenas sean confiadas a profesionales indígenas; Proyectos productivos con énfasis en capacitación y empleo para mujeres y jóvenes indígenas; Gestionar la producción y comercialización de las artesanías indígenas; consolidar la educación bilingüe; Acceso pleno de los indígenas al sistema de justicia; Respeto y reconocimiento de la medicina tradicional.

UCN: Focalización del gasto en los grupos más pobres, rurales y con mayor población indígena; extender cobertura del sistema de salud priorizando áreas rurales con el mayor índice de pobreza y mayor población indígena, ampliar cobertura de educación secundaria y técnica en estratos más pobres e indígenas; educación bilingüe en niveles preprimario y primario; Revitalización de los Acuerdos de Paz (esto no se amplía ni se detallan acciones concretas); Programas de formación de traductores de los cuatro principales idiomas mayas en el sistema de justicia.

UNE: Multiculturalidad: Impulsar la educación bilingüe mediante una ley específica; Mejores condiciones laborales para maestros bilingües; creación de la Universidad Maya; capacitación técnica por medio del INTECAP con pertenencia lingüística y cultural; Respeto de los lugares sagrados mayas y los derechos indígenas con relación a la espiritualidad; Encontrar una forma «apropiada» para la aplicación del derecho consuetudinario; Oportunidades de educación en todos los niveles a todos los indígenas del país; Inclusión de más diputados indígenas y mayor representación indígena en las instituciones del Estado (no detalla cuántos ni se habla de establecer cuotas); participación de indígenas en la administración y gerencia del INGUAT ; aprobar la Ley de Consulta a Pueblos Indígenas; creación de un instituto de fomento de la participación política de los pueblos indígenas.

Campesinos: Impulsar un mecanismo financiero rural que asegure la inversión productiva a toda forma de organización comunitaria empresarial y de economía mixta en el área rural con créditos a bajo interés; Foros de Desarrollo Rural Integral a nivel regional, departamental y municipal cada dos años para evaluar estrategias y optimizar recursos; Análisis del Registro de Información Catastral ( RIC ) con el objeto de promover iniciativas necesarias para dar certeza jurídica en la propiedad de la tierra; Promover un nuevo marco jurídico que modernice el régimen de tierras ociosas.

URNG-MAIZ: Multiculturalidad: Educación bilingüe y no racista, promoción del uso de los idiomas mayas, respeto al ejercicio de la espiritualidad maya, plena implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Énfasis en los derechos de la mujer indígena – fortalecimiento de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y tipificación del delito de acoso sexual con el agravante de ser cometido contra una mujer indígena.

Cambio constitucional en base a los Acuerdos de Paz. Esto significaría la plena implementación del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) con énfasis en la descentralización, fortalecimiento del poder municipal y el desarrollo en coherencia con la identidad y cosmovisión de los pueblos indígenas - «territorialidad democrática sustentable».

Minería: Declarar lesivos contratos de exploración y explotación de minería a cielo abierto que utilizan cianuro y otras sustancias tóxicas. Modificación de la Ley de la Minería de acuerdo con consensos alcanzados con las comunidades.

Campesinos: Se fomentará el acceso a crédito y la agrupación colectiva o asociativa de los productores. Defensa de los productos tradicionales como el maíz. Aplicación de la Ley del Registro de Información Catastral (RIC), reforma agraria «profunda, integral y distributiva» que promueva la integración de la economía campesina en las cadenas productivas y de comercialización. Apoyo con subsidios y servicios agrícolas a pequeños y medianos productores. Expropiación de tierras ilegalmente adjudicadas durante el conflicto armado en la Franja Transversal del Norte y Petén. Impuesto sobre tierras ociosas y subutilizadas. Renegociación o condonación de la deuda agraria.

MULTICULTURALIDAD: EL DISCURSO Y LA REALIDAD. El PNUD enfatiza la importancia de que los partidos políticos postulen más candidatos indígenas para lograr una mayor representatividad en los cargos públicos según la composición étnica del país.

Sin embargo, son pocos los partidos dispuestos a establecer cuotas de participación indígena, ente ellos, Encuentro por Guatemala (EG), partido que compite en alianza con la plataforma indígena Winaq y el único que postula una presidenciable indígena, Rigoberta Menchú, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), el cual ha promovido para estas elecciones las denominadas «trenzas» , es decir, la postulación de un hombre, una mujer, un/a joven y un/a indígena a cada listado, para lograr una mayor representatividad en términos de género, origen étnico y edad ( Inforpress 1716 ).

Pero es importante notar que los candidatos indígenas que participan en los partidos existentes, de cualquier tendencia ideológica, a menudo se ven atrapados en un paradigma fundamentalmente etnocentrista. Como señala el informe, «Lo que ocurre hasta hoy es el resultado de una dialéctica perversa entre la discriminación real y una retórica multicultural. En el mercado de la política, esa tensión es baja cuando se eligen algunos diputados indígenas, aunque ello tiene más un carácter emblemático, en el sentido de que son electos por partidos que no tienen propuestas programáticas con contenido étnico. En consecuencia, los alcaldes o diputados indígenas responden a un programa propio de una cultura que se pretende homogénea».

Sam Colop, columnista de Prensa Libre , coincide con este análisis al señalar: «Hay algunos diputados mayas, pero éstos no cuentan; no sé si porque sólo están allí de relleno o por complicidad [...] A los actuales dipu-mayas tal vez no hay que echarles mucha culpa porque están allí de relleno o por complicidad con partidos dirigidos por ladinos cuyo esquema mental es que siguen mandando «indios» ( Prensa Libre , 27/06/07).

La fallida postulación de Rigoberto Quemé como presidenciable de Alianza Nueva Nación (ANN) en 2003 y la actual candidatura de Rigoberta Menchú, la cual no ha producido el «terremoto político» que se esperaba al anunciarse su candidatura, ilustran claramente las vicisitudes de una alianza entre candidatos indígenas y partidos ladinos, aún cuando éstos se autodenominen «progresistas» o de izquierda.

En 2003, Quemé se postulaba con el respaldo de un amplio espectro de organizaciones campesinas, sindicales e indígenas pero una fuerte desavenencia con el dirigente de ANN, Pablo Monsanto, a quien acusó de haberse «adueñado con las bases del partido» puso fin a la efímera alianza ( Inforpress 1527 ).

Ahora se postula Menchú en una alianza que de alguna manera se ha mantenido en pie con el respaldo de una pequeña élite de profesionales indígenas pero poco apoyo de las organizaciones sociales de base, en una campaña que no despega y con un ambiguo plan de gobierno centrista.

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