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TSE enfrenta proceso electoral con escasa credibilidad
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 31 de agosto de 2007

• Señalan deficiencias organizativas y logísticas en la preparación de los comicios

• Descrédito del TSE ante su incapacidad de aplicar la ley

• Analistas: «El TSE sería incapaz de garantizar la continuidad democrática si se diera una elección cerrada»

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable de la organización, vigilancia y garantía de los procesos electorales, enfrenta los comicios del próximo 9 de septiembre con una legitimidad seriamente erosionada debido a las deficiencias organizativas y logísticas que se han evidenciado en la preparación de las elecciones generales y su incapacidad de aplicar la ley. Para muchos, estas deficiencias resultan difíciles de justificar dado que el TSE recibió un presupuesto que duplica el monto invertido en los comicios de 2003. Sin embargo, el TSE argumenta que el presupuesto fue otorgado con retraso, por lo cual se ha visto obligado a apresurar el ambicioso plan de descentralización establecido por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ante los múltiples señalamientos contra el TSE, varios analistas han planteado que, en caso de una elección cerrada, como es muy probable dado el escaso margen de distancia entre los dos candidatos que encabezan las encuestas de intención de voto, esta instancia sería poco capaz de garantizar la legitimidad del proceso electoral.

DESCENTRALIZACIÓN IMPONE DESAFÍOS. Como parte de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aprobadas en 2004, se inició un proceso de descentralización electoral que pretende facilitar el acceso a las urnas, sobre todo en las áreas rurales del país. Pero este proceso representa grandes retos y los observadores electorales señalan deficiencias organizativas y logísticas en la preparación de los comicios.

En primer lugar, será necesario instalar centros de votación en cerca de 1,000 lugares poblados en comparación con los 331 instalados en igual número de cabeceras municipales en 2003, un desafío logístico, ya que el TSE deberá contar con cerca de 70,000 personas debidamente capacitadas, en el total de mesas de votación además de los enseres electorales antes de las cinco de la mañana el día de las elecciones.

Para atender el proceso de descentralización, se crearon 687 circunscripciones electorales municipales (CEM), subdivisiones territoriales electorales que buscan concentrar a la población apta para votar en determinados poblados, mayoritariamente rurales. Sin embargo, en su cuarto informe, el Mirador Electoral (ME)* señala que en casos extremos, el acceso a algunas resulta muy difícil y en otras, las condiciones de seguridad son precarias.

Además, como parte de las reformas, se redujo el tiempo de la campaña electoral de seis a cuatro meses, lo cual llevó a organizar la primera vuelta electoral en una fecha de previsible alta intensidad de lluvias, que podría impedir el acceso a municipios más aislados.

Un informe de la Misión de Observación Indígena** entregado al TSE el 15 de agosto, señala una falta de información a la población sobre la manera y los lugares precisos donde ejercer el sufragio, así como dificultades en el acceso a las mesas en lugares remotos, lo cual podría agravarse con las intensas lluvias propias de esta temporada.

El 38% de los líderes comunitarios entrevistados por la misión ignora la ubicación de las juntas receptoras de votos en sus municipios, por lo cual concluyen que la mayoría de la población está desinformada respecto a los comicios en las áreas rurales. También señalan la falta de traducción a los idiomas mayas de las orientaciones emanadas de las autoridades electorales.

Sin embargo, el magistrado Raymundo Caz dijo a Inforpress que el TSE ha elaborado un plan de contingencia con el Ministerio de Comunicaciones y que los lugares que podrían presentar problemas de acceso son únicamente seis.

Agregó que el TSE «ha hecho sus mejores esfuerzos para informar a la ciudadanía». El 21 de agosto recién pasado, el TSE inauguró con bombo y platillo su nueva página web, en la cual el elector puede insertar su número de boleta y obtener la dirección y ubicación exacta del centro de votación más cercano. Según magistrados del TSE, este servicio «es accesible hasta para el ciudadano más sencillo» sin tomar en cuenta que un gran número de municipios en las áreas rurales del país carecen de energía eléctrica y mucho menos internet.

Para muchos, estas deficiencias resultan difíciles de justificar dado que se otorgó al TSE el presupuesto de Q409 millones solicitado por la institución, cifra que supera por mucho los Q123 millones invertidos en los comicios de 2003. A esto, Caz argumenta que la definición del presupuesto se esperaba para noviembre de 2006 pero no llegó hasta abril de 2007, obligando al TSE a apresurar las reformas necesarias.

TRIBUNAL EN LA PICOTA. El TSE ha sido fuertemente criticado por su incapacidad de hacer respetar la Ley Electoral, lo cual se ha evidenciado en el incumplimiento de los plazos para hacer campaña y las normas de transparencia y rendición de cuentas.

A pesar de que la ley establece que los partidos no podían comenzar la campaña antes de la convocatoria formal para los comicios el 2 de mayo de este año, varios partidos comenzaron una campaña adelantada desde agosto de 2006 y el TSE se vio incapaz de sancionar efectivamente a los infractores ya que la multa por hacer campaña antes de la convocatoria es de Q5 mil a Q50 mil, cantidad irrisoria frente a los presupuestos millonarios que manejan varios partidos.

La ley es ambigua en cuanto a lo que representa una campaña anticipada, lo cual es explotado por los abogados que representan los partidos. Por lo que los pronunciamientos del TSE sobre el tema equivalieron a poco más que postulados morales (Inforpress 1671).

Algunos políticos también han sido señalados de utilizar obras públicas con fines proselitistas, sin que el TSE haya podido sancionarlos. Un caso es el presidente Berger , quien ha ignorado las llamadas de atención del TSE y ha continuado inaugurando obras públicas después de la convocatoria electoral, en violación a la ley, y otro caso es el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quien ha adoptado el color verde de la municipalidad para su campaña y ha sido acusado de utilizar obras municipales con fines propagandísticos.

También se ha observado la impunidad con que los partidos infringen la prohibición de pintar piedras, paredes, árboles y cerros. Este año, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) propuso un «Compromiso para la conservación y protección del medio ambiente en Guatemala, durante la campaña política 2007», que comprometía a los partidos a utilizar materiales reciclables, respetar las normas de no pintar piedras, árboles, muros y cerros, y retirar su propaganda al finalizar las elecciones.

Sin embargo, el TSE decidió no participar en esta iniciativa y delegar la responsabilidad a los partidos, con lo cual la iniciativa nunca prosperó. Pero cabe señalar que aún de haberse concretado la iniciativa del MARN, ésta era únicamente un compromiso moral por parte de los partidos y no incluía sanciones efectivas para frenar su incumplimiento.

No obstante la entrada en vigor de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el hecho de que, por primera vez, cada partido está obligado de informar al TSE de quién les está apoyando económicamente, persisten serias deficiencias en los mecanismos de fiscalización.

El ME señala que 10 de los 16 partidos incluidos en la medición aparecen con notas malas o regulares y seis de los partidos peor evaluados: Alianza Nueva Nación (ANN), Unión Democrática (UD), Democracia Cristiana Guatemalteca (DC), Desarrollo Integral Auténtico (DIA), Partido Socialdemócrata Guatemalteco (PSDG) y Unión del Cambio Nacionalista (UCN), no han cumplido ni siquiera con un tercio de las normas.

El columnista de elPeriódico, César García criticó fuertemente al TSE, al cual se refirió con sorna como el «Tribunal Atolero Electoral» luego de que éste tácitamente avaló los informes que presentaron los partidos políticos e indicó que habían cumplido con la ley al presentar la información requerida por sus financistas, a pesar de que los montos declarados eran poco creíbles.

«...Aunque usted no lo crea (yo por supuesto no lo creo) el total en publicidad y proselitismo invertido por los partidos políticos declarantes, del 1 de mayo al 30 de junio, asciende a Q22 millones. […] Se sabe que poner un presidente en este país [...] cuesta unos Q200 millones … pero el TSE, en lugar de hacer su trabajo… nos da atole con el dedo… ¡qué feo!» (elPeriódico, 16/08/07).

Ante esta falta de transparencia, los observadores temen el posible financiamiento de los partidos por parte del narcotráfico, ya que el mismo TSE admite que existen fisuras en el sistema que el narcotráfico puede aprovechar para filtrarse en los partidos políticos.

Bajo los nuevos mecanismos de control y fiscalización de fondos, toda financiación debe realizarse a través de la organización política y los partidos deben tener recibos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por todos los aportes dinerarios y no dinerarios que reciben. Sin embargo, «existe la posibilidad de que el dinero nunca pase por la organización política.» Además, el TSE se ha lavado las manos en cuanto al tema del narcotráfico, argumentando que esto compete a otras instituciones, como la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (Inforpress 1708).

En los pocos casos en los que el peso de la ley sí ha caído sobre los infractores, el TSE ha sido acusado de aplicar las normas selectivamente. Por ejemplo, se ha cuestionado la denuncia presentada por el TSE contra Nineth Montenegro, secretaria general de EG, por inscribir entre sus 15,200 afiliados a una persona fallecida, mientras que infracciones mucho mayores no reciben más que una admonición.

En el embrollo legal que impidió la inscripción del partido Visión con Valores (VIVA) en la contienda electoral, el TSE también fue blanco de críticas y aun analistas que no simpatizan con ese partido, señalaron posibles motivaciones políticas detrás de la exclusión del partido. El mismo TSE ha sido señalado de actuar de una manera poco transparente.

En su cuarto informe, el ME ha expresado inconformidad con el TSE por no haber permitido una verificación del padrón electoral y solicita que se publiquen los criterios que se están utilizando para la labor de depuración.

Luego, observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) el 21 de agosto recién pasado expresaron malestar después de que fueron convocados por el TSE para presenciar el proceso de impresión de las papeletas que se emplearán el día de las elecciones pero el acceso a la empresa litográfica les fue negado. El presidente del TSE, Óscar Bolaños, adujo que los observadores no habían sido invitados a pesar de que estos portaban invitaciones del TSE y el incidente evidenció una desorganización preocupante a dos semanas de realizarse los comicios ( Siglo Veintiuno , 22/08/07).

VIOLENCIA EN AUGE Y CRECIENTE INESTABILIDAD. Durante la presente contienda se han registrado alrededor de 50 asesinatos de candidatos o familiares de dirigentes políticos, superando los 29 registrados de 2003. El más reciente fue el asesinato de Tomás Leonso Urízar, candidato a concejal de Samayac del Partido Unionista (PU), el 18 de agosto recién pasado.

La agrupación más afectada es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con 15 víctimas, seguida por el Partido Patriota (PP), la Gran Alianza Nacional (GANA) y Encuentro por Guatemala (EG), con cuatro cada uno, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con tres.

En su tercer informe, el ME señala que la violencia política podría tener tres vertientes de origen: los intereses del narcotráfico y el crimen organizado, las rivalidades inter-partidarias y las diferencias intra-partidarias. Las zonas del país más afectadas por la violencia son Guatemala, Jutiapa, Escuintla y San Marcos.

El ME concluye que por su ubicación geográfica, estos hechos violentos podrían tener su origen en el interés del narcotráfico y el crimen organizado por penetrar las organizaciones políticas, sobre todo a nivel municipal, con el fin de influenciar en determinadas decisiones ediles que permitan liberar las vías de comunicación donde se trasiegan estupefacientes, principalmente la cocaína (Inforpress 1708).

A esto se suman otros focos de conflictividad como los más de 500 ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) del área sur de Petén quienes han amenazado con boicotear las elecciones, bloqueando carreteras y tomando edificios públicos, si no se les paga la indemnización ofrecida por el gobierno, y los transportistas, quienes también reclaman atención por parte de las autoridades.

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las áreas de mayor conflictividad electoral son aquéllas donde se disputa el poder local y las principales fuentes de conflicto son: disputas entre cúpulas locales que pelean el control político de la municipalidad por contar ésta con considerables recursos; la resistencia de ciertos candidatos a aceptar su derrota; lugares donde se presentan a reelección candidatos acusados de cometer actos de corrupción; municipios o comunidades donde existen disputas por linderos municipales; el estrecho margen en los resultados entre el primero y el segundo lugar; las acusaciones de compra de votos y lugares donde existe rivalidad entre poblados urbanos y rurales en el mismo municipio.

La PDH identifica a 117 municipios como especialmente problemáticos. Aquéllos con mayor puntaje de conflictividad son: Masagua, Escuintla; Guatemala; Aguacatán, Huehuetenango; La Libertad, Petén; e Ixcán, Quiché. Los departamentos que presentan el mayor riesgo de conflictividad son los distritos electorales con la mayor cantidad de votantes: San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Guatemala.

La violencia ha llegado a tales extremos que las misiones de observación de la OEA y la UE han solicitado protección especial en algunas partes del país porque temen por su personal. Algunos analistas señalan que el TSE se encuentra en su punto más bajo de credibilidad desde 1985 y que en caso de una elección cerrada, como es posible, dado el escaso margen de distancia entre los dos candidatos que encabezan las encuestas de intención de voto, el uneísta Álvaro Colom y el patriota Otto Pérez Molina, sería poco capaz de garantizar la legitimidad del proceso electoral.

La Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FUNDADESC), señala que en países vecinos como México, Costa Rica y Ecuador la continuidad democrática se sostuvo tras elecciones cerradas debido a un punto crítico: la fortaleza institucional y credibilidad de las autoridades electorales. Pero en Guatemala, una elección cerrada con autoridades tan deslegitimadas podría poner fin a la precaria democracia del país.

«Ahora no hay candidaturas que las corporaciones adversen abiertamente como hace cuatro años, pues Colom ha tejido desde hace por lo menos dos años una red de amortiguamiento con ellos, mediante contactos directos, cesión de la vicepresidencia y un discurso neutral e inofensivo. No obstante el TSE no se escapa de un escenario de crisis que está asociado básicamente al desafío de administrar un proceso electoral inédito, sin duda el más complejo, en el campo organizacional, que ha vivido esta democracia» (Informe Guatemala, No. 63).

*Instancia de monitoreo y observación no partidista integrada por Acción Ciudadana, DOSES , CECMA , FLACSO , INCEP y 150 organizaciones del país.

** Instancia de monitoreo integrada por miembros de ocho organizaciones indígenas. Cubre los 22 departamentos del país.

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