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Pueblos indígenas manifiestan derechos y desafíos
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 22 de octubre de 2007

• Pueblos indígenas manifiestan resistencia contra «515 años de opresión»

• Pobreza y marginación caracterizan a las comunidades indígenas del istmo

• Nueva declaración de Naciones Unidas sobre derechos indígenas no es vinculante

En el marco del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, centenares de personas manifestaron en diferentes países de América Latina en protesta por los abusos cometidos en su contra por los gobiernos de la región y exigiendo un mayor respeto a su cultura, tradiciones, cosmovisión y el resarcimiento a sus demandas agrarias ancestrales. En Centroamérica, la situación de pobreza, desnutrición y falta de acceso a salud y educación, así como la falta de voluntad política de los gobiernos de la región para combatir estos flagelos, no varía mucho de un país a otro. Coincidiendo con los eventos del 12 de octubre, se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que reconoce el derecho de los mismos de conservar sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales propias y a participar en la toma de decisiones que les afecten. Los pueblos indígenas de la región valoran positivamente la publicación del documento pero a la vez critican el carácter no vinculante del mismo, ya que en esto se han amparado los Estados para no reconocer la validez de otros instrumentos internacionales en materia de sus derechos.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS REIVINDICACIONES. El 12 de octubre, el Encuentro Indígena Mundial llevado a cabo en Cochabamba, Bolivia, concluyó con un mensaje de resistencia: «A 515 años de opresión y dominación, aquí estamos, no han podido eliminarnos. Hemos enfrentado y resistido a las políticas de etnocidio, genocidio, colonización, destrucción y saqueo» .

En una declaración final de 14 puntos, los delegados y delegadas del encuentro manifestaron su satisfacción por la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, exhortaron a los Estados a velar por su cumplimiento, condenaron «la explotación irracional de la humanidad y los recursos naturales» y exigieron el respeto de su cosmovisión y cultura.

El marco histórico del encuentro se reviste por los altos índices de pobreza, analfabetismo, falta de acceso a servicios básicos y exclusión que caracterizan a los pueblos indígenas en toda la región (ver cuadro I) y la negación continua de los Estados al resarcimiento de sus demandas históricas y su derecho a la autodeterminación y a la participación en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades.

Un informe publicado por el Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés)*, destaca una serie de temas pendientes en Guatemala en cuanto a las responsabilidades del Estado en relación con los pueblos indígenas.

En primer lugar, se constata la lentitud con que el actual gobierno llevó a cabo el proceso de reconstrucción tras la tormenta Stan a finales de 2005. Las pérdidas materiales y humanas afectaron principalmente a las comunidades indígenas del altiplano occidental del país, agravando aún más su situación de pobreza y exclusión social.

De acuerdo con el informe, se evidenció una lentitud para atender las demandas locales de apoyo ya que el gobierno privilegió la reconstrucción de las obras de infraestructura en las áreas de interés del sector económico dominante, y ha existido poca voluntad política para reducir los niveles de vulnerabilidad social y económica en las áreas afectadas y, con ello, el impacto de los desastres.

También destaca la negativa del gobierno de tomar en cuenta la oposición de las organizaciones indígenas y campesinas a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos y Canadá (CAFTA-DR) y la imposición de proyectos mineros e hidroeléctricos pese a la oposición de las comunidades indígenas y los daños ambientales que estos proyectos conllevan.

El problema agrario en Guatemala tampoco ha sido resuelto y, durante el presente gobierno, se recrudecieron los desalojos forzados.

Según Amnistía Internacional, en octubre de 2004 se registraban 911 casos de conflictos agrarios cifra que aumentó a 1,025 para diciembre de 2005, coincidiendo con la llegada al poder del abogado y finquero Óscar Berger (Inforpress 1651), a la vez que la Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación de Política de Desarrollo Rural Integral (MDPDRI) fue suspendida en agosto de 2005, debido a la falta de voluntad política del gobierno y el sector privado, quienes se opusieron a la inclusión de aspectos relacionados con la regulación de las tierras ociosas y la expropiación.

Las demandas agrarias y territoriales son un denominador común entre los pueblos indígenas de toda la región. En Panamá, el pueblo Naso (Teribe) reclama un decreto de comarca por parte de la Asamblea Legislativa que asegure sus derechos a la tierra, a su identidad, cultura e idioma, que se ha demorado por dos años. En Nicaragua, la ayuda humanitaria y el proceso de reconstrucción tras el huracán Félix , el cual devastó una parte considerable de la Región Autónoma del Atlántico Norte ( RAAN ) en septiembre de este año, ha tardado en llegar ( Inforpress 1724).

Además, en 2007, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) por la no demarcación de las tierras comunales y la falta de acción por parte del Estado para el cumplimiento de la ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas.

DECLARACIÓN NO VINCULANTE: ¿PAPEL MOJADO? La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada con una mayoría de 143 votos a favor, sólo 4 votos negativos (entre ellos Canadá y Estados Unidos) y 11 abstenciones.

El documento contiene un preámbulo y 45 artículos y está dividido en nueve secciones. El texto reconoce el amplio espectro de derechos humanos básicos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas (ver cuadro II) y es un proyecto que se viene trabajando desde 1983 en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el cual integran representantes de dichos pueblos, delegaciones de gobierno y expertos en el tema.

Tras la ratificación de la Declaración, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, dijo que el documento «reafirma que los indígenas en lo individual y colectivamente gozan de todos los derechos ya reconocidos a nivel internacional, y que las circunstancias especiales de su existencia como pueblos discriminados y despojados de sus recursos ancestrales durante largo tiempo, requieren una atención particular de los Estados y de la comunidad internacional» .

El académico maya, Kajkoj Ba Tiul, considera que los puntos cruciales de la declaración son el reconocimiento a los indígenas del derecho a ser «pueblo» como se plantea en otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el derecho a la libre determinación, a la autonomía o al autogobierno, el derecho de conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado y el derecho a participar en la adopción de decisiones que les afecten, por medio de representantes elegidos por ellos mismos.

Sin embargo, Ba Tiul también señala varias deficiencias. Por ejemplo, sobre el artículo 36, el cual afirma que los Estados no deben desarrollar actividades militares en territorios indígenas, se hace la salvedad de que esto debe cumplirse «a menos que lo justifique una amenaza para el interés público» sin definir lo que constituye dicha amenaza, lo cual «deja abierto a los Estados cualquier justificación para la militarización».

Una de las principales debilidades del documento, resaltada por Ba Tiul y otros analistas, es el hecho de que la declaración no es vinculante y, por lo tanto, no hay sanción para los Estados que violen los derechos expuestos, entre ellos el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa sobre cualquier decisión que les afecte:»Con la característica tradicional de los Estados en relación a los pueblos indígenas, que son racistas, discriminadoras y paternalistas, tal consulta si no está legislada claramente no tendrá efecto real en beneficio de los pueblos indígenas».

CUADRO I: Pueblos indígenas de Centroamérica: pobreza y exclusión

Guatemala: Existen 23 pueblos indígenas (21 pueblos mayas más los pueblos xinca y garífuna). Con sus seis millones de habitantes constituyen el 60% de la población del país.

En relación al conjunto de la sociedad guatemalteca, los indígenas presentan los menores índices de desarrollo humano. El 87% de los pobres son indígenas y 24% viven en extrema pobreza; la mortalidad infantil es de 49 por mil en indígenas y de 40 por mil en no indígenas; la desnutrición infantil es de 34% en indígenas y de 11% en no indígenas, el promedio de escolaridad primaria es de 3.38 años en indígenas y de 5.47 años en no indígenas, y el analfabetismo afecta al 41.7% de la población indígena y sólo al 17.7% de los no indígenas.

Nicaragua: Los siete pueblos indígenas de Nicaragua se distribuyen en dos regiones: la Costa Pacífica y el Centro Norte donde habitan los chorotega (82,000), los cacaopera o matagalpa (97,500), los ocanxiu (40,500) y los nahoa o náhuatl (19,000). En la Costa Caribe habitan los miskitu (150,000), los sumu-mayangna (13,500) y los rama (2,000).

En las dos regiones autónomas del Atlántico, donde se encuentra la población indígena, el índice de pobreza alcanza del 35% al 45% y el desempleo alcanza el 80% en el Atlántico Sur y 90% en el Atlántico Norte. El acceso a servicios por parte de la población indígena es altamente deficiente.

Panamá: Los ngöbe, kuna, emberá, bugle, wounaan, naso y bribri, con una población de aproximadamente 200 mil habitantes que representan el 8.4% del total nacional. El 95.4% de los indígenas panameños viven en situación de pobreza mientras que el 86.4% de éstos están bajo el índice de pobreza extrema. El 50% de la población infantil indígena padece desnutrición y retardo de crecimiento; mientras, la expectativa de vida entre la tribu más pobre, los wounaan, es apenas de 40 años - la expectativa de vida del panameño común es de 74 años.

Costa Rica: De los cerca de 75,000 indígenas, pertenecientes a las ocho etnias indígenas de Costa Rica, casi el 50% tiene menos de 18 años, por lo que sus problemas están directamente ligados a la niñez y juventud. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF ), mientras a la primaria asiste 95% de los niños indígenas en edad escolar, la cobertura en secundaria baja a sólo 21% con una tasa de deserción de entre el 15% y 20%. Únicamente el 0.001% de los jóvenes indígenas llegan a la universidad. Mientras que la mortalidad infantil a nivel nacional es de 9.2 fallecidos por cada 1,000 que nacen, en las zonas indígenas este índice llega a 13.1.

El Salvador: Los indígenas pipiles y kakawiras representan el 12% de la población y viven en precarias condiciones de pobreza. La educación no es accesible para los pueblos indígenas ya que no cuentan con escuelas cerca de su vivienda y en su mayoría los centros escolares sólo atienden hasta el cuarto grado. El índice de analfabetismo en territorios indígenas alcanza el 90% y en El Salvador no existe la enseñanza bilingüe. La mayoría de las comunidades indígenas no cuenta con centros de salud y cuando los hay no cuentan con medicamentos ni personal.

Honduras: Los datos de población de pueblos indígenas no son confiables ya que existen áreas que no se han caracterizado antropológicamente y la información disponible corresponde a censos de más de 20 años. Las cifras oscilan entre 500,000 y 800,000 con porcentajes en relación a la población nacional que van del 7% al 13%. Se reconoce la existencia de nueve pueblos culturalmente diferenciados: pech, nahuas, lencas, tolupanes, garífunas, miskitos, tawahkas, chortí y negros de habla inglesa. Los pueblos indígenas de Honduras presentan condiciones críticas de salud debido a la falta de servicios básicos. El porcentaje de analfabetismo entre los indígenas se estima en 23%.

Fuentes: IWGIA , «El mundo indígena 2007. México, América Central y el entorno caribeño» , Inforpress 1579 y 1700. Información sobre los pueblos indígenas de Honduras como insumo para el proyecto regional de manejo integrado de ecosistemas por pueblos indígenas y comunidades de Centroamérica. Información sobre los pueblos indígenas de Nicaragua como insumo para el proyecto regional de manejo integrado de ecosistemas por pueblos indígenas y comunidades de Centroamérica.

Sobre este punto, cabe señalar el incumplimiento de otras normativas internacionales que tampoco son vinculantes como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por 17 países, entre ellos Costa Rica, Guatemala y Honduras. A 11 años de que Guatemala suscribiera al convenio, hasta la fecha no existe un mecanismo jurídico que sirva para su aplicación dentro de la legislación del país y el gobierno se ha amparado en esto para declarar no vinculantes las consultas populares realizadas por los pueblos mayas sobre la explotación de recursos naturales (Inforpress 1598, 1658, 1676, 1686 y 1705 ).

En Costa Rica, a pesar de que el país ratificó el Convenio 169 en 1992, los pueblos indígenas tuvieron que luchar durante 10 años para lograr la reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo, la cual instrumentaliza el Convenio, y señala que el Estado se compromete a respetar las formas de organización indígena y preservar sus territorios como parte del patrimonio cultural y ambiental del país ( Inforpress 1653 y 1718 ).

En otros países, como El Salvador, la situación es aún peor, ya que el Convenio 169 ni siquiera ha sido ratificado bajo el pretexto de que no es necesario aplicar una legislación especial a favor de los pueblos indígenas ya que ello violentaría principios constitucionales que consignan la igualdad entre todos los salvadoreños, a pesar de las exhortaciones del Comité Internacional Contra Toda Forma de Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas. Con estos antecedentes, es difícil esperar que los Estados respeten la nueva Declaración de la ONU.

Ba Tiul también señala que el último artículo del documento (Art. 46) contiene «una gran trampa» ya que estipula que los derechos afirmados en la Declaración no pueden «menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o unidad política de Estados soberanos e independientes». Esto, según el académico, enmarca la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas únicamente dentro de la unidad nacional, «contrario a las demandas indígenas de refundar los Estados de sus propias visiones» .

Ba Tiul concluye que la declaración «no puede ser recibida como un logro rotundo, porque creemos que tiene muchos vicios y en vez de fortalecer las demandas de autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, a quien fortalece jurídica, política, económica y socialmente es a los Estados» (www.i-dem.org, Nueva Época, 1290).

II. Síntesis de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La declaración de 46 artículos, afirma los siguientes derechos:

• Disfrute de los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de todas las normativas internacionales incluyendo los derechos establecidos en la normativa laboral internacional. Cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de pueblos indígenas por parte del Estado (Art. 1, 17 y 37).

• Igualdad ante los demás pueblos y derecho a no ser objeto de discriminación. Esto incluye educación y medios de comunicación públicos libres de estereotipos racistas (Art. 2 y 15)

• Autonomía, autogobierno y derecho a financiamiento para sus funciones autónomas, conservación de instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales propias y derecho a una nacionalidad (Art. 4, 5 y 6).

• Conservación de instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales propias. Esto incluye el derecho a la pertenencia a una comunidad o nación indígena, la práctica de tradiciones y costumbres propias, manifestar, desarrollar costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, transmitir a las generaciones futuras tradiciones orales, servicios de interpretación en espacios políticos y jurídicos, y educación bilingüe y no discriminatoria, derecho a establecer medios de comunicación en idiomas autóctonos y uso de la medicina tradicional. Derecho a mantener su relación espiritual con la tierra y los recursos naturales, identidad propia conforme a sus costumbres y tradiciones mantenimiento de costumbres y espiritualidad tradicional y mantenimiento de su patrimonio cultural (Art. 9,11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 33, 34 y 37).

• Derecho a determinar las responsabilidades del individuo para con su comunidad.

• Participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que afecten sus derechos, derecho a ser consultados por el Estado antes de la adopción de medidas legislativas y administrativas que los afecten, reparación en caso de desposesión de sus medios de subsistencia y derecho a dar su consentimiento libre e informado antes de la aprobación de cualquier proyecto extractivo o de explotación de recursos en territorios indígenas (Art. 18,19, 20 y 32).

• Educación, empleo, capacitación y vivienda digna, atención especial a los derechos de ancianos, mujeres y jóvenes indígenas y participación en programas de salud y vivienda que les conciernan (Art. 21, 22 y 23).

• Derecho a la vida, integridad física y mental, libertad y seguridad. Derecho colectivo de vivir en paz y seguridad y derecho a no sufrir asimilación forzada. Prevención y resarcimiento estatal de enajenación de tierras y recursos, y traslados forzosos de población y derecho a no ser desplazados de sus tierras (Art. 7, 8 y 10).

• Derecho a tierras y recursos, reconocimiento de sistemas de tenencia de tierras de los pueblos indígenas y reparación por tierras confiscadas por el Estado (Art. 32, 33 y 34).

• Conservación del medio ambiente (Art. 35).

• Compromiso del Estado de no desarrollar actividades militares en territorios indígenas (Art. 36).

• Derecho de los pueblos divididos por fronteras internacionales a mantener vínculos con otros pueblos a través de las fronteras.

• El Estado deberá adoptar medidas legislativas que garanticen el cumplimiento de la Declaración, derecho de los pueblos indígenas a asistencia financiera canalizada por la cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de la Declaración, obligación de las Naciones Unidas de movilizar cooperación técnica y financiera para realizar las disposiciones de la Declaración (Art. 38, 39, 41).

* IWGIA , «El Mundo Indígena 2007. México, América Central y el entorno caribeño ».

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