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Sindicalistas exigen Acuerdo de Asociación con equidad
Por Louisa Reynolds - Guatemala, 8 de diciembre de 2007

• Denuncian violación de convenios sobre derechos laborales en el istmo

• Organizaciones sindicales: «El AdA CA-UE debe basarse en el respeto de derecho laboral y ambiental»

• Promueven integración sub regional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio

Las organizaciones sindicales del istmo se reunieron en la Ciudad de Guatemala para fijar una posición frente al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA CA-UE). Durante la Cumbre Sindical de América Central y el Caribe, llevada a cabo del 28 al 30 de noviembre, se analizaron los desafíos que enfrenta el movimiento sindical en el istmo, incluyendo el crecimiento de la economía informal, la precariedad de los empleos, la persistente violación de convenios internacionales sobre derecho laboral y la discriminación contra mujeres, indígenas y otros grupos sociales. Por otra parte, los participantes manifestaron que no se oponen a los procesos integradores que conlleva la globalización pero que la integración debe entenderse como un proceso integral que priorice el desarrollo económico, social, cultural y político de los países integrados y no únicamente como un acuerdo comercial. Los sindicalistas expresaron que intentarán incidir en la negociación del AdA CA-UE por la vía de la negociación pero si sus demandas caen en oídos sordos recurrirán a la movilización.

DESAFÍOS A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. Al hacer un diagnóstico de la región en materia laboral, las organizaciones sindicales que participaron en la cumbre coincidieron en que el istmo tiene un enorme déficit en el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual constituye un obstáculo para el movimiento sindical en su calidad de interlocutor social.

La ratificación y existencia de la legislación laboral no necesariamente garantiza su cumplimiento. Así lo demuestra el hecho de que Guatemala, país del istmo que más convenios ha ratificado junto con Nicaragua (cuadro I), se encuentra entre los peores violadores al derecho laboral en el mundo.

En Guatemala, las violaciones a la libertad sindical incluyen la persecución y el asesinato de dirigentes sindicales. Las organizaciones participantes en la cumbre condenaron enérgicamente el asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela, secretario de deportes y cultura del Sindicato de Trabajadores de Fincas Bananeras de Izabal (SITRABI), en septiembre de este año (cuadro II) y enviaron una carta al Fiscal General, Juan Luis Florido exigiendo que se aclare el caso.

Con el asesinato de Ramírez Portela son cinco los líderes sindicales asesinados en Guatemala en lo que va del año. Otro caso paradigmático es el asesinato de Pedro Zamora Álvarez , secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ), ocurrido en enero.

El sindicato sostiene que Zamora fue asesinado debido a la oposición del STEPQ a que el manejo de la nueva Terminal de Contenedores de la Portuaria en el Puerto Quetzal, se concesione a una empresa privada, ya que esto representaba un serio obstáculo para uno de los principales megaproyectos del gobierno de Óscar Berger.

Señalan, además, que las autoridades han deliberadamente desvinculado el asesinato de Zamora de su labor sindicalista debido a los fuertes intereses detrás de la ampliación de la Portuaria Quetzal y siguen denunciando amenazas de muerte (Inforpress 1715).

En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el Convenio 87 de la OIT sobre libre sindicalización, el 31 de octubre recién pasado, porque extiende el derecho a la libertad sindical a los empleados públicos, y éstos, constitucionalmente, no están comprendidos entre quienes poseen ese derecho.

I. Ratificación de convenios por país
PAIS CONVENIOS
C11 C87 C98 C110 C135 C141 C151 C154 TOTAL
Costa Rica x x x x x x 5
El Salvador x x x x x 5
Guatemala x x x x x x 6
Honduras x x 2
Nicaragua x x x x x x 6
Panamá x x x x 4

C11 Garantiza a las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria
C87 Libertad sindical y protección al derecho de sindicalización
C98 Derecho de sindicalización y de negociación colectiva
C110 Condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones
C135 Representación de los trabajadores
C141 Garantiza la libertad sindical de los trabajadores rurales
C151 Protección del derecho del personal de la administración pública a organizarse
C154 Sobre la negociación colectiva Fuente : OIT

La CSJ emitió este dictamen a pesar de que los convenios 87, 98, 135 y 151 de la OIT fueron ratificados unánimamente por la Asamblea Legislativa en 2006. Según las organizaciones sindicales salvadoreñas, el gobierno estaba consciente de la inconstitucionalidad del convenio y debió de haber hecho una reforma a la Carta Magna antes de la ratificación del convenio. Señalan, además, que el fallo de la CSJ responde a los intereses de los grupos de poder en el país y será denunciado ante la Corte Interamericana de Justicia y la OIT .

II. Asesinan a sindicalista en un contexto de creciente represión sindical

El obrero Marco Tulio Ramírez Portela era secretario de deportes y cultura del SITRABI que representa a los trabajadores de las plantaciones que trabajan para la Empresa Bananera de Guatemala ( BANDEGUA ), filial de la empresa estadounidense Del Monte. El 23 de septiembre de 2007, se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por varios hombres encapuchados con pasamontañas, quienes lo asesinaron frente a su esposa e hijos.

En varias oportunidades, Ramírez Portela fue amenazado con ser despedido de su trabajo acusado de sabotear la producción e incitar a los demás obreros a parar de forma ilegal el trabajo o de ponerse en huelga.

Su hermano, Noé Antonio Ramírez Portela , actual secretario general del sindicato, explicó a Inforpress que el administrador de la Finca Yuma, donde trabajaba Ramírez Portela, había incurrido en una serie de «violaciones al pacto colectivo» . Por ejemplo, no se respetaba el derecho de los trabajadores más antiguos de realizar las tareas menos pesadas, como cortar la fruta, y que esto había provocado la disputa entre la empresa y el sindicato.

El 20 de julio, dos meses antes del asesinato, efectivos militares ingresaron en la sede de SITRABI, requiriendo información sobre sus integrantes, supuestamente por órdenes superiores. El 11 de septiembre, el Ministro de la Defensa, Cecilio Leiva, citó a los afectados y dijo que se trataba de un error y que se aplicarían las sanciones correspondientes (Cerigua, 24/09/07). El incidente sigue sin esclarecerse pero SITRABI descarta que estuviera directamente relacionado con el asesinato de Ramírez Portela.

Organizaciones sindicales nacionales e internacionales han exigido que se esclarezca el asesinato del sindicalista. Actualmente, la fiscalía de Morales, Izabal, lleva el caso y no lo ha remitido a la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalistas y Periodistas del Ministerio Público (MP), al considerar que lo más probable es que el móvil haya sido político y que no fue perseguido por su labor sindical. La fiscalía de Morales se mostró renuente a hablar con Inforpress sobre el caso. Algunas personas del lugar aseguraron que el personal del MP que lleva el caso ha sido objeto de amenazas.

Las circunstancias de la muerte de Ramírez Portela permanecen confusas. El sindicalista se desempeñaba como fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por lo cual se presume que existe alguna participación de uno de los candidatos a alcalde, presuntamente vinculado al crimen organizado, que escogió al sindicalista como blanco por ser un reconocido líder del lugar para enviar un mensaje al candidato ganador.

Sin embargo, cabe señalar que el asesinato fue cometido en territorio de BANDEGUA utilizando una motocicleta y un pick-up que tuvieron que haber ingresado con la aquiescencia de la fuerte seguridad que tiene la empresa en sus fincas.

SITRABI denuncia que desconocidos con armas de grueso calibre deambulan por las fincas durante la noche y que el 6 de octubre dispararon sus armas en el campamento de Chickasaw con el fin de intimidar a los trabajadores. Según los sindicalistas, ni la seguridad de la empresa ni la policía han hecho nada para impedir estos hechos. Además, tras el asesinato de su hermano, Noé Ramírez Portela ha sido seguido por un pick-up gris.

El tinte político que se le ha dado al asesinato de Ramírez Portela resulta conveniente para la empresa, la cual ha hecho todo lo posible por lavarse las manos del caso. En una carta firmada por el gerente general de BANDEGUA , Marco Antonio García Ruano , la empresa exigió que SITRABI desvinculara públicamente a BANDEGUA del caso, a lo cual el sindicato se ha negado rotundamente. Del Monte, propietaria de BANDEGUA , es la sucesora de la United Fruit Company (UFCO), empresa que apoyó el derrocamiento de Jacobo Árbenz en 1954.

El asesinato de Ramírez Portela , se enmarca en una larga historia de represión sidical. En octubre de 1999, hombres armados detuvieron a los cinco miembros del comité ejecutivo de SITRABI y los obligaron a hacer un llamamiento por radio para el cese de un paro laboral previsto para el día siguiente en protresta por la negativa de la empresa a readmitir a 918 trabajadores despedidos el mes anterior, en violación de un acuerdo colectivo.

En marzo de 2000, BANDEGUA y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), en representación de SITRABI , firmaron un acuerdo para la readmisión de los trabajadores despedidos y el procesamiento de los responsables del ataque a los líderes sindicales.

También se denuncia a nivel regional la persistencia del trabajo infantil ya que según la OIT, 5.7 millones de niños y niñas en América Latina continúan trabajando por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, sobre todo en el sector urbano informal, agrícola y minero, frecuentemente en condiciones altamente peligrosas e insalubres.

Persiste, además, el trabajo forzoso como manera de pago de deudas y condiciones de abuso y la discriminación laboral contra mujeres, indígenas, personas con discapacidades y portadores de VIH-SIDA .

Otro desafío para el movimiento sindical a nivel regional es la necesidad de adaptarse a los cambios que conlleva la globalización y el libre comercio. Como señala Rodrigo Aguilar, secretario general de la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe (CSACC): «El movimiento sindical tiene que dejar de actuar y funcionar en una estructura nacional que no es la misma que teníamos hace 50 años. No sólo podemos pensar en organización sindical en el área industrial. Tenemos que pensar en el área de servicios y cómo organizar a los trabajos que están desarrollando sus acciones en la economía informal» .

En toda América Latina coexisten los trabajos formales e informales en casi igual proporción: 51.5% y 48.5% del total de ocupados, y la proporción de mujeres en el sector informal (51.4%) supera la de hombres (46.3%) debido a mayores dificultades de inserción laboral. Estos trabajadores no gozan de prestaciones laborales y acceso a la seguridad social. Con la creación de la Red de Sindicatos de la Economía Informal de Centro América y Panamá (SEICAP) en 2006 se evidencia una incipiente sindicalización de este sector, aunque en muchos casos los sindicatos de trabajadores informales enfrentan grandes obstáculos para poder legalizarse (Inforpress 1693 ).

INTEGRACIÓN SÍ, PERO CON EQUIDAD. Durante la cumbre se presentó el documento «Integración y comercio: una propuesta del movimiento sindical sobre la América Central que queremos para el futuro» , elaborado por la CSACC y la Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT), en el cual las organizaciones sindicales manifiestan que no se oponen al AdA CA-UE per sé, ya que consideran que dependiendo de como se negocie, el acuerdo podría ser una herramienta clave para el desarrollo en la región. Sin embargo, enfatizan que el proceso de integración sólo podrá traer un mayor bienestar para la región si se concibe como un proceso integral y no sólo comercial.

III. Propuestas para asegurar el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos laborales en el marco del AdA UE-CA

• Creación de la Superintendencia Centroamericana de Relaciones Laborales, integrada por representantes de los sectores gubernamental, empresarial y laboral de cada uno de los países y al menos un representante de la Unión Europea, la cual tendría a su cargo la fiscalización de las relaciones de empleo así como el proceso de certificación internacional de cumplimiento de los estándares acordados dentro de las relaciones laborales.

• Un proceso de certificación internacional con la incorporación de un sistema estándar de verificación para asegurar el resguardo de los trabajadores/as, que incluya todos los derechos del trabajo internacionalmente aceptados.

• Obligartoriedad de los países firmantes del AdA CA-UE, de ratificar todos los convenios de la OIT y uniformar con ellos, la legislación laboral centroamericana.

• Creación del Instituto Centroamericano de Empleo que tendría como función investigar y analizar las relaciones laborales en la región, identificando problemas y proponiendo soluciones. Tendría a su cargo la elaboración de proyectos de empleo intensivo, fomentar la creación de empresas de carácter social y la creación de una bolsa de empleo centroamericana.

• Fomento de la participación ciudadana en el proceso productivo, con énfasis en los sindicatos, inversionistas, organizaciones no gubernamentales y gobierno. Esto incluye, entre otras cosas, consultas permanentes a las partes involucradas, y revisión conjunta de la normativa y los estándares del sistema de certificación.

• Creación del Banco Centroamericano de Lucha Contra la Pobreza, entidad regional sin fines de lucro, con sede en cada uno de los países firmantes, financiada con recursos de cada Estado pero principalmente de la cooperación internacional. Su función sería proporcionar asesoría y acceso al crédito, en condiciones favorables, para la pequeña y mediana empresa y personas de escasos recursos que requieran capital para impulsar actividades de manera competitiva en el marco del AdA CA-UE .

• Mayor inversión gubernamental en educación para producir una fuerza laboral más capacitada y competitiva.

• Mayor capacitación en los centros de trabajo por parte de los Estados y empresas, con énfasis en la innovación tecnológica.

Fuente : «Integración y comercio: una propuesta del movimiento sindical sobre la América Central que queremos para el futuro» , documento de trabajo para la Cumbre Sindical de América Central y el Caribe elaborado por la CSACC y CCT .

En el documento se plantea que los Tratados de Libre Comercio «Son simplemente instrumentos comerciales para el intercambio de ciertos bienes y capitales, que por sí mismos, no generan política económica ni desarrollo» . Durante la cumbre, las organizaciones sindicales manifestaron que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), no ha incidido en absoluto en un mayor cumplimiento de los derechos laborales y por el contrario ha generado empleos inestables y de poca calidad en sectores donde frecuentemente se denuncian abusos, como por ejemplo, el sector maquila.

Como señala Rodrigo Aguilar, el Tratado contiene un capítulo sobre derechos laborales que es «un saludo a la bandera» ya que no incluye los convenios de la OIT y en la práctica no se han aplicado sanciones contra los países que violan los derechos sindicales. Aguilar añadió que las organizaciones sindicales intentaron incidir durante las negociaciones del DR-CAFTA pero una falta de unidad por parte de la sociedad civil impidió que se lograran cláusulas más fuertes en la protección del derecho laboral y ambiental.

Con las negociaciones del AdA CA-UE, las organizaciones sindicales buscan aprender de estos errores y lograr la inclusión de medidas coercitivas contra los países que transgreden la legislación laboral y ambiental: «Lamentablemente, con el DR-CAFTA, las organizaciones sindicales hicieron planteamientos pero cada uno por separado. Ahora tenemos la intención de dar una lucha de carácter unitario» . El documento de trabajo presentado en la cumbre contiene una serie de propuestas concretas para asegurar que el acuerdo priorice los derechos del trabajador (ver cuadro III).

Los participantes en la cumbre plantearon una estrategia de incidencia basada en difundir la mayor cantidad posible de información sobre el AdA CA-UE y fomentar un debate sobre el tema entre la sociedad civil, planificar estrategias conjuntas a nivel regional y buscar alianzas con los sindicatos europeos y dirigirse al Parlamento Europeo para hacer una labor de sensibilización desde dicho órgano sobre la necesidad de priorizar los derechos sociales de los países que integrarán el acuerdo. El movimiento sindical intentará incidir primero por la vía del diálogo y si esto no da resultados se plantearán acciones por la vía de la movilización.

Los sindicalistas promueven la integración sub regional como una respuesta a los tratados de libre comercio ya que como bloque regional el istmo tendrá un poder de incidencia mucho mayor a la hora de negociar. Sin embargo, advierten que la integración centroamericana está en pañales y que se ha avanzado únicamente en el tema comercial y aduanero, siempre a beneficio del sector empresarial, mientras que a nivel político y judicial, los órganos regionales existentes como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte Centroamericana de Derechos Humanos, carecen de poder resolutivo y tienen poca incidencia.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, existe el Consejo Consultivo (CC-SICA), un organismo integrado por organizaciones que representan diversos sectores como trabajadores, empresarios, mujeres y jóvenes, cuya función es asesorar a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), recomendar y proponer iniciativas para fortalecer el proceso de integración. Sin embargo, los sindicalistas señalan que en la práctica al CC-SICA no se le consulta y, a diferencia del Consejo Económico Social de la Unión Europea, no cuenta con financiamiento permanente.

En cooperación con Inforpress Centroamericana - Inforpress C.A. es una revista semanal de análisis que cubre la región centroamericana, y depende de suscripciones para sus ingresos. www.inforpressca.com

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