La drástica caída en los precios internacionales de minerales metálicos, es tan sólo uno de los varios escenarios que deberán enfrentar inversionistas mineros en el istmo. Pero es la férrea resistencia legal desatada por organizaciones ambientales y la oposición continua de organizaciones comunitarias e indígenas lo que pone cuesta arriba el futuro inmediato para las transnacionales y capitales locales. Controversiales decisiones gubernamentales, como en el caso de Costa Rica, también crean un ambiente de incertidumbre, e incluso de inestabilidad política en el que el mandatario Oscar Arias se encuentra en el «ojo del huracán». Mientras tanto, en Guatemala, representantes de miles de pobladores del occidental departamento de Huehuetenango, ratificaron su oposición a la minería, mientras organizaciones ambientales piden un referéndum en donde se decida el futuro de la actividad extractiva.
PRECIOS EN PICADA. El oro y el níquel, dos de los principales minerales en los que las transnacionales se han enfocado en Centroamérica (ver recuadro), han experimentado sensibles bajas que no sólo ponen en riesgo futuras inversiones, sino que además pueden retrasar los proyectos ya en marcha. El escenario se complica con la crisis financiera mundial que ha escaseado y encarecido el crédito.
El oro ha reportado una baja extraordinaria en el precio internacional desde febrero, cuando se ubicó en un poco más de US$1 mil la onza (su punto más alto en la historia), para luego ir mostrando altibajos con una tendencia a la baja y situarse por debajo de los US$750 la onza al 28 de octubre (igual a lo reportado a finales de la década de 1970).
Lo mismo sucede con el níquel, que desde marzo de 2007, cuando alcanzó su punto más alto en la historia con US$24 mil la libra, comenzó a registrar altibajos, y desde marzo de 2008, cuando reportó US$15 mil la libra, ha caído continuamente hasta los US$5 mil la libra en octubre.
ARIAS CON UNA DE CAL Y UNA DE ARENA. Considerado como el yacimiento de oro más grande de Centroamérica, según sus promotores, el proyecto Crucitas, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, continúa generando controversia, salpicando al propio mandatario Oscar Arias ( Inforpress 1762).
El 17 de octubre, el Ministerio de Ambiente y Telecomunicaciones ( MINAET ) publicó un decreto en el que el gobierno avala el proyecto minero destacando que recaudará, en 11 años, US$70 millones en impuestos, y se crearán 253 empleos directos. También se justifica que el proyecto, además, ya contaba con los permisos ambientales ( La Gaceta , Decreto 34881) * .
El decreto, firmado el 13 de octubre con el pleno espaldarazo de Arias y el ministro del MINAET, Roberto Dobles Mora** , establece «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero a cielo abierto Crucitas, para extraer oro, en la región Huetar Norte, fronteriza con Nicaragua.
El proyecto minero pertenece a la canadiense Infinito Gold (que hasta hace unos meses se llamaba Vanessa Ventures) y lo opera su subsidiaria Inversiones Infinito S.A. En septiembre, Infinito Gold anunció que contrató al grupo financiero francés BNP Paribas, para que estructure la principal línea de crédito de US$66 millones, que se destinará a la construcción del proyecto minero. El monto es el capital inicial, de un proyecto que va avanzando y que se espera tener listo para finales de 2009, según indica la transnacional.
El presidente Arias , reaccionando a las críticas por la decisión, ha dicho que apoya la actividad minera porque « la empresa construirá caminos, ofrecerá unos 200 empleos y generará cerca de 80 millones de dólares en impuestos en sus 10 años de permiso », lo que representa el 10 por ciento de su ganancia estimada en ese periodo por la extracción de al menos 700,000 onzas de oro, asegura.
Inmediatamente después de conocerse el decreto, Industrias Infinito dio inicio a la tala de un 50% de las 191 hectáreas que serán deforestadas, para el proyecto minero.
Según el vocero de la empresa, Andrés Soto , del costo inicial se han invertido ya US$15 millones en obras de infraestructura para la comunidad «como caminos, escuelas y puentes» .
Los ambientalistas y opositores políticos a Arias , destacan que en julio de 2007, el mandatario lanzó «Paz con la naturaleza» , un ambicioso programa destinado a hacer de Costa Rica «un líder mundial de la conservación». Por lo cual concuerdan que lo decretado contradice el programa.
ORGANIZACIONES AMBIENTALES REACCIONAN. Pese al visto bueno oficial al proyecto Crucitas, las organizaciones ambientales ofrecieron no quedarse de brazos cruzados. En consecuencia, a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Edgardo Araya , presidente de la Asociación Norte por la Vida ( UNOVIDA ), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) suspendió el decreto ministerial mientras estudia el recurso, por lo que las obras en la mina quedaron detenidas desde el 20 de octubre.
Los ambientalistas dieron a conocer un comunicado en el que aseguran que unas 260 hectáreas iban a ser taladas para dar paso a la mina, lo que provocaría un severo impacto a especies como el árbol almendro amarillo, que se encuentra en peligro de extinción y que además provee de su principal alimento a la lapa verde, una bella ave en riesgo de desaparecer.
Araya explicó en el comunicado que presentó el recurso debido a que hace algunas semanas la misma Sala Constitucional prohibió la tala del almendro amarillo en todo el país y porque el decreto emitido por el MINAET sólo es aplicable para construir infraestructura pública. Además, afirma que no existen estudios científicos que demuestren que los beneficios socio-económicos de la mina serán mayores a los impactos al ambiente.
En otro comunicado, la Federación de Conservación de la Naturaleza ( FECON ), indicó que « el decreto fue emitido porque según la Ley Forestal no puede cambiarse el uso de suelo de un área boscosa a menos que el proyecto sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo », tal como lo hizo el gobierno.
Otra de las consecuencias inmediatas es que tanto Arias como su ministro Dobles Mora , serán investigados por la fiscalía general para determinar si incurrieron en «prevaricato» al declarar asunto de « conveniencia nacional » el mencionado proyecto minero.
Por tratarse el presidente Arias y su ministro de autoridades de alto rango, el caso deberá ser llevado por el propio Fiscal General, Dall' Anese , quien ya en el pasado llevó dos causas por presunta corrupción contra los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón . El Código Penal contempla castigos de dos a seis años de prisión para los funcionarios que encuentre culpables de prevaricato. ***
Después de la interpelación a la que fue sometido Dobles Mora por la Asamblea Legislativa, el ministro se mostró confiado de que la Sala IV dará su aval al proyecto. El mandatario igualmente está confiado de no haber caído en ninguna ilegalidad. Durante la interpelación, celebrada esta semana, ambos funcionarios recibieron duras críticas, incluyendo las de algunos diputados del partido oficial.
Guatemala: persiste rechazo a la minería
El 23 de octubre, autoridades municipales y comunitarias, organizaciones sociales de los municipios de Jacaltenango, Santa Ana Huista y Chiantla, acompañados por las coordinadoras Mayas Mam, Poptí y Q'anjobal , la Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales, el Consejo de los Pueblos de Occidente y la Convergencia Nacional Indígena Waq'ib Kej celebraron una conferencia de prensa para reafirmar su oposición a la minería.
« Sólo en el departamento de Huehuetenango, cerca de 400,000 personas de 20 municipios, hemos rechazado rotundamente este modelo de desarrollo », expresó Francisco Rocael Mateo Morales , del Consejo Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango.
Al concluir la conferencia de prensa, una delegación de todas estas organizaciones se entrevistó con el grupo parlamentario indígena del Congreso de la República, así como con autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ) y el Ministerio de Energía y Minas ( MEM ).
Las entrevistas con las autoridades públicas se hicieron con la intención de hacer valer el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Mundial de los Pueblos Indígenas, donde se establece la necesidad de que los Estados consulten con las comunidades indígenas antes de emprender proyectos en sus territorios. Hasta ahora, 20 municipios de los pueblos mayas Mam, Poptí y Q'anjobal han ejercido sus sistemas tradicionales de gobierno participativo mediante el procedimiento de la consulta comunitaria.
Posteriormente, esta semana, el Consejo de los Pueblos de Occidente aglutina a las coordinadoras Mayas Mam, Poptí y Q´anjobal, la asamblea departamental de Huehuetenango, el consejo de los Pueblos de San Marcos, organizaciones sociales y autoridades de Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá dirigió un pronunciamiento en el que demandaron el respeto a los resultados de las consultas comunitarias contra la minería y dejar sin efectos las licencias mineras a cielo abierto, así como los proyectos hidroeléctricos, en sus territorios.
Rechazaron de igual forma, la reforma a la ley de minería que « en esencia busca únicamente aumentar simbólicamente las regalías y no contempla la consulta a los pueblos lo cual contradice las demandas actuales de las comunidades ».
Exigen además, la no represión y criminalización de las luchas sociales en defensa de la vida, y que se levante las acusaciones contra líderes de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos y San Juan Sacatepéquez. En ese contexto, Rafael Maldonado , coordinador del área legal del Centro de Acción Legal Ambiental y Social ( CALAS ) dio a conocer que las empresas mineras están tratando de afincarse en el oriente del país, específicamente en el departamento de Zacapa.
Según lo reportado por el diario La Hora (29/10/08), Maldonado señaló que las empresas mineras se estarían movilizando hacia el oriente del país, debido a que en el occidente, donde han concentrado los proyectos de explotación de los recursos naturales, la población se ha organizado para manifestar su rechazo hacia estas iniciativas. « La gente en el oriente aún no está preocupada por los efectos negativos que podría traerles la minería, por lo que aún no manifiesta su oposición; esa es una de las facilidades que aprovechan las empresas, ya que no tendrían ningún tipo de oposición. »
Lo denunciado por Maldonado ocurre cuando la consulta pública del Estudio de Impacto Ambiental ( EIA ) del proyecto minero Rocas Negras, en la Finca El Picadito, Cabañas, Zacapa, venció el 29 de octubre, y todo apunta a que será aprobado por el MARN . El proyecto minero para extracción de plomo está identificado en la licencia SEXT 030-08 del MEM , y expediente 396-2008 del MARN . Pertenece a la empresa YTONG, S.A., de reciente creación, y cuyo representante legal es el empresario guatemalteco Miklos Nagy Deak .
Consultado por Inforpress , Maldonado declaró que « Tomando en cuenta la resolución que logró CALAS recientemente de parte de la CC (Corte de Constitucionalidad) para que no se otorguen licencias mineras mientras no se aprueben las reformas a la Ley de Minería, CALAS presentó una objeción ante la Dirección de gestión ambiental y recursos naturales del MARN, pues en el EIA se especifica que el proyecto es para actividades mineras y de aprobarse quedaría en juego la seguridad de la población y del territorio, pues el nuevo proyecto minero afectaría fuentes como el río Motagua. Otra de las estrategias jurídicas de CALAS es recurrir al Derecho de petición que garantiza el artículo 28 constitucional. Se solicitará al ministro del MARN la no aprobación del EIA .»
CALAS también anunció que para el segundo semestre de 2009, promoverá un referéndum para que la población sea la que decida si se deben realizar proyectos de explotación de minería metálica a cielo abierto.
* Además de la justificación, el Decreto contiene los siguientes cuatro Artículos: Artículo 1º—Se declarará de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A. Artículo 2º—En virtud de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto. Artículo 3º—La empresa desarrolladora deberá cumplir con cada una de las medidas de compensación previstas en el Considerando IX. Para el seguimiento y control de lo anterior, la misma rendirá un informe a la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de conservación, la que por su parte certificará el cumplimiento. Artículo 4º—Rige a partir de su publicación.
** Dobles Mora es nieto de la tía de Oscar Arias , Trina Sánchez Cortés .
*** De acuerdo con el Código Penal de Costa Rica, el delito de prevaricato está contenido en el Artículo 350, que dicta que « Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos .»
