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¿Hacia dónde apunta el Caso Rosenberg?
Por Luis Solano - Guatemala, 23 de mayo de 2009

La crisis política desatada por el Caso Rosenberg, que incluso amenazó con deponer al gobernante Álvaro Colom, pareciera haberse desactivado, o por lo menos hoy se encuentra con un perfil más bajo. El amplio respaldo regional e internacional recibido por el gobierno, que condena en general los planes desestabilizadores que pudieran haber detrás y que amenazan con romper el orden constitucional, quizá es uno de los principales factores para esa tensa calma en que se ha entrado. Esto le permite al gobierno enfocarse en el compromiso que impone ese apoyo diplomático, que es abrirle paso a una investigación independiente, lo que al mismo tiempo se convierte en la principal presión para el gobierno. Pero dados los primeros síntomas del remezón político, una pregunta que surge es si esos apoyos más la forma de responder del gobierno, y la intervención de la CICIG en el caso, permitió interrumpir el supuesto plan golpista, si ese era en realidad el objetivo final trazado con el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. O por el contrario, lo que se buscó y que aparentemente se ha logrado, fue debilitar al gobierno al extremo que se proyecta que el resto del período la administración de Colom tendrá que batallar con el estigma del asesinato y la falta de credibilidad institucional lo que al final afectará las aspiraciones de continuidad del partido gobernante. La dinámica del Caso Rosenberg ha dado un giro y ahora se enfoca en el terreno del sector cafetalero, exponiendo fuertes intereses empresariales y de grupos de poder que lo hacen más complejo.

De llegar a resolverse el caso Rosenberg puede llevar a romper con la impunidad que ha hecho que ésta sea necesaria para que opere el sistema político. Esa es la tarea extraordinaria de la CICIG. Pero para ello debe enfrentar las presiones por resolver lo más pronto posible el caso, y el tiempo se convierte en el peor enemigo tanto para la institución como para el gobierno.

Aunque lo más preocupante sean ciertos escenarios sobre el futuro político del país. Uno de ellos es lo que pueda ocurrir de demostrarse la responsabilidad y culpabilidad del mandatario y el círculo que le rodea; otro, comprobarse, con nombre y apellido, los señalamientos del gobierno de que se trató de un plan desestabilizador diseñado desde altas esferas de poder; uno más, que la CICIG no pueda resolverlo debido no sólo a lo carcomidos que se encuentran los cimientos del aparato de administración de justicia, sino además por el papel que juega la impunidad en el sistema político. La CICIG se está jugando su futuro, el del gobierno de Colom y el del orden institucional.

Paradójicamente, la crisis del sistema de administración de justicia provocada por su politización en los distintos gobiernos desde que se inició la llamada transición democrática en 1986, y su penetración por poderes paralelos y crimen organizado, serán los principales obstáculos para resolverlo. Y esto arroja otra pregunta sobre si esa realidad judicial fue parte del cálculo político inmerso en el crimen de Rosenberg.

Tras el pulso político del 17 de mayo, ocurrido con las manifestaciones en pro y en contra del gobierno, y que en buena parte arrojó el nivel de politización en que cayó el Caso Rosenberg, se reafirmó los apoyos que los sectores opositores al gobierno tienen en la capital, y la necesidad del gobierno de recurrir a pobladores y allegados que representan su mayor caudal político y que se concentra en los departamentos.

Una realidad que se expresó en las últimas elecciones generales en 2007, y que patentizó la fortaleza de los principales partidos de oposición en el área metropolitana. Y eso pesó para que en la ciudad capital se criminalizara al mandatario, diera por sentada su culpabilidad y se pidiera su renuncia.

Ese tipo de manifestaciones se proyecta que continuarán y serán una piedra en el zapato para el presidente Colom. Pero para el gobierno, quizá su mayor desafío sea garantizar la continuidad de los programas sociales concentrados en el Consejo de Cohesión Social, que son la punta de lanza de la administración Colom y donde se concentra el capital político de su esposa, Sandra Torres y base de sus supuestas aspiraciones presidenciales.

Pero dado a que esos programas fueron parte del blanco de las denuncias de Rosenberg, su credibilidad se resentirá hasta que no se aclare las dudas que han quedado en el ambiente. E incluso, corren el riesgo de ser suprimidos, dependiendo el curso que tomen las investigaciones que involucran al “brazo financiero” del gobierno: el Banco de Desarrollo Rural (Banrural).

La crítica a esos programas, originada desde sectores neoliberales y desde los meros inicios del gobierno de Colom, es provocada, en gran parte, por cuestiones ideológicas provenientes de grupos opositores que ven en ellos una ruta a un socialismo al estilo del que promueve el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Eso se ha dejado ver en las declaraciones de ex candidatos presidenciales de derecha como Eduardo Suger, Alejandro Giammattei y del general Otto Pérez Molina.

Las protestas sumadas al contenido ideológico, han llevado a pensar que una creciente polarización social está en marcha, que tiende a agudizarse porque independientemente de cuáles sean los resultados de la investigación y sentencias judiciales, nadie estará conforme. En este caso la institucionalidad puede resquebrajarse aún más. “Es decir, la obra maestra para corroer un sistema, y no solamente a un gobierno; para profundizar la división entre los guatemaltecos, y perpetuar el caos en que nadan las mafias como pez en el agua: para ello, nada mejor que las heridas que no sanan nunca.”, anota el analista y ex gerente de Inforpress, Gustavo Porras (Radio Nederland, 14/5/09).

El gobierno y, sobre todo, Colom, nadan contra la corriente. Llevan la carga de los señalamientos que se le vienen haciendo desde el proceso electoral de 2003, que vincularon al partido de gobierno con
grupos de poder paralelos y con el crimen organizado. Eso ha sido aprovechado por la oposición para generar descontentos. Y de ahí los señalamientos para uno de los principales encartados y financistas del gobierno, el empresario Gregorio Valdés O´Connell, a quien Rosenberg lo pone como uno de los que lo amenazó de muerte.

Sobre Valdés O´Connell se ha dicho que ha sido apoyo de los distintos gobiernos desde 1986, pero quizá los nexos que él tiene con el crimen organizado según una columnista de prensa en 2004, sea los más delicados (Inforpress 1799).(i) No obstante, el empresario, proveniente de una de las élites empresariales, es el que menos atención ha recibido por la prensa escrita en la actual coyuntura.

¿Competencia desleal? Secuelas de la quiebra de Bancafé
Los giros que va tomando el Caso Rosenberg, son de amplio espectro. El asesinato del industrial Khalil Musa y su hija Marjorie, poco a poco va abarcando espacios insospechados y estableciendo
escenarios que llevan a preguntarse si fueron montados con antelación, o si el curso de los acontecimientos e intereses los ha creado.

Uno de ellos es el que ha puesto a tambalear al segundo banco más grande del país, el Banco de Desarrollo Rural (Banrural)(ii). Las serias acusaciones que hizo Rodrigo Rosenberg, abogado de los Musa, ponen esos crímenes de los empresarios en el marco de férreas disputas a lo interno de la principal instancia cafetalera de Guatemala: la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) –ver recuadro-.

Pero la extensión que se hizo de la responsabilidad de esos asesinatos hacia los principales directivos de Banrural, es lo que más atrae la atención. Musa, quien debió asumir un cargo dentro de la junta directiva del banco, a solicitud del gobierno, finalmente no lo consiguió. El gobierno aduce que fue por un mal procedimiento administrativo, mientras las acusaciones de Rosenberg indican que la causa fue que Musa se negó a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día en Banrural”.

El Banrural segundo banco más sólido del país, se encuentra hoy amenazado que le ocurra lo sucedido a otros en años recientes: una corrida de depósitos y su potencial quiebra, que a la postre beneficiaría a otros banqueros. Y esto conduce a pensar si el Caso Rosenberg montó la oportunidad de liquidar a un banco estratégico para redistribuir el capital financiero y político que controla.

Esta semana, el encargado de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), Edgar Barquín, declaró que el 11 de mayo, un día después del asesinato de Rosenberg, las acusaciones del jurista provocaron que “en menos de 48 horas” fueran retirados de Banrural “más de 500 millones de quetzales – unos US$62.5 millones- por temor a una intervención”. Barquín agregó que el principal beneficiario de la crisis de Banrural es “otro de los bancos grandes” del país, que no identificó, al mismo tiempo que aseguraba que Banrural no tenía problemas y que se investigaría los señalamientos de lavado de dinero y corrupción hechos por Rosenberg. (EFE, 19/5/09). Sin embargo, el presidente Colom afirmó unos días después que en total fueron unos Q1 mil millones (cerca de US$125 millones), “pero la consolidación de la institución bancaria evitó que se llegara a una crisis más fuerte”, agregó el mandatario. (AFP, 21/5/09).

Banrural es un banco que en el último lustro se posicionó entre los más rentables. De hecho, en el último informe disponible de la SIB (marzo 2009), Banrural aparece como el banco que más ganancias obtuvo, el segundo banco con más depósitos, el tercero con más activos y el que más agencias tiene en los departamentos de la República. El último informe sobre remesas de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para Guatemala –septiembre 2008-, establece que Banrural controla el 75% de las remesas que pasan por el sistema bancario nacional. En todos esos rubros sus principales competidores son el Banco Industrial (BI) el más grande del país; el G&T Continental y el Banco Agromercantil. Esta situación
financiera lo hace apetecible, máxime en las actuales circunstancias.

Banrural, que dentro del contexto del proceso de consolidación bancaria que se ha gestado desde hace algunos años en el país logró constituirse como un Grupo Financiero hace poco más de un año, alcanzó esas posiciones en parte por su estructura accionaria; los segmentos de población que abarca; el manejo de fondos estatales que se estiman en 26% del total de sus depósitos los cuales en total ascendieron a casi Q20 mil millones a marzo de 2009 (a los que se agrega los casi Q1 mil millones en fideicomisos del Estado que administra) y calidad de administración. Esto explica por qué su presidente, José Ángel López, también presidió la Asociación Bancaria Guatemalteca (ABG) en el período 2008-2009 (su período concluyó hace un mes).

Pero también porque fue uno de los tres bancos que se beneficiaron de la quiebra del Banco del Café (BANCAFE), ocurrida en 2006. Los otros dos bancos que se redistribuyeron activos, carteras crediticias, seguros, depósitos, agencias etc., fueron el Agromercantil y el Reformador.

ANACAFE en el ojo del huracán
La Asociación Nacional del Café (ANACAFE) se vio inmersa en el Caso Rosenberg, a raíz del señalamiento que el jurista asesinado hizo a Gerardo de León, representante del Ejecutivo en ANACAFE, de haber amenazado al empresario Khalil Musa, asesinado el 14 de abril.
A Musa se le había ofrecido que fuera el director de ANACAFE por parte del Estado, cargo que al final ya no ocupó. Musa tenía que sustituir a De León, según un juego de misivas que han salido a luz pública.

A raíz de ese señalamiento contra De León, el 19 de mayo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió al gobierno la destitución de los representantes presidenciales en la dirección de ANACAFE, Gerardo De León e Ítalo Antoniotti, así como los designados por el Ministerio de Agricultura, Ciriaco Pirique y Rubén Darío Pacay, titulares y suplentes respectivamente. Y a pesar de que De León era el único señalado por Rosenberg, la solicitud se extendió a los cuatro, quienes un día después, presentaron sus cartas de renuncia al presidente Álvaro Colom.

De León, quien también es gerente de Comercialización de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala (Fedecocagua), ha declarado que es inocente de los señalamientos. En su carta de renuncia, al igual las del resto anota que “A raíz de los hechos acontecidos y en aras de la transparencia, pongo a su disposición mi renuncia, para que a su mejor conveniencia sea resuelta mi permanencia en el cargo”. El gobierno aceptó las renuncias y ahora se presta a nombrar a los funcionarios sustitutos.

En la comunicación epistolar sostenida entre Musa con los directivos de Banrural y De León, aparece información escueta, que ha dado lugar a pensar que el origen del asesinato de Musa deviene de los conflictos internos de ANACAFE que surgen a partir de enero de 2008, y que trascienden hasta la Junta Monetaria (ver recuadro II).
En una de las cartas entre De León y Musa se habla de la quema de la finca Esmeralda y de fondos que ANACAFE invirtió en el extranjero. Esa finca aparentemente es propiedad de familiares de Musa. Y en el caso de los fondos, probablemente se refiere a un escándalo que estalló en septiembre de 2008, cuando trascendió la denuncia de pequeños productores de café ante la Contraloría General de Cuentas, que ANACAFE había invertido, de manera anómala, US$11.4 millones en Wachovia Bank, de Estados Unidos, banco que estaba en riesgo de quiebra (Prensa Libre, 30/9/08).

Algunos directivos de la institución cafetalera afirmaron “que desconocían quién autorizó esa inversión, pues no han visto actas que la aprueben, y que no saben dónde están los intereses devengados.” Por este hecho responsabilizaron al presidente de ANACAFE, Cristhian Rasch Topke. Según la nota de prensa, esos fondos están invertidos, desde 2005, y provienen del impuesto enmarcado en el artículo 1 del Decreto Gubernativo 111-85, que establece el pago del 1% del valor en quetzales de cada quintal de café en oro vendido. Ese tributo lo cobra el Banco de Guatemala (BANGUAT) y entrega al Instituto de Fomento Municipal (INFOM) la cuota asignada a las comunas; la suma restante la deposita en la cuenta de ANACAFE.Por ese impuesto, la institución cafetalera recibe de los productores de grano organizados en cooperativas y federaciones, un promedio de Q40 millones anuales.

La denuncia fue posterior a otros conflictos, que tensaron las relaciones internas. El 23 de enero de 2008 se produjo la destitución de Rubén Darío Pacay como coordinador de la Unidad de Pequeños Productores de ANACAFE, y generó un cisma dentro de la entidad que llegó a los tribunales. Fedecocagua entonces pidió la renuncia de Rasch, a quien declararon “non grato”, en una asamblea en abril de ese año.(elPeriódico, 9/5/08). El despido de Pacay, un productor q´eqchí de Alta Verapaz, fue considerado un acto de “racismo y exclusión”, aunque Rasch señaló que fue un tema administrativo en el que él no tuvo ninguna injerencia. Pacay puso una denuncia ante la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos; y regresó a la Junta Directiva de ANACAFE como representante del Gobierno, la cual fue desestimada por el Ministerio Público (MP), pocos meses después, y cuyo fiscal general era Juan Luis Florido. Tanto Florido como Rasch Topke, estaban estrechamente relacionados con el gobierno de Berger.

En ese contexto a Rasch se le demandó en el juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil; para aclarar supuestas “anomalías” en el uso de las reservas de ANACAFE estimadas en US$13 millones, por el gravamen del 1 por ciento sobre el valor FOB de la exportación de café. Los cooperativistas acusaron a Rasch de desviar la ayuda que las agencias internacionales entregan a la Asociación para atender a los pequeños caficultores y beneficiar a los medianos y grandes cafetaleros, e intentar desintegrar o dividir a Fedecocagua al afiliar nuevas organizaciones de pequeños productores, según el diario en mención.

Como resultado, Diputados de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, en mayo de 2008, en contra de Rasch, por dobles funciones ya que posee el 30% de acciones en una empresa exportadora de café, conocida como Sierra Azul. Elizabeth Donis, diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y presidenta de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales expuso en esos días que: “el problema es que (Rasch) tiene una empresa y como presidente de ANACAFE no puede asumir dos funciones, esto se demuestra en la ley del café la cuál es clara y establece que no puede ser exportador.

Además, conocemos que aunque tuvo en su elección 20 votos, sólo pide apoyo a los titulares para acciones administrativas y no toma en cuenta al resto”. Por informaciones de prensa, se sabe que a principios de esta semana Rasch abandonó el país junto a su familia.

I. Banrural y el trasfondo político
El caso Banrural se enmarca dentro de las complejidades extraeconómicas que se esconden detrás del proceso de consolidación y que, desde la quiebra de BANCAFE, una de sus características ha sido las quiebras de algunos bancos debido a corrupción y malos manejos, y sobre todo las campañas negras que han debido padecer otros bancos en el marco de luchas intestinas político-electorales y por el control de determinados mercados financieros, como el de las remesas (El Observador No.3, noviembre/06 y No.4, febrero/07).

Los casos quizá más importantes a recordar fueron las campañas negras contra el G&T Continental en 2006, y el Agromercantil en 2008. En el primero de esos bancos todavía están presentes los señalamientos del entonces gerente general de esa institución Flavio Montenegro Castillo, quien destacó que “existen indicios de quiénes estarían detrás de los rumores de quiebra, y podría tratarse de algunas entidades bancarias” (Prensa Libre, 5/12/06). Mientras que el vespertino La Hora señaló que Montenegro dijo: “Tenemos indicios que por lo menos tres entidades bancarias pudieran estar involucradas en estos hechos, aunque las investigaciones en base a las pruebas puedan demostrar la verdad” (La Hora, 4/12/06).

Montenegro Castillo, conjuntamente con Gregorio Valdés O´Connell, son considerados parte del bloque de amigos y consejeros de Álvaro Colom (Prensa Libre, 10/5/09). El hermano de Valdés O´Connell, José Luis, es el presidente del Banco Agromercantil, en cuya institución el Grupo Valdés está entre los principales accionistas. Esta situación dejaría al Banco Industrial (BI) como uno de los mayores interesados en Banrural, tras su fallida participación en el proceso de exclusión de activos de BANCAFE, en 2006. BI es un banco que se involucró en la adquisición y fusión del Banco de Comercio, que quebró en 2006, y el del Banco de Occidente, operaciones financieras que arrojaron más preguntas que respuestas.

Pero el peso político de Banrural también hay que sopesarlo. Pocos días después de asumir la presidencia de la República, Colom hizo la presentación del Plan de Desarrollo Rural en el municipio de Ixcán, Quiché, acompañado de las dos principales figuras de Banrural, hoy en la picota: José Ángel López, presidente del grupo financiero Banrural y Fernando Peña, presidente del Consejo de Administración de Banrural. Colom fue enfático al declarar que “Banrural será el brazo financiero de nuestra administración”, mientras que López agregó que “Estamos al servicio del Estado, con la idea de que las comunidades mejoren su calidad de vida”. Y dado a que el Estado es el principal accionista en Banrural, no fue raro escuchar que las utilidades correspondientes al Estado, y los impuestos que Banrural debe pagar, serían utilizados para programas de desarrollo social, actividades que estarían coordinadas con la esposa del presidente, Sandra Torres, hoy coordinadora del Consejo de Cohesión Social.

La importancia de Banrural para los programas sociales, pilar de la administración de Colom y fuente de capital político de Sandra Torres, de la que insistentemente se dice que aspira a la candidatura presidencial, queda demostrada. Por ello los ataques y acciones contra Banrural pueden tener objetivos de amplio espectro.

El caso Banrural también tiende a cuestionar la institucionalidad financiera, cuando los empresarios han sembrado dudas sobre las investigaciones que deben realizar la SIB y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la encargada de velar porque se cumpla la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió al gobierno una auditoría de Banrural, pero que estuviera a cargo de una firma internacional independiente.

“El mismo día del video, le hicimos el requerimiento al presidente, el video menciona el tema de Banrural, cosas de corrupción y malos manejos. Para desvanecer estas dudas es que pedimos la auditoría forense”, declaró el vicepresidente del CACIF, Carlos Amador (AP, 19/5/09). Sin embargo, lo que en el fondo se cuestiona es el estrecho nexo entre el superintendente, Edgar Barquín, con el gobierno.

La petición del CACIF se da en el contexto de la reunión que está por celebrarse en Guatemala, a principios de junio, entre la SIB y una delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el brazo regional para Centro América y el Caribe del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). El objetivo es evaluar los avances en el combate al lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo en el país.

Guatemala, si bien salió de la “lista negra” del GAFI que incluía a países que no cooperaban en la lucha contra el lavado de dinero, todavía permanece en una “lista gris”, donde están los países que han demostrado avances en el cumplimiento de las 40 recomendaciones que el GAFI solicita. Es decir, el sistema bancario nacional todavía padece, en general, la enfermedad que hoy se le achaca exclusivamente a Banrural.

La columnista Carmen Escribano de León, anotó en un artículo reciente que “Creo que en el afán de quebrar a Banrural, tras el cobarde asesinato del Licenciado Rosenberg, hay gato encerrado.” (elPeriódico, 19/5/09). Mientras que otra columnista, Dina Fernández, escribió que “De ahí que no se pueda descartar tampoco que en todo esto se arrastren colas de las sordas tensiones que han habido entre banqueros desde la liquidación de Bancafé. Al parecer, el Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos le pidió al señor Musa que se parara en medio de esos vientos huracanados. La investigación debe abrir esa olla descomunal. Da miedo qué se pueda encontrar.” (elPeriódico, 20/5/09).

II. Cooperativistas contra empresarios
A finales de 2008, surgió otra polémica. Esta vez involucró a la Junta Monetaria, luego que Ciriaco Pirique fuera electo representante del sector cooperativista ante la Junta Monetaria (JM) lo que provocó un remezón político porque por primera vez desde 1945 cuando fue creada la JM, el sector empresarial, aglutinado en el CACIF, fue desplazado y no tenía representación ante la máxima instancia financiera. Ante las impugnaciones de los empresarios, el proceso fue invalidado meses después por la Corte de Constitucionalidad (CC), y devuelta la representación al empresariado.

La designación de Pirique había sido avalada por el gobierno de Colom, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB). El cooperativista fue nombrado en el gobierno de Berger como suplente en el recién creado Consejo Asesor de Seguridad (CAS), cargo en el cual fue confirmado por el presidente Álvaro Colom a mediados de 2008.

Pirique representaba a la Confederación de Cooperativas de Guatemala en la Junta Directiva de la Asociación Nacional del Café. Aunque desde 2008 lo hacía en representación del Consejo de la Política Cafetalera, nombrado por el presidente de ese foro, Julio Recinos, quien fue ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación hasta hace poco, cartera a la que renunció para regresar a un alto puesto directivo de Fedecocagua, de donde él provenía.

Inforpress Centroamericana, semanario de investigación y análisis sobre la dinámica política, social y económica de la región centroamericana, es publicado por

desde el año 1972 en sus versiones en español e inglés. Inforpress es una la agencia editora que brinda información a organizaciones sociales, oficinas de gobierno, agencias de cooperación, miembros de la comunidad internacional y demás actores interesados en la región centroamericana.

(i) Siglo Veintiuno, 12 de enero de 2004. Karin Escaler. Columna titulada El ajedrez de Otto Pérez. La columna de Escaler se llamaba La Cofradía, en una supuesta alusión al grupo militar de línea dura organizado por la comunidad de inteligencia militar en la década de 1980, donde destacan los generales retirados Manuel Callejas y Francisco Ortega Menaldo, ambos señalados de ser cabecillas del crimen organizado. Ese grupo se contraponía al denominado Sindicato, que lideraba Pérez Molina. La ex columnista de ese diario, es una economista proveniente de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) donde ha sido catedrática, al igual que en la Universidad Galileo. Ha sido catedrática del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CEESDENA), Escuela de Inteligencia y Escuela de Asuntos Civiles.

(ii) Banrural se constituyó como sociedad anónima en 1997, aunque de capital mixto, a partir de la reconversión del estatal Banco de Desarrollo Agrícola (BANDESA). El capital autorizado del banco fue de Q200 millones, divididos en dos millones de acciones distribuidas entre seis categorías: 30% para el Estado; 20% para entidades del movimiento cooperativo; 20% para organizaciones mayas, garífunas, xincas, y campesinas legalmente reconocidas; 10% para las organizaciones no lucrativas; 10% para asociaciones, federaciones o grupos de micro, pequeños y medianos empresarios; y 10% como pago parcial o total del pasivo laboral para ex empleados de BANDESA, organizaciones de mujeres, y por otras entidades, y el público en general (Inforpress 11/7/97 y 26/4/06).

Fuente: www.Inforpressca.com


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