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Resarcimiento y reconciliación
Por Miguel Ángel Albizures - 8 de julio de 2004

Desde principios de año la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) había quedado acéfala por diversas razones que tienen que ver con las enfermedades permanentes del movimiento social guatemalteco: el sectarismo, el protagonismo, la exclusión y descalificación del otro o la otra que se ponga en el camino de quien aspira a ascender o aparecer en la foto, pero también por la indecisión del Gobierno que debió, en el mes de enero, ratificar al Comisionado Presidencial o nombrar a la Comisionada para que, sin tardanza, le diera continuidad, si es que empezó a desarrollarse, al Programa Nacional de Resarcimiento, pero no lo hizo.

Ofreció y lo anunció para el 25 de febrero, y las víctimas tuvieron que esperar hasta el pasado martes para escuchar las palabras del presidente Berger en la toma de posesión de Rosalina Tuyuc y los otros 12 miembros de la Comisión, cuando les extendió un cheque con un cero menos del compromiso que debiera cumplir en el presente año, es decir, en vez de Q300 millones, les fueron entregados Q30 millones para que la CNR se las espante en la apertura de oficinas en diversos departamentos e inicie su gestión de atención a las víctimas.

Lo bueno de todo, a pesar del sabor amargo de las disputas, es que la dirigencia de las organizaciones que pujaban por llevar agua a su molino, por fin se sentaron a la mesa de discusiones, arribaron a importantes acuerdos y pareciera que al final de cuentas pensaron más en las víctimas que en los intereses personales y de grupo. Ojalá y ése sea su comportamiento, porque las víctimas no tienen por qué sufrir las consecuencias de sus diferencias.

El enfrentamiento armado terminó el 29 de diciembre de 1996, hace casi 8 años, y es hasta ahora que se cuenta con un Programa Nacional de Resarcimiento al que el Congreso debería darle fuerza de ley y asignarle los recursos que se requieren. La responsabilidad pesa sobre los hombros de la Comisionada Presidencial y de las y los miembros de la Comisión que tendrán que rendirle cuentas a la sociedad, pero especialmente a las víctimas y a sus organizaciones.

Esto exige de cada uno madurez, compromiso real y dejar en el cofre de los recuerdos el sello partidario para contribuir con su actitud y propuestas a la dignificación de las víctimas, para no provocar un nuevo dolor y una decepción más en quienes tienen derecho al resarcimiento o reparación individual, colectiva o social. Las comunidades deben estar atentas, porque desde el año pasado surgieron varios oportunistas, aquéllos que hacen su agosto con las víctimas, ofreciéndoles apuntarlos en la lista por Q5 o Q10, para que sean los primeros en ser atendidos. No se dejen engañar y denuncien a cuanto seudodirigente aparezca pidiéndoles dinero para llenar un formulario.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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