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Pruebas de juicio vuelan a Nebaj
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 26 de agosto de 2004

Como si fuera poco, el calvario recorrido por los testigos, querellantes y abogados en el juicio contra los generales Fernando Romeo Lucas García, Benedicto Lucas García y Luis René Mendoza Palomo, acusados de los delitos de genocidio, instigación al genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, el expediente pasa de las manos de la Jueza Segunda de Primera Instancia Penal, al juzgado de Santa María Nebaj, Quiché, poniendo en peligro la documentación y las pruebas que perezosamente ha recabado el MP desde hace más de cuatro años, en que la Asociación por la Justicia y la Reconciliación presentó la querella contra dichos personajes que en esa época formaron parte del Alto Mando del Ejército, que planificó, facilitó la logística y la infraestructura, designo jefes y giró órdenes para la ejecución de sus planes.

En los trámites para recabar pruebas, los querellantes solicitaron una exhumación en Chajul, Quiché, la cual fue autorizada por la Jueza Segunda a quien se le designaron las funciones de órgano contralor de la investigación, sin embargo, luego se inhibió de seguir conociendo por razón de territorio, a pesar de que los hechos sucedieron en Chimaltenango, Huehuetenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz y que, incluso la Fiscalía constituida para investigar los hechos de genocidio tiene su sede en Guatemala.

El Juzgado de Primera Instancia penal, de Santa María Nebaj, acertadamente planteó duda de competencia y se interpusieron recursos de amparo, pero la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte de Constitucionalidad resolvieron en contra, haciendo caso omiso de los recursos, a pesar de que los hechos sucedieron en diversos departamentos y que la decisión de exterminio de poblaciones se tomó en la capital por el Alto Mando. Con esta resolución dada por la CC, ocho meses después de presentado el amparo, se confirma que no se puede seguir confiando en el sistema de justicia y que en medio de todo, prevalecen intereses políticos y no el apego a derecho del que deben hacer gala los magistrados.

Intentar que la justicia sea pronta y cumplida con el tipo de jueces y magistrados que tenemos, es casi imposible, y para colmo, quieren reelegirse a pesar de su parcialidad manifiesta en diversos casos que caen en sus manos, y de favorecer intereses de militares acusados de diversos hechos criminales.

Cuatro años después de haberse presentado la querella y 24 de haberse cometido los hechos criminales, se sigue investigando, los expedientes son manoseados por cualquiera y vuelan para una región que sufrió los estragos de la guerra sucia y las víctimas siguen sin ser resarcidas en lo más importante, la aplicación de la justicia. ¿Qué esperan, que se muera Romeo Lucas? ¿Seguirse lavando las manos cobardemente o cumplir las funciones que les asignaron y que el pueblo les paga? Ojalá y la Comisión de Selección de Magistrados a las Cortes, tome nota de las múltiples denuncias que se han hecho, para que más temprano que tarde, se supere la absoluta indefensión en que se encuentra la población guatemalteca.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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