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Avalancha contra los DD.HH.
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 12 de septiembre de 2004

El 3 de septiembre pasado, miembros de SEDEM, Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, denunciaron acciones de hostigamiento cometidas por elementos de las Fuerzas Especiales de Policía que se conducían en el picop placas 13091, quienes les siguieron, les bajaron del carro, les interrogaron, transmitieron por radio sus datos personales, revisaron sus pertenencias, todo por el trabajo que realizan –de común acuerdo con la PDH– en la desclasificación de documentos del supuestamente fenecido Estado Mayor Presidencial.

El pasado sábado 11 fue encañonado Mario Minera, miembro de CALDH, a quien le secuestraron por espacio de una hora y se llevaron el vehículo y algunos documentos de la institución. Vale recordar que el 11 de marzo de este año les fue robado a punta de pistola otro vehículo frente a sus oficinas –que se supone gozan de medidas cautelares–, lo cual no ha impedido las amenazas y allanamiento sufridos entre el 14 de julio y 2 de agosto del presente año. ¿Qué pretenden? ¡Quién sabe!, pero las amenazas y el hostigamiento están a la orden del día, mientras algunos diputados luchan denodadamente por desmantelar legalmente cualquier oficina de observancia y vigencia de los derechos humanos.

Por eso le pesa al diputado Antonio Arenales Forno que se siga defendiendo la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y le pesa porque él es uno de quienes quieren barrer con todo tipo de vigilancia en el país para que no se sigan violando los derechos humanos. El tiro es claro: no se aprueba la CICIACS, no se aprueba la Oficina del Alto Comisionado, y Minugua –que ha sido una piedra en el zapato– se retira en diciembre y no habrá quién por nosotros, pues el sistema de justicia ya sabemos cómo funciona. En otras palabras, se pretende que los aparatos clandestinos sigan funcionando y mantengan de rodillas a la ciudadanía, y especialmente a quienes defienden los derechos humanos.

El diputado Arenales Forno, en un artículo reciente que publicó en este medio para fundamentar su oposición a la Oficina del Alto Comisionado, mintió descaradamente al referirse a Ruanda como ejemplo, pues conscientemente obvió decir que en Ruanda, después del genocidio cometido en el 94, hace apenas 10 años, se constituyó un Tribunal Internacional que funciona para juzgar a los criminales y que, por los horrendos crímenes allí cometidos, guardan prisión hasta un par de periodistas y monjas que fueron sentenciadas por incitar al genocidio, y que además se crearon los tribunales populares llamados Gacacas, integrados por sabios y ancianos de las comunidades, y que más de 70 mil de los criminales han ido a la cárcel o han sido juzgados. Ese hecho es histórico, sienta precedentes y representa algo mucho mayor que una simple oficina de Naciones Unidas en Guatemala. Ya quisiéramos nosotros la instalación de un Tribunal Internacional que juzgue no sólo a los criminales del pasado, sino también a los que siguen ejecutando crímenes bajo el amparo de aparatos clandestinos y de diputados que se oponen a una Comisión de Investigación, a una oficina de la ONU, y que pretenden debilitar o desaparecer a las ONG o a cualquier institución que tenga relación con la defensa de los derechos humanos.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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