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Militares versus Justicia
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 14 de octubre de 2004

Estamos asistiendo a un pulso entre el poder militar, acostumbrado a hacer lo que le viene en gana sin rendir cuentas a nadie, y un intento del sistema de justicia por sacar fuerzas de flaqueza levantando la cerviz frente a quienes siempre la han agachado, ya sea por temor, por complicidad o porque las pruebas se esfumaron como agua entre los dedos. Quienes tenemos memoria, recordamos la “fuga” del capitán Hugo Contreras del Cuartel General de Matamoros, en cuyo lugar tenía el privilegio de guardar prisión y de donde, al conocerse la sentencia por la muerte de Michael Devine, en Petén, desapareció por arte de magia sin que hasta el momento las autoridades den cuenta de su paradero. Lo mismo sucedió en el caso del general Valencia Osorio, acusado de ser uno de los autores intelectuales de la muerte de Myrna Mack, cuya estrategia de fuga fue montada para darle tiempo a burlar la justicia.

En el escándalo de los archivos y la corrupción que hoy ocupa a los medios de comunicación, está claro que les dieron todo el tiempo del mundo para esconder evidencias y, sin embargo, están metidos en un embrollo que, salvo que logren probar lo contrario, no llegarían al sector 12 donde los esperan otros funcionarios del gobierno anterior. Pero para ello se necesita la colaboración de militares que se consideran honestos y que además lo son. Éstos tendrían que olvidarse del espíritu de cuerpo, dejar de taparse con la misma chamarra shuca y contribuir a esclarecer los hechos que se les imputan a sus compañeros de armas, para que se sienten precedentes en el país que frenen los desfalcos en las arcas del Estado y, a la vez, se respeten los recursos propios de los militares afectados con el uso y abuso que se hizo en el Instituto de Previsión Militar (IPM).

Se habla nada menos que de 906 millones que se gastaron sin base legal, y desde hace tiempo se denunció la existencia de plazas fantasma, cuyos hechos se pretende cubrir con el manoseado secreto de Estado, que no es más que un artículo constitucional que da privilegio al Ejército para actuar con toda impunidad en el manejo de los recursos. Ahora entendemos perfectamente el porqué de tanta transferencia de dinero en años anteriores al Ministerio de la Defensa y al tristemente célebre por los crímenes cometidos, Estado Mayor Presidencial (EMP). También se entiende por qué el presupuesto anual, en lugar de disminuir en tiempos de paz, se mantuvo para saciar el apetito de quienes, además de corruptos, son altaneros e intolerantes, cuando los hechos hacen poner en duda su paso firme y honesto por la Institución Armada.

Es importante para el futuro del país que este pulso lo gane el sistema de justicia, y que la decisión y acción de los jueces siente jurisprudencia. Todo esto para que no se siga manoseando la Constitución al sabor y antojo de los actuales y futuros militares que llegan a puestos clave, y hacen micos y pericos con los recursos de la Institución Armada, que son recursos del pueblo.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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