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Viviendo bajo amenaza
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 17 de febrero de 2005

Los criminales andan libres y se mueven armados.

La expresión común que escuchamos en las conversaciones o en las opiniones que dan guatemaltecos de diversos sectores a la radio, es que la situación es insoportable, que no se aguanta más, que no hay seguridad ni refundidos en la casa o en las oficinas y que estamos expuestos a que en cualquier momento nos toque el turno, o se repita el asalto en los buses o en cualquier calle o carretera del país. La confianza en las promesas de las autoridades está por los suelos, nadie cree nada y desconfían de todo, porque no se vislumbran los cambios mientras la situación tiende a agravarse.

El pueblo de Guatemala, en su mayoría, vive atemorizado y bajo amenaza, si no son las maras en cualquier barrio o comunidad, son los narcos, las ex PAC o el crimen organizado y no pocas veces en complicidad con ellos, los agentes de la Policía Nacional Civil que extorsionan, secuestran, o violan a indefensas mujeres o a tiros quitan de su camino a cualquiera que les haga estorbo para cometer sus fechorías. Distinguir entre uno y otro no es nada fácil cuando las fuerzas de seguridad están infestadas hasta el tuétano.

A esto hay que agregar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que hacen o mandan a hacer trabajo sucio de índole política y que afecta más directamente a organizaciones de derechos humanos y defensores, hombres y mujeres que luchan por su plena vigencia en el país, por la investigación de los crímenes que se cometen, por el cese de la coacción y la amenaza y el robo descarado de sus equipos de trabajo y archivos. ¿Qué es lo que nos quieren vender con provocar o permitir el deterioro total de la seguridad ciudadana? ¿La mano dura?, ¿la presencia del Ejército en todas las instituciones? O es que lo que quieren lograr del movimiento social, de mujeres, de jóvenes, de sindicatos, de campesinos, de organizaciones de derechos humanos, de periodistas, es ¿que se callen la boca?, ¿que se debiliten y dejen la protesta?, ¿que no exijan investigación de los hechos criminales que se están cometiendo?, ¿que acepten sin decir nada la ley antimaras y la restricción de garantías ciudadanas?

Esas y otras interrogantes surgen ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad y ante la falta de respuestas lógicas que se obtienen cuando se abordan los temas de seguridad o cuando se denuncian los seis allanamientos de sedes de organizaciones que se han dado en el presente año, los cinco hechos de amenazas y restricción de la función periodística, los secuestros de personas o los más de sesenta asesinatos de mujeres en menos de dos meses.

Mientras los criminales andan libres y se mueven armados en cualquier lugar del país, hay más de cien órdenes de captura de dirigentes sociales para impedir que puedan continuar con su actuación en pro de la justicia. Es la criminalización del conflicto social para garantizar los intereses de un pequeño grupo que continúa decidiendo los destinos del país. Ese camino sólo nos puede llevar a la ingobernabilidad, a la justicia por mano propia, a la agudización de las contradicciones y al estallido social en busca de justicia. El pueblo de Guatemala tiene derecho a la tranquilidad, no puede seguir viviendo bajo el temor y la amenaza. Darle seguridad es responsabilidad del Estado y éste, debe asumirla.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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