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El fantasma del dictador
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 16 de mayo de 2005

Los mártires mueren cuando los vivos los olvidamos.

Como si poca fuera nuestra desgracia, el fantasma del dictador reaparece a través de una propuesta descabellada para resolver un problema de seguridad y de protección a los aperadores de justicia. Se propone autorizar la impunidad y arbitrariedad que ni más ni menos nos llevaría a los momentos de terror de los años 82-83 en que todo el sistema de justicia estuvo funcionando bajo las botas, con la espada al cuello y el caño en la sien.

Es más delicado aún que la propuesta de volver a los jueces sin rostro y tribunales de fuero especial venga de un fiscal que se supone conoce las leyes, sabe lo que es el debido proceso y las consecuencias funestas de juicios sumarios que no dan lugar a defensa y son violatorios del articulado constitucional. Conozco personas que estuvieron en los tribunales de fuero especial y sé del pánico que provocaron en la sociedad los fusilamientos que se hicieron públicos y que jamás se supo si eran o no culpables de las acusaciones que les hicieron después de haber sido secuestrados y desaparecidos.

A pesar de la distancia que marcan 25 años con sus días y sus noches, la memoria se niega a olvidar, porque como bien está recogido en las páginas de nuestra historia, los mártires, los que nos dieron el ejemplo de sus luchas y reivindicaciones, los que soñaron con otra Guatemala, mueren cuando los vivos los olvidamos. Por ello, tiene razón el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Barrios Castillo, al prevenir que regresar a la época de los jueces sin rostro sería un retroceso para la justicia y la opción menos viable e inconstitucional.

El fiscal Leopoldo Liu y todos aquellos aperadores de justicia que comparten su opinión, deben pensar bien si continúan o no en el puesto que les asignaron, pues si no tienen vocación y todo lo demás que se necesita, es mejor la búsqueda de otros derroteros antes de ocultarse en el anonimato para el cual ni siquiera se necesita el cartón de abogado, pues a muchos en aquella época les bastó el uniforme, las botas y la obediencia ciega a una orden del general para mandar al paredón a cualquiera cuando tenía la suerte de llegar a un Tribunal de Fuero Especial y no quedarse en la tortura o ser ametrallado en las calles.

El gobierno y la Corte Suprema de Justicia tienen la responsabilidad de crear y desarrollar los instrumentos legales de protección a la integridad física y a la vida de los operadores de justicia, y esa responsabilidad no debe seguir siendo evadida, sino dotar de los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de todo el sistema de justicia. Reconocemos que ante la capacidad operativa que el Estado ha permitido que desarrolle el crimen organizado y todos los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, nadie está a salvo y menos aún quienes ejercen su profesión en condiciones precarias, de ello estamos conscientes, pero es la Corte la que tiene que asumir con seriedad su propia responsabilidad, sin ningún tipo de fomento a la impunidad que lesione el sistema de justicia y nos remonte a los tiempos del dictador.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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