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Pagarán el costo político
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 19 de mayo de 2005

Por supuesto que no se puede señalar solo al Ejecutivo.

Faltan más de dos años y medio para que finalice este gobierno sin que hasta el momento haya dado muestras de voluntad firme y duradera de encauzar al país por los senderos de una auténtica democracia. Por el contrario, el retroceso en aspectos vitales que la sustentan y le dan contenido es evidente, y la responsabilidad es de quienes tienen el poder en sus manos y toman las decisiones. Los poderes paralelos, ocultos o clandestinos solo se desarrollan, fortalecen y funcionan con el apoyo, consentimiento u omisión de quienes tienen en sus manos la fuerza legal para contrarrestarlos.

Por supuesto que no se puede señalar solo al Ejecutivo, copado por elementos del poder económico que ven el derecho de su nariz, pues tanto el poder Legislativo como Judicial cargan con la responsabilidad de fortalecer y desarrollar un Estado Democrático de Derecho al que nos sometamos todos, ya sea con leyes no restrictivas de los derechos ciudadanos, o investigando y persiguiendo el delito y aplicando la justicia sin discriminación alguna. Ensañarse con la juventud en general y dejar hacer lo que les viene en gana a los peces gordos, cerrar los ojos ante los aparatos clandestinos, poner oídos sordos y criminalizar a las organizaciones que pujan por la democracia, no es la solución.

El problema no es tanto que los partidos y sus dirigentes paguen el costo político de sus acciones, el problema fundamental es que se lo carguen al pueblo y volvamos aceleradamente al cierre de los espacios políticos de participación, a la restricción del derecho a la libre expresión y a la violación flagrante de los derechos humanos en su más amplia interpretación. Quienes hoy gobiernan podrán decir que no hay restricciones de ninguna clase, que todos los derechos están garantizados en la Constitución y que son respetuosos de su contenido. Pero los derechos se complementan entre sí, y son violentados cuando se allana cualquiera de las organizaciones sociales o de derechos humanos, cuando se hace inteligencia para controlar e intimidar dirigentes.

Está claro que el obligado a garantizar la seguridad ciudadana en su más amplia interpretación es el Estado. Que los ciudadanos comunes y corrientes y las organizaciones y su dirigencia no estamos obligados a decir al Ministerio Público quién nos amenaza, de dónde pueden venir los ataques, a quienes deben castigar o perseguir. La investigación y la persecución penal es responsabilidad de las instituciones que, para ello fueron creadas y si no funcionan, no es culpa de los ciudadanos, lo es de quienes gobiernan. Ojalá y actúen pronto, antes de que el pueblo busque otras opciones y el agua les llegue al cuello.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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