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Una oficina condicionada
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 2 de junio de 2005

Nuestra lucha no termina con la aprobación del decreto.

Las rivalidades políticas o las posiciones ideológicas no deben ser motivo para oponerse a leyes que benefician al país y que tienden al respeto y garantía de los derechos humanos. Eso queda para la gente ruin, para quienes, a pesar de tener la cabeza grande, carecen de cuatro dedos de frente para entender que en nada daña que una delegada u oficina internacional como la de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Louise Arbour, ponga sus pies, sus oficinas y su intelecto al servicio de un país atrasado que no alcanza a entender que los derechos humanos no se discuten, sino se respetan, y que el Estado y con él los diputados, son los más obligados a observarlos y protegerlos.

Tenerle miedo a un informe anual y aun cuando fuera cada tres meses, es estar predispuesto a violar los derechos humanos y a decir que en este país no se está dispuesto a cambiar. Entendemos de dónde viene la oposición y la mediocridad oculta en una falsa soberanía, en la doble moral de un falso patriotismo que vociferó en contra de quienes plantearon asesorar, aconsejar o aportar en materia de derechos humanos y sobre cuál debe ser el comportamiento de los funcionarios. Si ellos no acostumbran respetar los derechos, ¿cómo van a querer la presencia de alguien que observe su pésimo comportamiento?

Y todavía los escuchamos intentar gritar en los corredores de palacio del Congreso, levantar las manos y decir que ahora sí, ha quedado la oficina a la altura de sus aspiraciones, pues no servirá para mucho si no representa un disuasivo para la ola de violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, al pan diario, a la educación o al pleno empleo. No se trata de desprestigiar al país como dicen los dinosaurios, ni de vivir de la defensa de los derechos humanos, como señalan quienes se han dado a la tarea de desprestigiar a las organizaciones y a los defensores, sino de plantear la realidad que vivimos y asumir que todos tenemos una responsabilidad en cambiar esa situación de violaciones. Por eso nuestra lucha no termina con la aprobación del decreto en el Congreso, las organizaciones deberán trabajar en el campo internacional, estableciendo relaciones constructivas y propositivas no sólo con la o el representante de la Alta Comisionada de la ONU sino también con la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, así como con los diversos Relatores de este organismo internacional. No hay que olvidar tampoco que hay que continuar trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien ojalá el nuevo Secretario General de la OEA la fortalezca para que pueda cumplir mejor su función.

Quisiéramos pensar que pronto se pueda dejar esa lucha por un lado y anunciar que, por fin, Guatemala es otro de los países que entran a la civilización, dejan las cavernas y asume como fundamental el respeto de los derechos de todos los seres humanos. En ese momento, podremos respirar profundo y descansar un poco en el camino.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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