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¿Injusticia venezolana o española?
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 27 de junio de 2005

Ha sido necesario acudir a otras instancias para devolver la dignidad a Guatemala.

Nos ha sorprendido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al levantar la vigilancia de los pasos tambaleantes del genocida Fernando Romeo Lucas García, así como la prohibición que existía de salir del país mientras se terminaban los trámites de la Audiencia Nacional de España para la extradición y juicio de uno más de los dictadores latinoamericanos que ensangrentaron a sus pueblos. Nos sorprende porque, ante la total ausencia de justicia en Guatemala, ha sido necesario acudir a otras instancias para dignificar a las víctimas y devolverle la dignidad al pueblo de Guatemala que tiene que soportar el deambular tranquilo, y hasta la participación política de criminales del calibre de Ríos Montt, García Arredondo, Chupina Barahona o Álvarez Ruiz entre otros tantos cuyos nombres ya se mencionarán en su momento.

El Tribunal venezolano justifica su resolución en que la Audiencia Española no cumplió con el requisito de solicitar, en el curso de dos meses, la extradición del dictador, como si fueran pocos sus crímenes y alto el desconocimiento de los jueces venezolanos sobre el holocausto acontecido en Guatemala bajo el mandato de Lucas García. Entendemos que, en todo caso, se apegan a derecho, pero no entendemos que, transcurridos 25 años, aún las víctimas y sus familiares no encuentren asideros para hacer funcionar la justicia en algún rincón del mundo. ¿Tendremos que suplicar? ¿A quién? ¿Presentar pruebas? ¿A quién?, si todas las tiene registradas la Historia y muchas de ellas están en las fosas exhumadas, en los testimonios presentados por los sobrevivientes al Ministerio Público, en cientos de artículos y en el dolor y la exigencia de quienes, como los familiares de los detenidos desaparecidos de la Central Nacional de Trabajadores CNT, en un aciago 21 de junio de 1980, siguen exigiendo se haga justicia.

No tendríamos necesidad de esperar que la Audiencia Española pidiera la extradición y reclamara sus muertos en la Embajada, ni que los tribunales venezolanos comprendieran y saciaran nuestra sed de justicia. No tendríamos necesidad de suplicar que los organismos internacionales se compadezcan de nosotros y hagan justicia, cuando se supone que tenemos un sistema de justicia y, dentro de él, un Ministerio Público que tiene la gorda obligación, no de escuchar nuestros lamentos, sino de perseguir penalmente y por oficio a los criminales de ayer, de hoy y de siempre.

No queremos escuchar explicaciones estúpidas y rebuscadas para justificar la inoperancia del sistema de justicia guatemalteco. Queremos ver los hechos, las actitudes, la decisión de cumplir con sus obligaciones, por las cuales pagamos impuestos, no para que se sigan burlando de nosotros o se zurren en los pantalones de miedo, sino para que demuestren que existe un Estado de Derecho y que van a fortalecerlo con la aplicación de la ley sin discriminación alguna. El tiempo corre, los hechos hablan, el silencio, la indiferencia, la ineficiencia y el hacerse babosos es complicidad manifiesta y debe ser juzgada no sólo por la Historia, sino como corresponde a quienes, estando en capacidad de dar saltos en la historia de la justicia en Guatemala, tiemblan de pies a cabeza y le dicen y le mienten a sus hijos que se trata de una simple gripe y no de un taconear de botas que los hace meter la cabeza entre las sábanas.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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