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Cartas que merecen un comentario
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 11 de julio de 2005

No existen escuadrones de la muerte, dicen las autoridades.

“Huehuetenango 29 de junio 2005. Aviso urgente: Hacemos saber que las últimas acciones desestabilizadoras hechas por su organización, han provocado descontento e indignación en las organizaciones que trabajamos por la paz del departamento. Le recomendamos: Que se abstengan de llevar a cabo reuniones de más de 20 personas en cualquier lugar, ya que entenderemos como un acto de nueva provocación y reaccionaremos en respuesta de sus acciones desestabilizadoras. Le recomendamos mucha prudencia en lo que de aquí en adelante planeen en las comunidades y en el departamento. Sin otro particular. Grupo de Acción por la Paz de Huehuetenango”.

Esta carta fue recibida por fax el 7 de julio de 2005 a las 7:40 a.m. en las oficinas de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba, en Chimaltenango, y fue dirigida a Mario Godínez, coordinador general de esa organización. Menos mal que se trata de un grupo de “acción por la paz” que amenaza de muerte, prohíbe las reuniones y que, sin duda alguna, actúa como el grupo de matones que ha surgido en Sololá, en Palín y en otras regiones donde se realiza una limpieza social para apoyar a la Policía Nacional Civil.

No existen escuadrones de la muerte, dicen las autoridades cuando se hacen denuncias de amenazas, de allanamientos de sedes, de robo de carros a mano armada o de cualquier hecho que se denuncia. Todo para ellos es fruto de la delincuencia común, del crimen organizado o de mareros. Algunos columnistas al servicio de quién sabe qué intereses han ido más lejos, señalando que los propios defensores de derechos humanos organizan allanamientos y robos para conseguir más plata de las instituciones internacionales y crearle problemas al gobierno.

El rumbo que está tomando la situación en Guatemala es preocupante, pero hasta el momento es una preocupación centrada en las organizaciones de derechos humanos y no del gobierno. No se discute que existe una violencia generalizada, ni la incapacidad de las fuerzas de seguridad para frenarla, eso es lo más evidente, pero dentro de ella hay una violencia política que puede costar la vida a personas que nada tienen ver con el crimen organizado, sino que su actuar es en relación a la situación política nacional, en oposición a planes y programas que afectan a la población en su conjunto. Mario Godínez, después de las protestas contra el TLC en marzo pasado y los hechos en Huehuetenango, donde un maestro perdió la vida y otro activista la pierna, sufrió amenazas por parte de hombres armados que llegaron a su casa a buscarle.

En la bestial agresión a Jose Rubén Zamora se habló también de la delincuencia común. Al parecer los robacarros, asaltaviviendas o robabancos en esta etapa, están interesados en coartar la libre expresión del pensamiento, pero también a evitar la organización de las comunidades, la defensa de los derechos humanos y ambientales y apoyar, por la fuerza, a las empresas mineras para silenciar las voces que se levantan en un claro ejercicio de ciudadanía. En el caso Zamora, resultaron siendo dos angelitos vinculados al grupo paramilitar del Estado Mayor Presidencial; lo mismo sucedió con Myrna Mack y con monseñor Gerardi. ¿Es ese el camino que van a seguir? Si esa no es una política del Estado, tiempo es ya de que amarren las manos de los criminales políticos que están sueltos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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