Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

Violencia agraria
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 17 de noviembre de 2005

Habría que agregar que en el caso de Xalapán, que aparte de la violencia con la cual se hizo el desalojo, hay evidentes violaciones a la legalidad del país.

Siguiendo un patrón represivo, comunitarios de Jalapa fueron expulsados con lujo de violencia y en clara violación a la ley. No es la primera vez. Sus padres fueron masacrados en 1973, y con cierta frecuencia conocen de los progresos democráticos... que por supuesto tienen en el rigor de la ley expresiones muy claras.

La verdad es que nos encontramos ante una nueva muestra de que la institucionalidad del Estado guatemalteco es enemiga de los campesinos, o si se prefiere, amiga de los propietarios de la tierra, sean finqueros o empresarios agrícolas.

Es un asunto grave. En el balance de este conflicto, hay de nuevo un muerto, más de 40 presos, un montón de heridos y, como siempre, por orden de juez competente. El punto es que de manera general, las órdenes de juez competente sólo esconden las órdenes de finqueros y la ceguera de las fuerzas de seguridad.

Es un tema viejo. Por esto, durante el paro nacional del año pasado, el Gobierno hizo varios compromisos para evitar la conflictividad rural: el primero, revisar y modificar, un par de artículos sobre usurpación y usurpación agravada, que corresponden al siglo 19.

Además, crear un fiscal o fiscalía especial sobre lo agrario, dar paso a una nueva legislación agraria y una ley de desarrollo rural, entre otros compromisos.

A la fecha, ninguno de estos se ha cumplido y los resultados están a la vista. Pero lo más grave, es que en el caso de la finca Nueva Linda, hay órdenes de captura para varios implicados en la matanza, y a la fecha las autoridades no hacen nada.

La razón es que entre las capturas se debe hacer la de un par de finqueros o sus administradores y ante eso les tiemblan las canillas a las autoridades. Pero cuando se trata de indios, duro con ellos.

Sin embargo, los derechos de los campesinos que se encuentran en una cédula real que corresponde también al siglo 19, o de antes, no son respetados. Se toma como legítimo un documento de propiedad reciente que desconoce los derechos históricos de los campesinos que son viejos, legales, legítimos, pero que no están hechos conforme a la nueva ley y todas sus trampas.

Esto significa en pocas palabras, que los derechos de los campesinos han sido expropiados, a la mala, con fraude. Todo ello avalado por las agrupaciones de terratenientes del país y el orden legal creado por ellos y sus servidores.

Habría que agregar que en el caso de Xalapán, que aparte de la violencia con la cual se hizo el desalojo, hay evidentes violaciones a la legalidad del país.

Así un juez desconoció un amparo presentado por los campesinos y con ello se demuestra, una vez más, que el sistema de justicia no funciona cuando se trata de los derechos de los campesinos. Y esto, como sabemos, es a todas luces un mal endémico en la sociedad guatemalteca.

Pero como las ilegalidades en contra de los campesinos son totales, ahora los prisioneros son llevados a cárceles lejanas, se les violan todos sus derechos, a los heridos se les atiende mal, y en una declaración del vicepresidente se dice que hay cosas raras de parte del juez que ordenó el desalojo.

Esto después de que la mesas de diálogo no han funcionado y que se deja a su lógica perversa el desarrollo de conflictos que debido al nulo funcionamiento de la institucionalidad agraria derivan en medida represivas.

Es un hecho sumamente grave, pero si los compromisos del paro nacional del 8 de junio del año pasado se hubieran cumplido estos casos no se estarían produciendo en el país.

En esta dirección creo que el caso de Xalapán debe ser el campanazo de una nueva época en el tratamiento de los conflictos agrarios.

No es posible que ante cualquier situación se acuda a la violencia sin límites, que se encarcele, se agreda, que haya muertes por temas que deberían tener solución con una política agraria moderna, con justicia, con equidad. Pero, sobre todo, con una buena dosis de voluntad política por parte de las autoridades.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.