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Maniobras gubernamentales
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 10 de diciembre de 2005

Hasta dónde quiere llegar el gobierno, quién sabe, lo cierto es que cada día que pasa aparece una nueva movida de piezas que hacen pensar a la dirigencia de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social, que la arbitrariedad y autoritarismo se siguen manifestando con fuerza y relegan a las organizaciones a un tercer plano en asuntos que le competen y en los cuales debe ser tomada en cuenta su opinión.

Sin decir agua va, el gobierno le acertó un zarpazo a la Comisión Nacional de Resarcimiento, se arroga todas las funciones y desconoce los acuerdos anteriores dejando a las organizaciones como un órgano de consulta. Allá ellas si deciden ser comparsa y decorar el Plan Nacional de Resarcimiento (PNR) y recibir las protestas de las organizaciones de víctimas que pueden ser discriminadas. Es fácil para cualquier gobierno echarle la culpa a la sociedad civil y lavarse tranquilamente las manos cuando no ha cumplido con su función, sus representantes brillaban por su ausencia, o maniobraron para atrasar la ejecución del programa.

Y qué decir de la CICIACS, las declaraciones de los funcionarios se repiten unas a otras, pero ninguna organización independiente del gobierno, ha sido tomada en cuenta, ni se ha dado a conocer el contenido de las reformas que han propuesto y quieren ahora tener una CICIACS para investigar al crimen organizado haciendo caso omiso de las grandes violaciones a los derechos humanos en las cuales tienen que ver los poderes paralelos y los grupos de sicarios que actúan por consigna política o los que actuaron protegidos por el desaparecido Estado Mayor Presidencial. Hace ya más de un año se viene hablando al respecto y no es sino hasta que Estados Unidos les ha jalado la rienda que vuelven a referirse al proyecto “secreto” de una CICIACS a imagen y semejanza de los funcionarios de gobierno que siguen viendo con desprecio y hasta desacreditando a las organizaciones y defensores de derechos humanos.

Ayer, fue rechazada la propuesta de las organizaciones y el contenido de la que tuvo el visto bueno de la ONU; hoy la arrebatan y mantienen en secreto los cambios que le hicieron para que sea aceptada por los más reaccionarios del gobierno y del Congreso que ven micos aparejados en plena casa presidencial. Son incapaces de elaborar, pero muy buenos para cambiar contenidos sustanciales para sus aviesos fines. Mientras tanto no hay investigación de las más de 200 agresiones sufridas por los y las defensoras de DD.HH., los periodistas y medios de comunicación agredidos, posiblemente porque eso para ellos no tiene la menor importancia y porque consideran que las organizaciones y los periodistas distorsionan la realidad y pretenden dañar la imagen del país que hace tiempo está por los suelos.

Los costos políticos de la arbitrariedad, la imposición y la intolerancia están pendientes, pues son acciones y actitudes que contradicen la democracia que pregonan y que ponen en tela de duda la buena voluntad que dicen tener para hacer vigentes los derechos humanos y la participación de la sociedad civil, que son reflejo del grado de democracia que vive un país.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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