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Informe contra la impunidad
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 8 de enero de 2007

Ahora entendemos la prisa por destruir todo lo hallado.

Cuando se dio la toma de Pavón por parte de las autoridades, aplaudimos la acción porque representaba, con todas las de la ley, retomar el control de un centro penitenciario en manos del crimen organizado y narcotráfico que desde hacía más de una década hacían lo que les viniera en gana con la complicidad de guardias penitenciarios y con el silencio cómplice de altas autoridades que se sentían impotentes para cumplir su función.

Pavón, desde hacía tiempo, era “territorio libre”, los reclusos recibían órdenes y castigos de otros reclusos que vivían como reyes. La circulación de drogas, los cobros ilegales y hasta la planificación y ejecución de actos delictivos se cocinaban entre los muros carcelarios.

A pesar de estar de acuerdo con que las autoridades retomen el control de ese centro, el informe del Procurador de los Derechos Humanos, provoca una reflexión profunda sobre el actuar de las autoridades, pues no se puede combatir la impunidad con acciones impunes, ilegales y trágicas que violentan el Estado de Derecho y ponen a los funcionarios al mismo nivel de quienes ellos combaten por delinquir.

Una de las funciones del Estado no es solo garantizar el respeto a la ley, el pleno goce y ejercicio de los derechos ciudadanos, sino apegarse a esa ley y actuar en consecuencia. Cuando los funcionarios violentan las leyes, están propiciando que los ciudadanos lo hagan en igual forma.

Reconocemos que dimos crédito a la versión de un enfrentamiento y que, lógicamente, los miembros de la PNC, los civiles armados y los soldados actuaron en defensa propia y eso dio como resultado las siete personas caídas en defensa de los que ellos consideraban su reducto. Sin embargo, la verdad parece ser otra y pone en evidencia la fragilidad del Estado que construimos, pues nadie puede darse el lujo de quitar una vida para lograr un objetivo y menos aún cuando no encuentra resistencia para lograrlo.

Ahora entendemos la prisa por destruir todo lo encontrado, la desaparición de evidencias. Ahora entendemos lo escueto de los informes forenses, la falta de la “prueba de la parafina” a los muertos, así como el silencio de otras instituciones.

Entendemos por qué se impidió el ingreso a la PDH, porque hubiera representado una piedra en el zapato de quienes ordenaron la toma “a como dé lugar” de Pavón. Lo menos que se puede hacer ahora si es que las autoridades respetan el estado de Derecho, es agotar las investigaciones, nombrar un fiscal especial y deducir las responsabilidades del caso, porque sembrar la duda es sembrar la desconfianza y ese lujo no se lo pueden dar los funcionarios sin pagar el costo político que ello representa.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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