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Veintisiete años de impunidad
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 2 de febrero de 2007

¿Se darán cuenta los operadores de justicia lo que representa para la sociedad y para los familiares de las víctimas esperar 27 años sin que se haga justicia en un crimen, con tantos agravantes, como la quema viva de 39 personas, el secuestro de un hospital y posterior ejecución del único sobreviviente y la violación de la extraterritorialidad de la Embajada de España? Parece que no y que lo político sigue prevaleciendo ante el apego a derecho que debe caracterizar a fiscales, jueces y magistrados que por una u otra causa han conocido de las acusaciones a los implicados en este y otros crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo del desarrollo del conflicto armado y especialmente en la década de los ochenta.

Escritores, periodistas y abogados pueden seguir embadurnando cuartillas en defensa de lo indefendible. En rebuscar justificaciones para que la impunidad siga reinando y los responsables de tan execrable crimen burlen la justicia. Pueden seguir diciendo lo que quieran, pero nada ante los ojos de la humanidad puede justificar la pasividad de un sistema de justicia incapaz durante 27 años, de dar su veredicto en vez seguir siendo señalado de complicidad y de permitir que se obstruya la aplicación de la justicia y se fomente la impunidad.

No se trata solo del caso de la embajada de España, sino del terror que generaron en el país, de las personas detenidas desaparecidas, de las torturas que inflingieron a las víctimas, de las millares de ejecuciones a sangre fría que realizaron, del arrasamiento de aldeas y las masacres que solo en Quiché sumaron más de 344. Defender a los responsables de la quema viva de 39 personas es aprobar los millares de crímenes que cometieron quienes violentaron la Constitución y se arrogaron todos los poderes. Si esa capacidad y voluntad política de investigar, procesar y juzgar a criminales no existe en el sistema de justicia guatemalteco, no hay derecho a oponerse que sean jueces de otro Estado, quienes aplicando la jurisdicción universal, metan tras las rejas a los genocidas que andan sueltos, haciendo propaganda, buscando el voto popular, hablando de justicia social y de respeto a la Constitución y las leyes del país, cuando ni siquiera respetaron la vida de niños y niñas, ancianos y ancianas inocentes que fueron masacrados por efectivos militares bajo su mando. Defender o proteger criminales es un buen negocio, pero no deja de ser una vergüenza para quienes anteponen compromisos políticos o temores a la aplicación de la justicia.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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