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PDH, institución necesaria
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 23 de agosto de 2007

Defiende derechos humanos, no delincuentes.

Si algo hay que reconocer de los constituyentes de 1985, es la creación constitucional de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Nació en el momento en que los militares se retiraban del poder visible, y ante el desgaste y la presión que sufrían daban paso a un Gobierno civil tutelado por ellos, bajo amenaza de ellos, que le imposibilitó al Gobierno, por debilidad, falta de decisión y temor iniciar un proceso serio de democratización.

Se supone que en 1986, con la vuelta de los civiles al poder, la independencia de los poderes del Estado se garantizaba, pero en la práctica continuaban supeditados a la voluntad del Ejército y antes de la investigación profunda, la captura y juicio estaba la desaparición o el vil asesinato, como sucedió con los dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios en 1989.

Antes de que existiera el defensor del pueblo y posteriormente con él y la institución, el pueblo continuó siendo ultrajado en diversas formas, vilipendiado por propios y extraños, en un intento de callarle, de ahogar sus luchas por la justicia, por sentar precedentes ante los hechos criminales que dejó la década de los ochenta, por el derecho a petición y manifestación y, fundamental, por el respeto al derecho a la vida, a la seguridad, a tener lo que todo ser humano necesita para cubrir sus necesidades vitales. Ese era y sigue siendo el espíritu de los Acuerdos de Paz y de las Recomendaciones de la Comisión para el esclarecimiento histórico en vigencia desde hace diez años.

Mal que bien, los defensores del pueblo, unos más que otros, han hecho avanzar el proceso, se han convertido en la piedra en el zapato de aquellos funcionarios acostumbrados a pasar por sobre los derechos de la población.

Por eso no se le da al PDH los recursos suficientes y, cuantas veces se tiene oportunidad, se le desacredita, se ponen en tela de duda sus investigaciones, conclusiones o condenas morales, pero después de 20 años, tiempo es ya que los funcionarios entiendan que no pueden sacarse la espina, que el deber y obligación de ellos es respetar y hacer respetar los derechos que contiene la Constitución y aquellos que se desprenden del derecho que tiene todo ser humano, desde su gestación hasta la tumba.

La ciudadanía honrada no debe hacerse eco de aquellos que desprestigian a la oficina del PDH, diciendo que defienden delincuentes. Se defienden derechos humanos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt -


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