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Negociando adopciones
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 8 de octubre de 2007

Este negocio genera US$200 millones anuales.

El recinto del Congreso se presta de nuevo para negociar bajo la mesa la suerte y el futuro de la niñez desprotegida por el Estado, que permite a los abogados convertirlos en una simple mercancía que venden a quienes les pagan en dólares.

No sólo el vicepresidente Stein está preocupado por lo que puedan hacer los diputados con el anteproyecto de ley de adopciones, pues cuando se habla de reformar 60 artículos, se puede prever que de ella no quedará nada sustancial, porque ya los interesados, léase abogados, no quieren ninguna restricción para seguir con el negocio.

La realidad del trabajo que realizan estos abogados nos demuestra que, si algún día tuvieron principios, hoy los arrastran por el suelo. Estos personajes que ejercen la profesión y que un día recibieron en las aulas los conocimientos para servir a la población y hacer uso, no abuso, de las leyes, hoy los han puesto al servicio del mejor postor en el comercio de seres humanos inocentes.

Eso es lo que no comprenden los diputados o bien ponen oídos a quienes no están de acuerdo con la ley de adopciones y que quisieran que, al igual que se venden verduras en el mercado, vender niños en el extranjero. ¿Por qué hablamos de comerciantes? Tomen en cuenta que este año, la Procuraduría General de la Nación ha recibido 4,141 expedientes para adopción y ha aprobado 1,544. En 2005 el país dio en adopción a 4,048 menores, y en 2004, a 3,838. “Según las estimaciones, este negocio de la adopción a la carta, genera cerca de US$200 millones por año.”

A estas alturas, nadie puede creer que los diputados no sepan del negocio redondo que ha representado la adopción en Guatemala, que los niños y niñas se transan hasta en las cafeterías y salas de los grandes hoteles. Dejen de hacer el show en el Congreso y estar jugando con los derechos de la niñez a tener una familia y un futuro dignos.

Los procesos de adopción son buenos y necesarios, son un derecho de la niñez desprotegida y una responsabilidad del Estado garantizarle un futuro. Esa responsabilidad no debe ser evadida por los funcionarios, sino asumida, facilitándola sin cobro alguno a través de una ley que beneficie a la niñez y amarre las manos de los comerciantes, garantizando a las familias adoptantes que no hay mano peluda en los trámites y que no se han prestado a un hecho ilícito ni contribuido a que niños y niñas desaparezcan, se les cambie nombre y ni siquiera se sepan las razones fundamentales por las que esa criatura paró en sus manos.

Fuente: www.elperiodico.com


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