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La ley de búsqueda
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 26 de octubre de 2007

Esclarecer el paradero de más de 45 mil personas.

Ya sabemos que las y los honorables diputados, con mucho esfuerzo, se están asomando al Congreso para dar los últimos brochazos de su período legislativo, y deberían aprovechar para dejar aprobadas leyes importantes que siguen pendientes. Su actitud demuestra falta de visión y de voluntad política, así como el predominio de intereses políticos en espera de saber quién asumirá la Presidencia.

La iniciativa de Ley 3590 de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado está en espera de entrar en agenda para ser aprobada, y no debería engavetarse más. Entró a la comisión legislativa desde el 14 de diciembre del 2006 y fue conocida en el pleno del Congreso el 18 de enero del 2007, por lo que no pueden aducir desconocimiento, pues la pasaron a dos comisiones de ese organismo que ya dictaminaron a favor. Pero hasta el momento el señor presidente del Congreso le sigue dando largas al asunto, y le importa un bledo el clamor de los familiares.

Por si los diputados no han leído los documentos que se les entregaron recientemente, el objetivo de la ley es crear una comisión que esclarezca el paradero de más de 45 mil personas que sufrieron desaparición forzada entre 1960 y 1996. Pretende establecer procesos de investigación de carácter no penal en relación al paradero y las circunstancias de su desaparición. No son cosas del otro mundo la aprobación de una ley específica que permita al Estado cumplir con las obligaciones que constan en el Derecho Internacional Humanitario; la declaración sobre la protección de todas las personas, de 1992; ni la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 1994 y la del 2006, que fueron firmadas por Guatemala pero que hasta el momento siguen siendo letra muerta al no aprobarse esta ley 3590, que crea la comisión específica para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas y que a la vez obliga a las partes, ex guerrilla y Ejército, a que aporten toda la información que se relacione con el paradero de personas desaparecidas durante el conflicto.

Hay antecedentes importantes, como el punto resolutivo del Congreso firmado por Jorge Méndez Herbruger, Ottoniel Fernández y Jorge Conrado García el 23 de junio de 2004, en el sentido de “declarar de urgencia nacional la búsqueda y localización de los 45 mil guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran detenidos ilegalmente y desaparecidos” e “instar a los organismos del Estado a impulsar las medidas legales y humanas necesarias para alcanzar tan noble objetivo”.

La iniciativa de Ley 3590 no debe quedar para mañana.

Fuente: www.elperiodico.com


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