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Las deudas de Berger
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 27 de diciembre de 2007

Entrega de concesiones mineras y más.

La Presidencia ha tirado millones de quetzales en publicitar las obras de Berger, pero no se reconoce en quiénes sirvió Berger. Ningún Presidente acepta sus yerros y siempre quieren salir en caballo blanco. Pero hay que ver las deudas que nos dejó.

Un punto esencial para la democracia es lo referente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hoy son una de las deudas más grandes de este Gobierno, porque la actitud gubernamental en estos cuatro años se ha reflejado en desalojos violentos de campesinos sin tierra o demandando prestaciones laborales; represión brutal con caudas mortales contra la población que pedía se escuchara su voz en las negociaciones del TLC; entrega de concesiones mineras y para la construcción de hidroeléctricas, violentando el Convenio 169 de la OIT e ignorando a las autoridades locales y los derechos comunitarios a la tierra y el territorio; el incremento desmedido del precio de la canasta básica, ensanchando la brecha entre pobres y ricos; permisividad absoluta de que las maquilas extranjeras aprovecharan nuestra mano de obra, sin obligarlas a cumplir las leyes.

En materia de derechos civiles y políticos, es cierto que el Gobierno aceptó la responsabilidad por las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, invitando a venir al país a todos los relatores de Naciones Unidas o del sistema interamericano que quisieran hacerlo. Sin embargo, los informes que las organizaciones de derechos humanos y la PDH han presentado paran el pelo cuando vemos la cantidad de ejecuciones extrajudiciales y tortura que se cometen en el país –muchos de cuyos responsables están vinculados a las mismas fuerzas de seguridad y penitenciarias–; los defensores de derechos humanos y periodistas siguen denunciando los ataques en su contra, especialmente aquellos que denuncian las violaciones a los derechos humanos, la corrupción en el Gobierno y los vínculos de ciertos personajes con el crimen organizado; el resarcimiento a las víctimas de la guerra sigue siendo una materia pendiente.

El poder Ejecutivo es responsable por las acciones de sus funcionarios que cometieron ejecuciones extrajudiciales y tortura, como en los casos del desalojo violento de la finca Nueva Linda, la Granja Penal de Pavón (fingiendo un enfrentamiento contra detenidos acusados de narcotráfico), contra niños que viven en la calle, así como las ejecuciones contra parlamentarios salvadoreños y los jóvenes del barrio El Gallito. Ciertamente también tiene su responsabilidad el Ministerio Público al no investigar los crímenes, tanto como el poder judicial por no castigar a los responsables. Después retomaremos las deudas del poder Legislativo, que nos dejó pendientes varias iniciativas de ley.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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