Informar, derecho vulnerado
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 14 de mayo de 2008
El asesinato el sábado pasado del periodista Jorge Mérida Pérez es un hecho más que se suma a las constantes amenazas y coacciones a los periodistas y medios para que no toquen determinados temas. No se trata solo de sicarios que han actuado contra los periodistas, sino también de funcionarios, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y Policía Nacional Civil (PNC) e incluso de comunidades o manifestantes que no se sienten a gusto con la presencia de periodistas que captan el momento y lo informan.
En Guatemala se cumple con la función periodística a un costo muy alto; la vida. Y los hechos de amenazas, agresión y muerte se repiten constantemente y muchos creen que con una declaración, una condena o una disculpa basta, pero ello no resuelve el problema del derecho a informar. En una oportunidad señalamos que los más desprotegidos son los periodistas de los departamentos y eso puede ser demostrado con la serie de hechos acontecidos a lo largo del año pasado a corresponsales de diversos medios, pues del oriente al poniente la amenaza se cierne sobre los y las periodistas sin que el Estado garantice el ejercicio pleno de su función.
El caso Guatemala, referente a la violencia contra periodistas, ha estado más en la preocupación de organismos internacionales que de las propias autoridades guatemaltecas, pues solo para poner algunos ejemplos: en septiembre del año pasado en el intervalo de una semana Radio Nuevo Mundo sufrió dos atentados, uno, el 4 de septiembre de 2007 en Salamá y otro el 11 de septiembre. El mismo día 4, secuestraron durante varias horas a Erwin David Hernández, periodista del canal Cable Star Channel, advirtiéndole a no hablar más del alcalde de Cubulco. El 9 de diciembre de 2007 fue asesinado a balazos el periodista Miguel Ángel Amaya Pérez, de 23 años, presentador de una radio en Petén.
Pero así como esos casos podríamos mencionar muchos más. Y este año las amenazas o agresiones no son excepcionales, varios periodistas fueron agredidos por agentes de la seguridad presidencial, por agentes de la PMT y PNC, así como por parte de miembros de organizaciones que ven a los periodistas como enemigos. Estos hechos solo pueden parar si el Ministerio Público cumple con su obligación de investigar, y el peso de la ley cae contra los responsables.
Fuente: www.elperiodico.com.gt - 130508 |
