El prepotente Arzú
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 12 de junio de 2008
Está sujeto a la auditoría social.
No es de ahora que el Alcalde capitalino sufre las ínfulas de Encomendador para hacer y deshacer o pasarse llevando a quien se atraviesa en su camino, es un mal de nacimiento, de clase dirían algunos, de personalidad lo justifican otros; pero lo cierto es que padece la enfermedad de la prepotencia y si no que lo digan los sindicalistas que tuvieron que discutir con él los problemas laborales o los periodistas que en su momento fueron insultados.
No es raro que monte en cólera y que justos y pecadores, y más que pecadores, paguen por buscar el acceso a la información de documentos públicos que la ciudadanía tiene derecho a conocer, pues el Palacio de la Loba y quienes lo dirigen son sujetos de auditoría como cualquier otro funcionario público. Y tiempo es ya que se escudriñe el pasado de Arzú por las arcas municipales o la Presidencia, y salgan a relucir los trapos para que se deje de patanerías y amenazas en contra de quienes cumplen con su función de informar.
Si estuviera aprobada la ley de acceso a la información, no sería necesario que los trabajadores de la prensa recurran a otros medios para obtener la información, pues bastaría con solicitar aquello que les interesa dar a conocer a la sociedad porque va contra los intereses del pueblo, para obtenerla; pero hasta el momento a los diputados no se les ronca la gana aprobarla, es que por cualquier cosa se amenaza con recurrir al Ministerio Público para silenciar a quienes tratan de ser la voz de los sin voz.
No hace mucho, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la petición del general Ríos Montt -mantener en secreto los planes militares de su gobierno de facto-, precisamente porque son documentos públicos que en nada afectan hoy en día la seguridad del Estado. Por falta de esa ley, se mantienen como “Secreto de Estado” documentos que deberían ser conocidos por todos.
Es cierto que en algunos momentos se han dado abusos de periodistas o medios que violan la intimidad, este no es el caso. Los funcionarios, por su posición y función publica, están sujetos a la auditoría social, más aún cuando se trata del uso y abuso de los recursos del Estado que son del pueblo y no se vale que cualquier funcionario, sea del “color” de sangre que sea, haga chinche nuestros recursos favoreciendo familiares y amigos y que después de sus propios desmanes, la emprenda contra los trabajadores y los periodistas que hicieron posible que la sociedad conociera lo que hacen con sus impuestos.
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