Trece años después
Por Miguel Ángel Albizures - Guatemala, 30 de diciembre de 2009
Creo que la firma de los Acuerdos de Paz no debió estamparse el 29 de diciembre, sino un día antes y quizá nadie estuviera reclamando su cumplimiento. Arzú no hubiera tenido ningún problema en rechazarlos como lo hizo; Portillo podía haber ofrecido lo que quisiera, pues de todas formas la celebración del aniversario de incumplimiento caería el Día de los Inocentes y nadie tendría porqué reclamar. No se le podía pedir peras al olmo exigiéndole a Berger que los implementara, pues el tipo de país y de sociedad que delinean los acuerdos, jamás lo ha soñado o pensado porque sería afectar, al igual que Arzú, a su propia clase a la cual sirvieron eficientemente.
Si la firma hubiera sido el 28, tendría razón de ser el circo instalado en la Plaza de la Constitución para que el pueblo siga escuchando promesas, mientras los payasos y los cantantes le hacen olvidar sus penas, pero más que todo, el contenido de unos acuerdos que siguen siendo un programa mínimo de gobierno, con el cual se podría dar un giro importante al Estado excluyente que construyeron los criollos y al país devastado por la guerra, el cual sólo era posible reconstruirlo con el esfuerzo y sacrificio de todos, pero más de quienes más tienen, y que no por gusto se han opuesto al impulso de los cambios que provocaría el cumplimiento de los mismos.
Los acuerdos contienen entre los conceptos expresados y firmados: numeral 6 “La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico participativo orientado al bien común, que responda a las necesidades de toda la población. Dicho desarrollo requiere de justicia social como uno de los pilares de la unidad y solidaridad nacional, y de crecimiento económico con sostenibilidad, como condición para atender las demandas sociales de la población”. 7 “(…) corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación social y de la resolución de conflictos. Para ello el Estado requiere elevar la recaudación tributaria y priorizar el gasto público hacia la inversión social”. 8. “(…) Debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el empobrecimiento, y a optimizar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos…”. Pero 13 años después seguimos prácticamente en lo mismo, con pocos avances, con la oposición del sector económico a tributar lo justo, con la remilitarización del país y con la criminalización de los conflictos sociales, en vez combatir las causas que los generan.
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