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¿Guate solidaria?
por Marielos Monzón - Guatemala, 24 de agosto de 2004

Otra vez el doble discurso de los funcionarios del Gobierno y la Municipalidad.

En los últimos días se produjeron dos hechos reveladores de la desprotección que tienen los sectores más humildes con respecto al poder. El primero fue la confirmación por parte de un tribunal que la detención de Rigoberto Dueñas, representante sindical en el directorio del IGSS, fue injustificada.

Nadie que haya visto a la esposa de Rigoberto vendiendo fajuelas para darle de comer a sus hijos, podía creer que estuviera involucrado en una estafa multimillonaria. Pero no importó, lo tuvieron más de un año injustamente preso. Ahora corresponde que se limpie públicamente el nombre y la dignidad de un humilde militante sindical y de su familia.

El segundo caso, fue la represión contra las y los trabajadores que intentaron vender, como todos los años, en la feria de Jocotenango. Más de mil trabajadores informales, nucleados en su sindicato, intentaron negociar desde abril con la municipalidad capitalina y nunca obtuvieron respuesta. Estos mil trabajadores, llamados de la economía informal, que en realidad debería llamarse de la sobrevivencia, tienen en esta feria, una de las pocas oportunidades para trabajar y percibir ingresos.

Sin ninguna opción de negociación, el domingo 8 de agosto decidieron instalar pacíficamente sus puestos en las inmediaciones del Hipódromo. Se encontraron con un gigantesco operativo, más de 800 policías, entre agentes de la PNC y la PMT apoyados por patrullas; como si se tratara de la captura de una banda de delincuentes.

Versiones recogidas en el lugar dan cuenta que los trabajadores, nuevamente intentaron negociar, pero la respuesta fue la represión con palos y gases lacrimógenos. La golpiza alcanzó a los periodistas y hasta a un funcionario de la PDH, que sólo reclamó que terminara el atropello y se cumpliera la ley. Ese día fueron detenidos 9 trabajadores, entre ellos dos menores de edad.

El siguiente domingo, la historia volvió a repetirse y la violencia volvió a aplicarse contra el grupo de vendedores, con el saldo de 4 detenidos más.

Siete trabajadores han quedado bajo arresto domiciliario, y están acusados de “atentado agravado”. En un país como el nuestro, donde los índices de pobreza alcanzan a 6 de cada 10 guatemaltecos, resulta increíble que se limite el derecho al trabajo y la posibilidad de llevar el sustento a la familia, aduciendo razones superfluas como las que esgrimen los funcionarios ediles.

La reactivación económica y el combate a la pobreza no pueden realizarse sobre la base de la represión y la criminalización de la movilización social. Está claro que aquí no ganamos todos y que “tu muni” pertenece a unos pocos.

Tomado de Prensa Libre - www.prensalibre.com


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