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Reviviendo fantasmas
Por Marielos Monzón - Guatemala, 5 de octubre de 2004

No se puede negociar con una estructura paramilitar que fue disuelta, para mantenerla con vida.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente la ley que regula el pago a los ex PAC, por no especificar de dónde provienen los recursos, desató un nuevo alboroto en el Congreso de la República; enfureció a los líderes del movimiento, alivió la aflicción de algunos miembros del Ejecutivo que habían prometido renunciar si el pago se hacía efectivo y devolvió la pelota a la cancha de los diputados.

Según palabras del presidente Óscar Berger, la ley contenía inconstitucionalidades, pero igual había que sancionarla para no poner en peligro “la frágil paz social” y terminar de una vez y por todas con “el fantasma de los ex PAC”.

Es decir, no importa si una ley viola o no la Constitución, es mejor eso que enfrentarse a nuevas medidas de hecho y a un posible paro nacional. Lo que también raya en la irresponsabilidad, es que algunos personajes del Gobierno, otrora vinculados a organizaciones de derechos humanos o a la ex guerrilla, aduzcan que confían en la fuerza de la sociedad civil organizada para frenar un pago con el que ellos no están de acuerdo.

Los líderes de los ex patrulleros dicen contar con documentos firmados por el actual partido en el poder, por el FRG, la UNE y el Partido Patriota en los que se comprometen a apoyar el pago. Dicen además que no aceptan otro tipo de “compensación” porque desde el tiempo de Arzú se les han prometido proyectos comunitarios que nunca se han hecho realidad.

Señalan que están dando un compás de espera para que los diputados o el presidente arreglen la situación, o de lo contrario van a dar una sorpresa, “estamos coordinados en los cuatro puntos cardinales de Petén para tomarlo en media hora”.

Frente a esta situación compleja, no se puede reaccionar con fines electoreros; no se puede dar una respuesta cosmética a un problema de fondo; no se puede legislar con base en amenazas e intimidaciones y no se puede negociar con una estructura paramilitar que fue disuelta en el año 86 para mantenerla con vida.

La reivindicación de las demandas tiene que hacerse sobre la base de la organización social legítima y no con estructuras que fueron creadas a partir de una estrategia contrainsurgente y, cuyos miembros, en muchas comunidades siguen ejerciendo vigilancia y coacción.

Con el pago a los ex patrulleros se está reviviendo un fantasma, no se está terminando con él y, además, se está sentando un nefasto precedente sobre cómo generar presión y conseguir resultados. Aquí de lo que se trata es de alcanzar un acuerdo político para impulsar una estrategia integral de desarrollo rural que garantice condiciones de vida digna para la población y acceso a la tierra; lo que sí traerá como consecuencia paz social.

Tomado de Prensa Libre - www.prensalibre.com


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