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Minería: un mal negocio
Por Marielos Monzón - Guatemala, 14 de diciembre de 2004

“La mina destruye y contamina”. Colectivo Madre Selva.

El tema de las exploraciones y explotaciones mineras ha generado una intensa polémica en nuestro país, a partir de la denuncia del Colectivo Madre Selva que ha dado la voz de alerta sobre los peligros ambientales y humanos que puede acarrear la minería para Guatemala.

Las comunidades afectadas de San Marcos, la Costa Sur y El Estor se han organizado para evitar que se inicien los trabajos de exploración y explotación. La Iglesia Católica se ha pronunciado también apoyando la posición comunitaria.

En las oficinas del Ministerio de Energía y Minas hay más de 380 solicitudes para la exploración y explotación de minerales a cielo abierto. El año pasado fue aprobado el Proyecto Marlin, mediante el cual la empresa Montana extraerá oro en el país. La ley establece que la empresa se quedará con el 99 por ciento de las regalías y el Estado guatemalteco solamente con el 1 por ciento.

En la evaluación de impacto ambiental, que ellos mismos financiaron, señalan que requerirán hasta 250 metros cúbicos de agua por hora, la que quedará severamente contaminada. Por el uso del agua, no está previsto que la compañía minera pague, es decir, la usará gratis.

El experto estadounidense Robert Morán, quien ha sido consultor del Banco Mundial y es especialista en hidrología, dijo que el estudio ambiental presentado no sería aceptado en ningún otro país, por carecer de rigurosidad.

Dentro de sus 900 páginas, hay afirmaciones muy llamativas, como por ejemplo, la calificación del cianuro, uno de los venenos más poderosos del mundo, que será utilizado masivamente para extraer el oro, como “moderadamente peligroso”.

En resumen: la minería es una actividad riesgosa y con peligro de daños ambientales permanentes, con una ínfima y absurda retribución económica y con estudios ambientales poco confiables.

Como está planteada, no existen argumentos para apoyarla ni desde una lógica ambiental y tampoco desde una lógica económica. Con un proceso para concesiones mineras viciado y poco transparente, se impone una moratoria en las concesiones y la apertura de un debate en serio, de donde salga una regulación pensada para proteger los intereses nacionales y no los de las mineras y sus corporaciones.

Las comunidades deben ser escuchadas, no sólo porque a eso obliga la legislación nacional e internacional, sino y en primer lugar, porque como guatemaltecos, tienen derecho a su forma de vida y a su dignidad.

Fuente: www.prensalibre.com


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