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La impunidad de ayer y de hoy
Por Marielos Monzón - Guatemala, 2 de febrero de 2005

"Sáquenlos a como dé lugar". Orden del dictador Romeo Lucas García.

Este 31 de enero se cumplen 25 años del asalto y masacre de la Embajada de España, en el que murieron 37 personas, entre campesinos y funcionarios diplomáticos.

La historia de las dictaduras en América Latina, en general y de Guatemala, en particular, tiene muchos ejemplos de la bestialidad represiva, pero pocos reúnen las características de este caso.

En nuestro país se arrasaron aldeas enteras, se asesinó, se torturó, se violó, se secuestraron miles de niños y niñas. Todo ello tuvo un impacto profundo en las comunidades, en las víctimas, en los familiares, el legado de terror aún es palpable. Sin embargo, esa barbarie se hizo en las montañas, en las aldeas, en las zonas rurales; y la política del silencio, del ocultamiento, tuvo el efecto buscado: para el resto de la población no existió.

Cuando el dictador Romeo Lucas García dio la orden de asaltar la Embajada de España y quemar vivos a todos los ocupantes, se pasó de la raya, se expuso, mostró la represión en toda su dimensión.

Lo hizo para demostrar su poder sin límites, su potestad para decidir sobre la vida y la muerte de cualquiera en cualquier lugar, y además para dar un mensaje a todos aquellos que resistían, que denunciaban, sin importar que fueran miembros de la iglesia o de la Comunidad Internacional. Lo hizo, porque se sentía amparado en una impunidad absoluta, lejos de cualquier consecuencia o castigo.
La historia de la masacre es conocida, está documentada en el REHMI, en el Informe Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, bajo el título "Caso Ilustrativo N° 79" y fue relatada por testigos y hasta por el embajador español Máximo Cajal en un libro que publicó en el año 2000.

Sin embargo, la operación mediática de negar lo sucedido, continúa, se perpetúa en el tiempo y todavía tenemos que leer y escuchar a algunas plumas y voces, que siguen sosteniendo contra todas las evidencias, que lo que pasó, no pasó.

Lo que ocurrió el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España fue una masacre, un asesinato colectivo, fríamente decidido y ejecutado por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Romeo Lucas García.

En septiembre de 1979 un grupo de campesinos de Quiché, desesperados por la represión sangrienta de la que eran objeto sus comunidades llegó a la capital a denunciar los hechos y exigir que se detuvieran las matanzas.

Acompañados por dirigentes sindicales y estudiantiles fueron al Congreso, al Poder Judicial, a los medios de comunicación; nadie atendió su reclamo.

Volvieron en los primeros días del año 1980 y el resultado fue el mismo. Cinco dirigentes sindicales que los acompañaron a los encuentros en el Congreso fueron encarcelados.

La CEH recoge el testimonio del director de un medio de comunicación de la época que dijo: "Llegaron a las oficinas del periódico un grupo de campesinos que querían hacer la denuncia de las atrocidades que estaban cometiendo contra ellos en Quiché, nos llevaron a la redacción la denuncia y, con mucha franqueza digo, no nos atrevimos a publicarla, y, lo mismo que hice yo, lo hicieron todos los medios: Nadie publicó la denuncia. ¿Qué los obligamos a hacer? Ir a tomarse la Embajada de España".

Sin ninguna alternativa para expresar sus reclamos y con sus vidas en serio peligro, decidieron tomar la embajada para contarle al mundo lo que ocurría y exigir el fin de la matanza.

Allí empezó la operación masacre. El objetivo: mostrar que en Guatemala había un poder que no se podía cuestionar, que no estaba dispuesto a tolerar ningún espacio de reclamo o protesta y que no tenía límites.

Por primera vez en años, los periodistas tuvieron libertad para moverse en los alrededores de la embajada, los familiares y el país entero pudieron apreciar la fuerza desplegada: el terror en toda su dimensión.

El embajador Cajal pidió a gritos que lo dejaran negociar, la respuesta fueron bombas incendiarias y el asesinato de todos los ocupantes.

Uno de los campesinos que sobrevivió porque lo salvaron de las llamas los cuerpos calcinados de sus compañeros que le cayeron encima, fue secuestrado del hospital, días más tarde, fue torturado, ejecutado y su cuerpo mutilado, arrojado frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos.

Quienes fueron a la morgue a reconocer los cuerpos afirman, según el informe de la CEH, que "estaban completamente calcinados, desfigurados, como fundidos". Un médico dijo que el tipo de quemaduras que tenían "sólo lo podía provocar el fósforo blanco", un material, que coincidentemente, el Ejército usó frecuentemente contra aldeas y comunidades indígenas.

Para completar el mensaje de terror, además de exhibir las imágenes de los cuerpos y el operativo, de asesinar al último sobreviviente, el día del sepelio fue baleado el cortejo fúnebre y asesinados dos estudiantes de la Universidad de San Carlos que participaban del movimiento de solidaridad; otra estudiante fue secuestrada y su cuerpo apareció un mes después en un cementerio clandestino.

La dictadura de Romeo Lucas García quiso dejar en claro que nadie quedaba a salvo, ni los activistas, ni los dirigentes sindicales, ni los militantes estudiantiles: nadie.

La masacre tuvo una inmensa repercusión a nivel mundial: España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala, el Parlamento Europeo condenó la "represión criminal" y pidió un boicot diplomático, la prensa del mundo entero denunció los hechos. Y aquí, todavía no ha pasado nada. Veinticinco años después, hay quienes siguen negando lo que pasó y culpando a los campesinos, llegan a sostener incluso que, cual bonzos japoneses, se quemaron a sí mismos.

Rescatar la memoria histórica y la verdad, es una tarea del presente, para que no se nos siga mintiendo, para que no nos sigan aterrorizando. Pero también es una tarea del presente para que la impunidad no sea eterna. En 1980 nadie investigó, no hubo pesquisas, no hubo acusados, nada. Al encontrar las puertas cerradas en Guatemala, Rigoberta Menchú, cuyo padre murió quemado en la Embajada, presentó tiempo atrás una denuncia ante la justicia española, que pidió interrogar a los militares, policías y ex funcionarios de la dictadura acusados de la masacre. Frente a este hecho, la justicia guatemalteca reaccionó y abrió una investigación propia. Que estas causas judiciales avancen, que los responsables paguen por sus crímenes, que se haga justicia con las víctimas, es un deber con el pasado, pero también una necesidad del presente.

Esa impunidad y esa prepotencia del poder sobre los campesinos y los pobres sigue ocurriendo y, en esencia, está presente en Guatemala. Esa tendencia del poder a responder con represión a cualquier demanda de los sectores más desprotegidos de la sociedad sigue vigente.

Es imperioso que con la ley y con todas las garantías, los poderosos de ayer y de hoy, reciban una señal, aunque sea sólo una, que no pueden hacer lo que quieran y como quieran. La masacre de la Embajada de España, como la de Panzós, como la de Río Negro, son momentos de una historia permanente y trágica.

Es imprescindible ponerle un freno a la impunidad, al desprecio por la vida y por los derechos de los más pobres.

Si una vez más, el poder usa sus recursos y Donaldo Alvarez, ministro de gobernación de entonces, sigue prófugo, recibiendo avisos públicos de que lo van a detener, y todo queda en la nada, seguirá triunfando el terror.

Es hora de comenzar a romper el círculo de impunidad. Es hora que la democracia y la legalidad alcancen a todos, es hora que se abra camino la justicia y la defensa del Estado de Derecho no sea la defensa de los privilegios de los poderosos.

Fuente: www.lahora.com.gt


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