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Corre y va de nuevo
Por Marielos Monzón - Guatemala,15 de febrero de 2005

Estas disposiciones dificultarán el acceso a medicamentos, especialmente a los más pobres.
C. Correa.

No habíamos terminado de asimilar el éxito obtenido por las organizaciones sociales que incansablemente lucharon por la derogatoria del decreto 9- 2003 que limitaba la venta de medicamentos genéricos, cuando el Ministerio de Economía presionado por los representantes comerciales de los Estados Unidos presentó un nuevo anteproyecto de ley que, prácticamente, echa por tierra todo lo actuado.

Lo más sorprendente es que el nuevo decreto que cuenta también con el aval del Ministerio de Salud, contradice completamente lo estipulado por el decreto 34-2004, que fue presentado por el mismo ministro de Salud, y da una protección aún mayor a la que estipulaba el decreto 9- 2003.

Estos cambios a ley de propiedad industrial, que propone el Ejecutivo, y que según han dicho públicamente, tratan de adecuar la legislación a lo estipulado en el TLC, demuestran una vez más, el poder que la industria farmacéutica internacional y los Estados Unidos tienen sobre nuestros gobernantes y políticos.

Las modificaciones que se proponen no solamente benefician a las empresas norteamericanas sino también a las europeas, que hasta donde sabemos, no están inscritas en el famoso tratado.

Además la adecuación de la ley se hace cuando ni siquiera el TLC ha sido ratificado por Guatemala.

A esto se refiere el doctor Carlos Correa, reconocido experto internacional en materia de propiedad intelectual, en el análisis que hace sobre los efectos del CAFTA sobre la Salud Pública: “Guatemala y los otros gobiernos centroamericanos esperan obtener beneficios comerciales considerables a partir de la aplicación del CAFTA en términos de acceso al mercado de EUA.

Es aún incierto afirmar si dichos beneficios se materializarán; sin embargo, dichos países han aceptado limitar de manera importante la competencia de medicamentos genéricos a través de la extensión del plazo de las patentes, la exclusividad de datos y el sistema de vinculación patente-registro sanitario.

Estas disposiciones se harán operativas de inmediato y tendrán un efecto cierto y permanente: dificultar el acceso a los medicamentos, especialmente por parte de los más pobres. El CAFTA niega el derecho a los países en desarrollo a utilizar plenamente las flexibilidades permitidas por el acuerdo sobre los ADPIC para proteger la salud pública y obstaculiza la utilización del sistema de acceso a los medicamentos establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Las preguntas son si el Congreso mantendrá su posición de defensa al acceso universal a los medicamentos o si terminará al igual que el Ejecutivo, sometiéndose a los designios del imperio; y si los guatemaltecos vamos a permitir que se ratifique un tratado que en uno de los temas fundamentales como el acceso a la salud, impone reglas violan la Constitución y la declaración de los derechos humanos.

Fuente: www.lahora.com.gt


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