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Salarios de hambre
Por Marielos Monzón - Guatemala,22 de febrero de 2005

Ahora la pelota está en la cancha de la CC.

Como en otras oportunidades, la Comisión Nacional del Salario no llegó a un acuerdo sobre el monto del salario mínimo para los trabajadores. En los últimos años ha sido imposible alcanzar un consenso y el Gobierno es quien ha tomado la decisión final sobre el tema.

Durante el gobierno anterior, se decretaron aumentos a los salarios mínimos para las actividades agrícolas y no agrícolas. Las medidas despertaron el descontento de los empresarios que aducen que el aumento genera desempleo, desestimula la inversión y fomenta la economía informal. Ahora le tocó el turno al gobierno de Óscar Berger y la decisión, después que no se alcanzó consenso, fue la de congelarlos y mantener los montos anteriores.

Algunos datos para poner el tema en perspectiva:

1. Según información de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) el salario mínimo vigente en Guatemala es de 4.02 dólares diarios para actividades agrícolas y 4.31 para las no agrícolas; unos 32 quetzales diarios, la mitad de lo que devenga un trabajador en Costa Rica.

2. El índice de precios al consumidor sufrió un incremento de 130% en septiembre del 2004; es decir que el salario de mil quetzales que devenga un trabajador tiene un poder adquisitivo real de 766.17 quetzales.

3. El costo de la canasta básica vital es de 2,352 quetzales por mes y el salario mínimo actual cubre apenas el 34% del valor total de la misma.

El Gobierno ha convertido el combate contra el hambre en el centro de su publicitado plan Guate Solidaria. Con esta decisión de congelar el salario mínimo no solamente echa por tierra su discurso, sino coloca a las familias guatemaltecas en una situación de mayor vulnerabilidad y pobreza.

En el año 2000 MINUGUA publicó un informe sobre la situación de los derechos laborales en Guatemala que en su parte medular señala: “Los acuerdos de paz conciben la política del Estado en materia de trabajo como determinante para una estrategia de crecimiento con justicia social, en la que se incluye una mejora en los ingresos de los asalariados.

Para ese objetivo se entienden necesarias no sólo las adecuaciones legales que permitan el efectivo cumplimiento de la normativa, sino un amplio desarrollo de las diversas formas de concertación entre trabajadores y empleadores. El actual método de fijación de salarios mínimos ha mostrado ser ineficiente para favorecer acuerdos tripartitos, lo que amerita su pronta y profunda modificación”.

En lugar de congelar los salarios y obligar a que sea la Corte de Constitucionalidad quien se ocupe de enmendarle la plana tras el recurso planteado por los sindicalistas, el gobierno debería tomar en cuenta la recomendación de Naciones Unidas y formular una política de combate integral de la pobreza cuyo eje fundamental sea la dignificación y el respeto a los derechos de los trabajadores y sus familias, que finalmente son quienes mueven el aparato productivo del país.

Fuente: www.lahora.com.gt


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