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Violencia imparable
Por Marielos Monzón - Guatemala, 7 de junio de 2005

A la familia Pinzón toda mi solidaridad

Frente a una tienda de la zona 14 capitalina murieron siete jóvenes la semana pasada. Todos habían llegado hasta allí a buscar algo para comer. Según relatan testigos, desde una bicicleta les dispararon a quemarropa.

Entre ellos se encontraba Armando, un joven de 20 años, que el año pasado se había graduado de perito contador. Paradójicamente, su papá trabajó durante los últimos cinco años en un proyecto de fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala.

Más tarde, se supo que frente a la tienda se encontraba un pandillero acusado de robo de vehículos y tráfico de droga.

Se supone que él era el blanco y que todos los demás se encontraban “a mala hora en el lugar equivocado”.

Lo más terrible de todo es que pareciera que siempre hay una explicación para justificar la violencia y la resignación es lo único que queda frente al ajuste de cuentas.

La mayoría de los comentarios ante esta masacre desnudan la realidad que vivimos en el país.

“Ellos sí que no tenían nada que ver” decía una vecina, aceptando como correcto el asesinato del supuesto pandillero; sin entender que precisamente de allí se derivó la muerte absurda de los demás.

La semana pasada murieron en el departamento de Guatemala 35 personas de forma violenta; según cifras de la PDH mil 741 personas han sido asesinadas entre enero y abril de este año; 369 más que en el mismo período en el 2004.

Según el procurador Sergio Morales estamos frente a una espiral de violencia donde se dan desde asesinatos por encargo hasta nuevas formas de limpieza social.

Si bien el procurador reconoce que no se trata de una práctica institucionalizada, sí señala que existen agentes de las fuerzas de seguridad involucrados en estas acciones e individuos que desde las instituciones del Estado facilitan el accionar de estos grupos clandestinos y del crimen organizado.

En repetidas ocasiones, defensores de derechos humanos han señalado que estos cuerpos delictivos actúan con la aquiescencia del Estado.

Hasta ahora las autoridades han sido incapaces de articular una política integral de seguridad que pueda detener esta curva ascendente de la violencia.

Está demostrado que no es con patrullajes y registros masivos que se va a resolver el problema.

Una política de seguridad que se basa en medidas espasmódicas y que no toma en cuenta, ni planifica la respuesta que el crimen organizado y el narcotráfico va a tener ante una acción represiva y un golpe a sus organizaciones, sólo consigue agravar la situación.

La integralidad en el combate a la impunidad, a la corrupción, al crimen organizado y a las causas estructurales de la pobreza se presenta como imperativo en este momento.

La desarticulación de las redes delincuenciales que han tomado por asalto las instituciones del Estado es imprescindible.

La violencia necesita una respuesta eficaz, democrática y participativa y la necesita ya.

¿Cuántos guatemaltecos más tienen que morir para darle una solución de fondo a esta cotidiana tragedia?

Fuente: www.prensalibre.com


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