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En defensa de Sipacapa
Por Marielos Monzón - Guatemala, 28 de junio de 2005

La votación es legítima, lo ilegal es no respetarla

La concepción de la democracia que tienen algunos analistas, juristas y dirigentes políticos es realmente llamativa.

Su visión sobre el estado de Derecho es arcaica, largamente superada por la práctica política de la humanidad.

Se limita a la defensa de la propiedad privada, de la representatividad y a las garantías para el lucro. Los únicos derechos que reconocen y defienden, son los individuales y además, siempre con un sentido regresivo.

Se saltean o ignoran a sabiendas, toda la evolución de los derechos políticos y colectivos.

Curiosamente, defienden una concepción antigua y reduccionista de la democracia, pero lo hacen, según dicen, en aras del progreso y el desarrollo.

Cuando los pobladores de Sipacapa, San Marcos, se organizaron y realizaron una consulta ejemplar, con una participación masiva, ejerciendo su derecho democrático a decidir, se generó una gran alarma: Que no se atiene a la ley, que puede conducir a la anarquía, que no cumplió con todos los procedimientos, que la gente es ignorante y manipulada.

Lo que ocurrió en Sipacapa es que la mayoría de la población, democráticamente dijo “No” a la minería. Votaron dos mil 600 personas, en forma voluntaria y 11 de 13 aldeas dijeron “No”.

Se ampararon en el Código Municipal, en la ley de los Consejos de Desarrollo y en el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligatoriedad de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar proyectos que los afecten.

Pero parece, que para algunos, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala y convertido en ley, es un lindo adorno para decir que se contempla a los pueblos indígenas, siempre y cuando nunca sea aplicado; al igual que los acuerdos de paz que son un bonito eslogan para mostrar ante la comunidad internacional y decir que hacemos los deberes, siempre y cuando no se lleven a la práctica nunca.

¿Será por eso que nunca fue reglamentado el mecanismo de consulta previsto en el Convenio 169 de la OIT? ¿Será también por eso que en la página del Ministerio de Energía y Minas no se lo menciona como uno de los instrumentos legales vigentes a respetar en el caso de las explotaciones mineras?

Cuando las comunidades eligen el camino de la protesta y la manifestación, derecho constitucional dicho sea de paso, se les reprime.

Y cuando se organizan y se expresan democrática y pacíficamente se les reprocha por no cumplir un procedimiento legal, que nunca se decide para que no pueda ser cumplido.

La legitimidad política y democrática de la votación en Sipacapa es inobjetable, cualquier intento de ignorarla es antidemocrático e ilegal.

El que está en falta, es el Gobierno que no consultó a nadie; el anterior que otorgó los permisos y éste, que los alentó sin preocuparse de conocer la opinión de la gente.

Fuente: www.prensalibre.com


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