Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 2 - 2005

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

 

 

 

¿Quién apagó la luz?
Por Marielos Monzón - Guatemala, 9 de agosto e 2005
marielosmonzon@hotmail.com

Hoy en Guatemala, se impone un balance general de las privatizaciones y su marco legal.

La semana anterior, en el Congreso de la República se avivó la discusión respecto del tema de la distribución de energía eléctrica. Lo que terminó de encender la mecha, fue la negativa de los representantes de Unión Fenosa de asistir a una reunión convocada por la Comisión de Energía y Minas, en la cual participarían alcaldes del departamento de San Marcos, que han venido denunciando el mal servicio que presta la transnacional en sus comunidades.

Los reclamos van desde cobros excesivos, alteración de contadores, interrupciones en el servicio, cortes de luz que duran hasta ocho días, falta de oficinas de atención al público y de personal para resolver los problemas.

A decir de miembros de la Comisión, las autoridades de la empresa han actuado de forma prepotente y lejos de resolver los reclamos se han dedicado a aplicar la política del azadón, “todo para adentro”, en detrimento de las necesidades de las poblaciones rurales.

Unión Fenosa compró el servicio de distribución de energía eléctrica en Guatemala, después que se decidiera privatizarlo. Las utilidades que reporta la empresa son de 176 millones de quetzales, según datos de la Comisión de Energía del Congreso. Sin embargo, en los últimos dos años no ha habido una sola inversión en infraestructura, según esta misma fuente; a lo que se suma la negativa de la empresa de rendir cuentas ante un organismo del Estado por considerarse consorcio privado.

Lo anterior coloca el tema de las privatizaciones de los servicios esenciales nuevamente en el debate, y lo hace, porque se demuestra que la tan cacareada privatización lejos de resolver los problemas, los agrava.

Y es que, como en otros países de América Latina, las leyes privatizadoras han dejado al Estado guatemalteco con muy poco margen de control frente a las empresas privadas, que literalmente hacen lo que se les viene en gana y después interponen cuanto recurso legal está a su alcance para evitar las multas o las sanciones.

Lo que ocurre con la luz, sucede también con los servicios de telefonía y comercialización de combustibles. Aún cuando se han generalizado, el costo y la calidad de los mismos, dista mucho de los beneficios anunciados por la panacea privatizadora. Lo único que resultó cierto son las astronómicas ganancias, que las empresas, en su mayoría extranjeras, obtienen a costa de los bolsillos de los ciudadanos.

Hoy se habla de renegociar los contratos, intervenir las empresas y modificar la legislación. La vida demostró que la ineficiencia y la corrupción no son características intrínsecas del Estado y que las políticas públicas de prestación de los servicios básicos son esenciales en cualquier programa que tenga como base el desarrollo de la población y el combate a la pobreza.

Fuente: www.prensalibre.com


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.