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Agua: escuchar todas las voces
Por Marielos Monzón - Guatemala, 13 de septiembre de 2005
marielosmonzon@hotmail.com

“Queremos el diálogo como un principio esencial para fortalecer la democracia”. Carlos García.

En la sociedad guatemalteca hay hay desconfianza en las resoluciones del Gobierno y el Congreso y sobra razón.

La experiencia demuestra que en la mayoría de las ocasiones se legisla y se gobierna defendiendo intereses económicos particulares y no se respetan derechos, ni opiniones diferentes.

Lo que está en el fondo de las multitudinarias movilizaciones populares que en Totonicapán y Quetzaltenango, reclamaron que se detuviera la aprobación de la Ley de Aguas y se abriera un diálogo, es la exclusión histórica de las comunidades indígenas y rurales.

El viernes, más de 10 mil pobladores de Totonicapán, cortaron la carretera Interamericana con un solo reclamo: que los escuchen.

Al mismo tiempo representantes de sus 48 cantones, negociaron en el Congreso. Cuando se obtuvo el compromiso de abrir el diálogo, el corte se levantó.

Inmediatamente surgieron las voces condenando la movilización y levantando las gastadas sábanas de los fantasmas del caos y la anarquía.

La gente tiene derecho a manifestarse y exigir ser tomada en cuenta. Pero si el Estado cierra todos los canales de comunicación, desconoce el Código Municipal y el derecho de consulta, la respuesta es la protesta.

La iniciativa 3318, denominada Ley General de Aguas, tuvo una larga discusión en la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales.

El proyecto original, sufrió varias modificaciones, quizá la más importante sea en el plano institucional.

En un inicio se preveía la conformación de un Instituto y ahora se crea un Viceministerio de Recursos Hídricos, en el Ministerio de Ambiente.

La ley también crea las Mancomunidades de Recursos Hídricos, instancias regionales para controlar el uso de los recursos, con participación de las alcaldías, los Consejos de Desarrollo y los usuarios.

Esta ley ha sido recibida con buenos augurios por un amplio grupo de sectores; sin embargo, el proceso de discusión no incorporó plenamente el sentir y la visión de las comunidades y los pueblos indígenas; que son los propietarios legítimos de las fuentes de agua de sus comunidades.

Está claro que el uso del agua debe ser regulado; lo importante es consensuar los mecanismos y tomar en cuenta a todos los sectores.

Es preciso evitar que haya quienes se enriquezcan con la explotación del vital líquido que pertenece a toda la población. Hay que dejar la vieja canción de demonizar las protestas y calificar a los indígenas y campesinos de manipuladores e ignorantes.

La participación organizada de los ciudadanos es la esencia misma de la democracia, si esta es acallada e ignorada, solo queda el poder económico y las instituciones se vuelven un cascarón sin sentido.

Los pueblos indígenas tienen algo para decir, hay que escucharlos e incorporar sus propuestas.

Fuente: www.prensalibre.com


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