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Ejecuciones extrajudiciales
Por Marielos Monzón - Guatemala, 31 de mayo de 2007
marielosmonzon@hotmail.com

La impunidad y la permisividad del Estado son alicientes perfectos para estos crímenes.

Recientemente, tres organizaciones de derechos humanos presentaron la investigación: “Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados”, coordinada por Claudia Samayoa. La publicación desnuda la forma en que están siendo ejecutados, deliberadamente, hombres y mujeres de entre 11 y 25 años, a quienes se les considera “indeseables” o “peligrosos”.

El estudio revela el aparecimiento de cadáveres con señales de tortura e incluso violación sexual. De acuerdo con datos de la organización Casa Alianza, casi 600 niños, niñas y jóvenes fueron asesinados durante el año 2006; la mayoría, en situación de calle.

El Código Penal señala, en su artículo 132, que una ejecución extrajudicial se produce cuando por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado se priva a una persona, en cualquier forma, de la vida, por motivos políticos.

También se considera ejecución extrajudicial, aun cuando no medie móvil político, a los asesinatos cometidos por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo.

Esta práctica se conoce en Guatemala como “limpieza social” y el libro la define así: “Un mecanismo de represión, selectiva y arbitraria, que se produce de forma sistemática, por actores vinculados al Estado o por particulares que actúan con la aquiescencia, tolerancia (voluntaria o involuntaria), complicidad o apoyo de éste y que atentan en contra del derecho humano a la vida”.

El término en sí mismo pareciera legitimar la comisión de este delito y revela cómo, en nuestro país, algunos sectores consideran esta práctica natural y hasta necesaria. Sobre este punto, el libro plantea: “La utilización del concepto de limpieza refiere a que algo está sucio, lo que viene a reforzar la permisividad que está detrás de las ejecuciones. Dentro del imaginario social, cuando algo está sucio o enfermo, la limpieza es necesaria, cueste lo que cueste (…). Dada la gravedad del fenómeno, se hace imperativo desde el punto de vista conceptual superar la tendencia a utilizar el término de limpieza social para nominar este fenómeno”.

Esta práctica no es un fenómeno nuevo, como se señala en la investigación. La Ley Fuga y la Ley contra la Vagancia, de las dictaduras liberales de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, son dos ejemplos concretos. También lo son los tribunales de fuero especial, en la época de Efraín Ríos Montt.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, por su parte, documentó al menos 23 mil víctimas de ejecuciones arbitrarias por parte de agentes del Estado. El principal responsable fue el Ejército, que causó el 86 por ciento de las mismas.

Y de acuerdo con la PDH, en la toma de Pavón del año pasado también se cometieron ejecuciones arbitrarias.


El aumento de la tolerancia a la violencia está construido sobre un pasado de genocidio y guerra.

La espiral de violencia que vive el país ha sido aprovechada, en muchas ocasiones, para alentar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales contra grupos estigmatizados. Este es el caso de las pandillas juveniles. De acuerdo con el informe del relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Philip Alston, entre los años 2005 y 2006, en nuestro país fueron ejecutados 337 adolescentes y jóvenes.

En febrero del año pasado, el informe del procurador de los Derechos Humanos sobre “Características de las muertes violentas en Guatemala” señalaba: “(...) recientemente se han dado operaciones de limpieza social que se dedican a exterminar a los indeseados de la sociedad. Aunque se reconoce que no es una política de Estado, se determinó que hay agentes de la Policía involucrados en estas muertes”.

De acuerdo con la investigación “Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes estigmatizados”: “Una vez establecido el miedo, con fundamento en la realidad de la comisión de violencia por parte de algunas pandillas juveniles, y la sobredimensión del fenómeno, hace que la maquinaria para que el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales se realicen en contra de poblaciones estigmatizadas como pertenecientes a estos grupos esté en marcha.

En otras palabras, la mesa está servida para que el fenómeno registre dimensiones cada vez más fuertes”. El estudio revela que las ejecuciones de jóvenes estigmatizados se distinguen porque guardan determinados patrones: la mayoría de los cuerpos tiene señales de tortura y tiro de gracia, están amordazados, sus cadáveres son abandonados fuera del lugar de su residencia o de su territorio como pandillero y junto a los mismos suele encontrarse algún mensaje.

Resulta aberrante que haya sectores sociales que consideren esta práctica natural y hasta necesaria; y, peor aún, que el Estado de Guatemala se convierta en cómplice, al tolerar que miembros de las fuerzas de seguridad o particulares que integran grupos armados continúen cometiendo ejecuciones y no sean capturados y mucho menos investigados.

Aunque pareciera evidente entender que la violencia no se combate con más violencia y que no se puede garantizar seguridad a través de la comisión de delitos, esto es precisamente lo que vivimos hoy en el país.

A este respecto, la investigación mencionada concluye: “La permisividad del Estado va acompañada de la tolerancia de la ciudadanía, la incapacidad de indignación ante la noticia de los cadáveres que aparecen, la anomia ante la sangre y la muerte (...). El valor de la vida termina relativizándose, en tanto que, en nombre de la vida, se quita la vida de otro ciudadano considerado inferior, al amparo de un Estado permisivo y/o proactivo en los hechos”.

Fuente: www.prensalibre.com - 16 y 220507


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